Ha pasado una década desde el siniestro ocurrido en la mina 8 Unidad Pasta de Conchos, de Minera México, Grupo México y la impunidad permanece, tanto como la voluntad de la Organización Familia Pasta de Conchos para dignificar las condiciones de trabajo en las minas de carbón: 14 meses sin un solo minero fallecido al interior de las minas

Comunicado de Prensa │ Lado B

@ladobemx

En todas las tradiciones culturales y religiosas de la humanidad, la atención con los difuntos concierne a la dignidad de la persona humana. Sepultar a los muertos, por ende, es parte fundamental del derecho internacional humanitario.

Ya en la vida cotidiana del pueblo de Dios en Israel, y como antecedente de la tradición cristiana,  sepultar a los difuntos expresa la piedad hacia los propios parientes y aparece como una de las obras de amor y misericordia hacia los miembros de dicho pueblo, como en el libro de Tobías. La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe llevada a cabo en Aparecida, Brasil, pone una vez más de relieve que: “El ser humano es siempre sagrado (…) hasta su muerte natural y después de la muerte”. 

[quote_right]Permanece la demanda de admisibilidad de la queja interpuesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el rescate de los mineros como reparación del daño[/quote_right]

Por lo que, a diez años del siniestro ocurrido en la mina 8 Unidad Pasta de Conchos, de Minera México, Grupo México, queremos señalar que esta empresa, socialmente irresponsable, sigue impidiendo, en contubernio con los gobiernos federales, primero del PAN y ahora del PRI, el rescate de nuestros 63 seres queridos y el poder darles sepultura, conforme a estas tradiciones y el derecho internacional.

Hoy, como ayer, el rescate de estos mártires del trabajo, sigue siendo técnicamente viable y moralmente urgente  (además de seguir siendo una violación a los derechos humanos continua). Nada, ni nadie, ni el tiempo que sea, podrá hacer que olvidemos y que dejemos de exigir y denunciar que Minera México de Grupo México –también responsable del mayor desastre ambiental del país al contaminar el río Sonora-, no garantizó la vida de nuestros familiares al hacerlos trabajar, ilegalmente bajo riesgo, con la complacencia omisa de los inspectores del trabajo de Vicente Fox y Felipe Calderón, como tampoco la Procuraduría General de la República del gobierno de Peña Nieto y el poder judicial nos han garantizado la reparación del daño sufrido: rescatar a nuestros difuntos, así como el esclarecimiento de lo ocurrido, ya que dejaron prescribir los delitos denunciados, y en el colmo de la injusticia, remite el expediente a las autoridades locales, a sabiendas de que no tienen viabilidad alguna.

Hoy, como ayer, seguiremos trabajando por dignificar nuestra región y por el rescate integral de nuestros pueblos, ya que la actividad minera ilegal se ha metido a nuestros pueblos y nos amenaza su contaminación ambiental. Hemos aprendido en diez años. Es así, que nuestra presión y la nueva presencia de nuestros seres queridos, ha hecho que, a través de diferentes acciones de distintos actores, llevemos 14 meses sin un solo muerto al interior de las minas de carbón, y que sigamos demandando la admisibilidad de nuestro caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por las nuevas violaciones, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La herida abierta es la memoria punzante de que la vida humana es sagrada y debe ser tratada con respeto, al nacer, al trabajar y al morir. Rescatar a los vivos, honrará a los muertos, por lo que seguiremos construyendo una cuerda de vida para los mineros del carbón y sus familias.