Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Los conflictos internos entre los accionistas del diario La Opinión de Poza Rica, uno de los periódicos con mayor circulación en la región (norte de Puebla, norte de Veracruz y sur de Tamaulipas) derivaron en la suspensión de la circulación del diario y en agresiones y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad pública estatal de Veracruz.

El lunes 1o de febrero cerca de las 7 de la mañana un grupo de policías de la Fuerza Civil, dependiente del gobierno estatal encabezado por Javier Duarte de Ochoa, llegó a las oficinas de La Opinión para detener a Gonzalo Hernández Gibb, director del diario. El ahora ex director enfrenta varias demandas por motivos aparentemente surgidos del conflicto familiar entre los accionistas del periódico (tías y primos).

Un reportero de La Opinión que concedió entrevista a Lado B pidiendo que su nombre quedara en el anonimato por temor a represalias ante la incierta situación del diario, dijo que tanto él como sus compañeros se preguntan por qué se metieron las fuerzas de seguridad pública del Estado en un conflicto entre particulares.

Ahora un grupo de empleados del periódico se ha organizado para defender sus derechos laborales y evitar posibles despidos injustificados. El martes después de la detención de Hernández Gibb nadie fue a trabajar, pero ahora las actividades se han normalizado después de que el miércoles 3 de febrero dialogaran y retomaran el trabajo. Sin embargo, los empleados del diario no están tranquilos respecto de su situación laboral y tienen incertidumbre de lo que pueda pasar con el medio.

El día de los hechos los trabajadores enviaron un comunicado con fotografías en el que alertaban del involucramiento del gobierno del Estado y mencionaban la difícil situación de la prensa en Veracruz durante el gobierno de Duarte de Ochoa.

En el mensaje los empleados de las diferentes áreas del rotativo describen lo ocurrido como una represión directa de Javier Duarte porque el periódico decidió “abrir la línea editorial a la pluralidad, en víspera de un proceso electoral”.

Actualmente los dueños de La Opinión son Silvia, Margarita y Norma Gibb Guerrero, cada una dueña de 25 por ciento, y Carlos y Raúl Gibb Barra, hijos del asesinado periodista, con 12.5 por ciento de las acciones individualmente, luego de que el 8 de abril del 2005 fue asesinado el propietario original del diario, Raúl Gibb Guerrero, baleado en su automóvil.

Carta Abierta La Opinion de Poza Rica