Lo que el comisionado omite es que, a pesar de que las herramientas legales eran las mismas, la entonces comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena había propuesto que la CAIP se pronunciara por la entrega de la información que tenía en su poder la SFA, pero su ponencia fue desechada por el pleno del organismo

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

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El comisionado Federico González Magaña defendió su trabajo en la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) argumentando que no son cuatro sino cinco los amparos que ha enfrentado en las 110 resoluciones que ha dictado hasta el momento, esto, dijo, para acallar a las criticas que se han vertido en los últimos días sobre su actuar en el organismo.

A la par, el funcionario aseguró que la resolución que perdieron hace poco menos de una semana, cuando el Segundo Tribunal Colegiado ordenó desechar la resolución de la CAIP, que validaba la opacidad de la Secretaría de Finanzas en torno a los locales comerciales ubicados en la zona de los Fuertes, se dio pues los magistrados cuentan con más herramientas legales de las que tiene a la mano la Comisión.

Y que lejos de asumir los argumentos de la justicia federal, que dictó su resolución basado en el reconocimiento de los Derechos Humanos y el principio pro-persona, como una directriz en futuras resoluciones, lo que cambiará la forma en que resuelve la CAIP será la reforma al marco normativo a partir de la ley General de Transparencia que se promulgó en meses pasados.

“Hay una diferencia en el criterio de interpretación, pero no es que se rechacen los argumentos legales vertidos por un servidor. El poder judicial tiene la gran ventaja de poder hacer control difuso de constitucionalidad, y en esa lógica garantiza un derecho más amplio para los gobernados, y los órganos administrativos tenemos la obligación de aplicar a rajatabla la ley, en esa lógica al haber una disposición expresa en nuestra ley yo he proyectado en ese sentido y así es como hemos resuelto en esta comisión.

Lado B (LB): ¿Protegen al gobierno del estado, como apunta el abogado que llevó el amparo más reciente, una percepción que además se comparte por muchos periodistas?

Federico González Magaña (FGM): Es solo una percepción, nada más. Me parece que no tiene sustento en la realidad.

LB: ¿Cambiará los criterios en la manera en que resuelve esta comisión a partir de los argumentos jurídicos que plantean los tribunales colegiados?

FGM: Me parece que no, lo que va a realizar un verdadero cambio son los cambios que se tienen que hacer a la ley poblana a partir de la Ley General de Transparencia. Eso sí va a transformar de manera radical la manera en que resolveremos. Mientras esto no cause jurisprudencia, y sea una resolución aislada en un tribunal colegiado no se vuelve obligatoria ni vinculatoria para esta comisión.

LB: Pero es un antecedente

FGM: Sí, pero el precedente, en el sistema de justicia mexicano, no es fuente de derecho, la jurisprudencia si lo es.

LB: ¿Y sabe si el Congreso ya están trabajando en la nueva ley?

FGM: Sé que lo están trabajando de manera muy seria, no sé cuando se van a hacer la actualización.

En tanto la CAIP aceptó ya la resolución que tomó el Tribunal Colegiado y ordenó a la SFA que, con base en lo que plantea el artículo 1 de la Constitución, se entregue toda la información con la que cuenta la dependencia sobre los locales comerciales del Centro Cívico 5 de mayo.

Lo que omitió Magaña

Lo que Federico González Magaña omitió al defender su resolución fue que, a pesar de que las herramientas legales eran las mismas, la entonces comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena había propuesto que la CAIP se pronunciara por la entrega de la información que tenía en su poder la SFA referente al año 2013, y que dicha ponencia fue rechazada por González Magaña y por el presidente del organismo, Javier Fregoso Sánchez.

Magaña tampoco explicó que el quinto amparo que ha enfrentado, y que no dice no perdió, jamás fue analizado por los juzgados federales pues se desechó por un error de procedimiento del solicitante.