Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

La madrugada del 5 de junio siete estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap) fueron detenidos dentro de sus domicilios particulares, cuatro de ellos acusados de los atentados con bombas molotov a las sedes del Instituto Nacional Electorial (INE), la Secretaría de Economía (SE) y a una terminal del metrobús (RUTA) el 1 de junio. A más de dos meses de las detenciones, los padres de los jóvenes interpusieron ya dos amparos, primero para poder ver la Averiguación Previa (AP) del caso y el segundo para que se les proporcionara una copia, pero ambos fueron rechazados por los jueces federales.

El señor Miguel Ángel Rosas Veliz, papá de Carlos Arafat, uno de los jóvenes detenidos quien es además estudiante de Sociología, explicó que quieren tener acceso a la AP a fin de que los muchachos puedan presentar las pruebas de descargo correspondientes. Dijo que es indignante que al presentar ambos amparos la autoridad haya argumentado que necesita la presencia física de los estudiantes, para que confirmen su firma y ratifiquen su petición, siendo que temen por su libertad y que vuelvan a ser aprehendidos. La pregunta, dijo Miguel Ángel, es por qué no se les respetan las garantías a los siete jóvenes.

La rueda de prensa ofrecida este martes se dio, explicó, para pedir por una parte que cese la persecución contra los estudiantes, porque dijo que los han estado siguiendo y les han impedido hacer todas sus actividades por el temor que tienen que les vuelva a pasar, por “el amago que los tiene a ellos y a nosotros como familiares en un estado de zozobra terrible”. Por otra parte, la conferencia se dio para anunciar que, de ser necesario, los padres de los siete alumnos de la Buap recurrirán a instancias internacionales para denunciar la desproporción de la aplicación del Derecho para unos y para otros.

A la par del acoso, los siete jóvenes tenían miedo de que durante las vacaciones de verano pudieran volver a ser detenidos, aprovechando que la universidad no estaba laborando. A partir de ahí, explicó el señor Miguel Ángel, creció la zozobra y ahora los jóvenes atienden sus actividades, pero no todas.

Foto: Marlene Martínez

En el caso particular de su hijo Carlos Arafat la detención ha interferido también en su desempeño académico, pues entre los cinco equipos de cómputo que le robaron cuando irrumpieron en su casa para llevárselo, estaba una laptop con los avances de su tesis. A la fecha no les han querido devolver nada. “Y entonces ahora el problema es que cómo le digo a mi hijo sigue con tu tesis si todo el tiempo está esperando que se metan a la casa y lo saquen como en esa ocasión”, dijo Miguel Ángel. El avance del trabajo de tesis de Arafat está detenido, y no sólo a él le ha afectado directamente. Uno de los muchachos, de quien Rosas no quiso decir el nombre, ya se dio de baja incluso de la universidad.

“Al parecer los enemigos del estado mexicano somos los ciudadanos, la gente que se dedica a estudiar, a trabajar, y al parecer es a los que se tiene que combatir y limitarles sus libertades”, dijo el papá de Carlos Arafat. Explicó que aunque inicialmente sólo fueron detenidos cuatro y los otros tres fueron detenidos por estar en las casas con sus compañeros, ahora el proceso es contra los siete.

El 5 de junio, cuando los estudiantes fueron detenidos y golpeados dentro de sus propios hogares, querían que unos culparan al resto de haber puesto las bombas. “Y como no cooperaron pues ahora todos son iniciados”, explicó el señor Miguel Ángel.

Además, los abogados le han mencionado que en la AP hay unas fotos de las cámaras de seguridad cerca de alguno de los tres lugares donde fueron explotadas las bombas, y en una de las imágenes aparece una persona con una capucha, cuyos rasgos no se identifican, en una bicicleta, quien al parecer fue quien puso o arrojó los artefactos explosivos. Rosas Veliz explicó que los abogados dicen que la complexión de esa persona no corresponde a la de los muchachos, pues pertenece a una persona de mayor edad, y sin embargo las autoridades no lo han tomado en cuenta.