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Ámbar Barrera

@Dra_Caos

Viernes 24 de julio de 2015. En una calurosa tarde en la Ciudad de México, se lleva a cabo en un pequeño auditorio del Museo de la Memoria y la Tolerancia, un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado Mexicano hacia dos ex miembros de la milicia mexicana, quienes fueron dados de baja hace más de 10 años por ser portadores de VIH.

El auditorio está lleno, tiene lugar para aproximadamente 500 personas y todos los asientos están ocupados, incluso hay unas 20 personas más de pie. La escena es en su mayoría homogénea, hombres y mujeres que van de traje o vestidos de manera formal y en colores sobrios. Es difícil distinguir entre abogados, servidores públicos, activistas, periodistas y público en general.

La entrada fue exclusivamente con invitación y no se permitió la entrada de cámaras fotográficas o de vídeo. Se dijo que los ex militares agraviados no estarían presentes, sin embargo sí estuvieron, Ambos llegaron con sus familias y acompañados de sus abogados, aunque pidieron permanecer en el anonimato para no ser hostigados.

Una historia de discriminación que duró casi 20 años

Este evento, que no duró más de 30 minutos, culmina un proceso que duró 18 años, 6 meses y 3 días, cuando en 1997 a JS, subteniente conductor con 19 años de servicio en la Secretaría de la Defensa Nacional, le notificaron ser portador de VIH, resultado de una prueba que él nunca solicitó pero que le realizaron al acudir al médico del Ejército ante síntomas de malestar general.

[quote_box_right]La reforma a la ley se realizó en 2014 y efectivamente, el VIH se eliminó como causal de retiro de servicio activo a las armas. Sin embargo, el retiro aún se condiciona cuando se determine que quien lo padece ya no pueda ser funcional o desempeñar sus actos de servicio.[/quote_box_right]

JS fue enviado a casa inmediatamente y la noticia de su retiro definitivo del Ejército por “inutilidad”, sin goce de sueldo o prestaciones, llegó unos meses después, dejándolo a la deriva con sus gastos médicos y familiares.

A mediados de 1998 inició una lucha legal con el apoyo del abogado Pedro Morales Aché para ser reincorporado a su trabajo. Mientras duró el proceso (fueron 3 amparos promovidos) recibió atención médica, pero al final la sentencia determinó que su baja no era ilegal, pues el reglamento del Ejército especifica que una enfermedad que duré más de 6 años es motivo de baja permanente. Hasta ese momento, ya habían pasado 3.

El abogado Morales Aché turnó entonces el caso, en 2004, a una instancia internacional: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El recurso se interpuso a nombre de JS y se agregó el caso de MG, un ex cabo de Infantería que fue dado de baja por la misma razón en 2001, con 12 años de servicio.

Siete años después, en 2011, finamente se notificó la resolución a su favor. El Ejército tendría que validar todos los años que fueron dados de baja y ambos podrían reincorporarse a su trabajo, aunque lo hicieron solamente para tramitar su jubilación.

La recomendación 139/11 que emitió la CIDH con fecha del 31 de octubre de 2011 dictó que debía brindarse a los ex militares los servicios médicos necesarios y la reparación del daño material. Así como también reformar la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas para establecer que el VIH no es una condición de cese. E implementar programas de capacitación en las Fuerzas Armadas para la prevención de discriminación contra el personal que viva con VIH.

La reforma a la ley se realizó en 2014 y efectivamente, el VIH se eliminó como causal de retiro de servicio activo a las armas. Sin embargo, el retiro aún se condiciona cuando se determine que quien lo padece ya no pueda ser funcional o desempeñar sus actos de servicio.

La disculpa que no llegó

El evento se manejó como un acto público de disculpa por parte del gobierno federal y la milicia para JS y MG por haber sido discriminados y violentados a causa de ser portadores de VIH. Sin embargo, al fondo del presídium podía leerse en letras enormes: “Acto público de Reconocimiento de Responsabilidad”.

Al final de la presentación de los integrantes del presídium, agradecieron de manera especial la presencia del Director General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), siendo el único representante de la milicia mexicana y aunque no formaba parte del presídium como tal.

[pull_quote_right]La definición de lo que es una persona con VIH no queda claro en la ley, entonces hay una ambigüedad en el momento que una persona puede declararse incapacitada para seguir en el servicio de las armas, no se estableció un marcador clínico muy claro de decir, cuando el militar tenga tantas células CD4 o su estado inmunológico este así… eso es lo que temen los abogados que pueda prestarse para futuros casos de discriminación. Pareciera que se dejó esa ambigüedad a propósito.[/pull_quote_right]

Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) dijo en su discurso: “La disculpa enaltece a quien la ofrece y también a quien la acepta”.

Por su parte, el abogado Morales Achá habló de la entrega de los ex militares a su servicio a las armas y el apoyo que tuvieron únicamente de su familia más cercana. Además los reconoció como los primeros miembros del Ejército en luchar por sus derechos fundamentales. Al final, se le cortó la voz mientras agradecía a todo el equipo de abogados, a los médicos y a los periodistas que acompañaron en el transcurso del proceso.

Graciela Rodríguez Manso, también representante de JS y MG, recalcó en su discurso que aunque era un día importante para sus representados y para el país, el tema aún presenta puntos débiles respecto al compromiso.

–(Este acto) representa también un reto, consistente en conocer si ese compromiso que asume hoy el Estado mexicano, a través de este acto, será asumido por los principales actores, es decir, las integrantes y los integrantes del Ejército mexicano que hoy, no nos acompañan. Porque no hay que perder de vista que los actos discriminatorios del presente caso fueron cometidos, a diferencia de otros casos, por personal del ejército mexicano hacia sus propios integrantes.

Rodríguez Manso también recalcó que aunque se reformó la Ley del ISSFAM (Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas), en esas reformas sigue sin establecerse un criterio objetivo respecto a cuándo un miembro del Ejército puede continuar prestando sus servicios o no, lo que en la práctica continúa siendo motivo de discriminación, por ejemplo, al impedir que integrantes del ejército con VIH participen en las promociones para ascender de grado.

–¿Hay un compromiso por parte del ejecutivo en general o del Ejército en particular de proponer una nueva reforma para evitar que este tipo de discriminación se siga actualizando? ¿Existe la voluntad por parte del Ejército de interpretar estas disposiciones en el mayor beneficio de sus integrantes en tanto que esas reformas se actualizan? Ese es el compromiso al que me refiero debería dejar claro el Ejército, pues esa será la única garantía que esos actos de discriminación de los que tanto tú, JS, como tú, MG fueron objeto, no vuelvan a repetirse en el seno militar y con ello, no sólo sea restituida su dignidad, sino que su caso contribuya a la construcción de una mejor sociedad en la que todos los derechos de todas las personas, independientemente de su condición, estén plenamente garantizados y alejados de toda discriminación –concluyó la abogada.

Miguel Ángel Osorio Chong, quien entre todos los miembros del presídium se notaba sumamente relajado, incluso adormilado, con la espalda algo encorvada, las piernas demasiado abiertas y la mirada perdida, comenzó su discurso del mismo modo, en un volumen bajo, leyendo de manera distraída y diciendo que ese acto se llevaba a cabo porque así lo dicta la Constitución y porque el gobierno respeta las instancias internacionales como la CIDH.

–El acto que hoy nos convoca es parte del acuerdo de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer extensiva una disculpa pública a las víctimas de los hechos que se originaron en 1998 y en 2001 respectivamente –dijo y mientras avanzaba en su lectura comenzó a mostrarse más enérgico.

[pull_quote_right]Fue un acto de reconocimiento de responsabilidad pero no hubo disculpa y el secretario de Gobernación no reconoció básicamente ninguna responsabilidad. En ese caso, la CIDH ya da por cerrado el caso, pero además que no pidió disculpas ni reconoció la responsabilidad, lo cierto es que no estuvieron presentes los militares, de ahí mi pregunta si realmente si se está tomando el compromiso. Yo no quedo satisfecha con el acto, creo que debió tener otro matiz. O sea, tuvo que haber efectivamente una disculpa pública y un expreso reconocimiento de responsabilidad.[/pull_quote_right]

El secretario de Gobernación dijo que ese era el último paso del proceso para reparar el daño, pues los daños materiales y morales ya se habían atendido, además de las reformas de la ley. Reconoció el valor de los peticionarios, a sus familias y representantes legales por hacer frente a esa situación. Después, habló positiva y enfáticamente sobre el trabajo del Ejército y del gobierno federal.

Las disculpas nunca llegaron.

Y después del aplauso, casi mecánico, concluyó el evento.

Los vacíos que quedan

En entrevista para Lado B, Alejandro Brito, activista y director de NotiEse, consideró que la resolución de este caso ha marcado un precedente a nivel nacional, pues la recomendación de la CIDH no sólo hablaba de una disculpa pública, sino de reformar la Ley para garantizar que no se repitieran esas situaciones de discriminación. Y entonces, aunque en el caso de JS y MG tuvo que llegar hasta una instancia internacional, con la resolución a su favor, integrantes de la milicia en la misma situación ya pueden resolver sus casos a nivel federal.

–Se concluye el caso de estos militares. Muchos otros casos de militares en la misma situación ya fueron resueltos en tribunales federales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también se pronunció hace unos años y demandó la reinstalación de 11 militares con VIH.

Esto, sin embargo, no quiere decir que se acabé la discriminación dentro de las Fuerzas Armadas.

–Ya no los expulsan por ser VIH, pero las carreras al interior del Ejército siguen teniendo obstáculos; no se les asciende, no se les promueve, no se les permite participar en ciertas capacitaciones…

Sobre la reforma a la ley, Alejandro Brito concuerda en que no existe una claridad de criterios:

–La definición de lo que es una persona con VIH no queda claro en la ley, entonces hay una ambigüedad en el momento que una persona puede declararse incapacitada para seguir en el servicio de las armas, no se estableció un marcador clínico muy claro de decir, cuando el militar tenga tantas células CD4 o su estado inmunológico este así… eso es lo que temen los abogados que pueda prestarse para futuros casos de discriminación. Pareciera que se dejó esa ambigüedad a propósito.

Graciela Rodríguez Manso también comentó sobre la ambigüedad de las reformas y el criterio para determinar que un integrante del Ejército ya no es apto para seguir al servicio de las armas.

–Lo que nosotros proponíamos era un criterio médico, científico 100 por ciento. La cuestión es que esta reforma no fue acordada con los representantes de las víctimas y entonces hoy no está ese criterio objetivo, o sea, sigue quedando un poco al arbitrio de los médicos militares cuando sí, o cuando no. El problema ahora ya no es que los den de baja, sino que se les congela, que no puedan ascender a otros puestos por un criterio que queda en manos de los médicos militares.

Al margen de la lucha legal que en ese sentido deberá continuar, la abogada recalcó que el evento no fue un acto público de disculpa:

–Fue un acto de reconocimiento de responsabilidad pero no hubo disculpa y el secretario de Gobernación no reconoció básicamente ninguna responsabilidad. En ese caso, la CIDH ya da por cerrado el caso, pero además que no pidió disculpas ni reconoció la responsabilidad, lo cierto es que no estuvieron presentes los militares, de ahí mi pregunta si realmente si se está tomando el compromiso. Yo no quedo satisfecha con el acto, creo que debió tener otro matiz. O sea, tuvo que haber efectivamente una disculpa pública y un expreso reconocimiento de responsabilidad.

Rodríguez Manso dijo que seguirán trabajando en conjunto con otros casos. Por ejemplo, Pedro Morales Achá se encuentra ahora en juicio contra la Secretaría de Marina, por un marino que aunque ganó su caso para ser restituido en su puesto ante la Suprema Corte, pero la Marina no ha acatado la decisión.

Caso cerrado

JS y MG acudieron al evento en el anonimato. Al salir del Museo de la Memoria y la Tolerancia, ambos iban acompañados de sus familias y esperaban que sus abogados terminaran de dar entrevista. Se notan relajados, incluso lejanos a lo que acontece.

Accedieron a dar una pequeña entrevista para Lado B.

MG: Se terminó satisfactoriamente y tuvimos la ganancia de tener los servicios a los que teníamos derecho… eso es… pues lo primordial ¿no? Lo que se estaba buscando. Y pues tener un sustento ya ahora sí que de por vida.

MG iba acompañado de su esposa y mientras se llevaba a cabo la entrevista a veces escribía en su celular o abrazaba a su esposa para apoyarse, como un gesto de relajamiento.

JS también iba con su familia, aunque a la entrevista sólo lo acompañó un joven como de 12 años.

JS: Realmente yo me siento satisfecho de haber concluido todo este proceso. De hecho, eso es lo que estaba pendiente nada más para cerrar el caso (la disculpa). Desde que empezó este proceso, la verdad fue muy largo, muy prolongado… a veces no tiene uno paciencia para esperar tanto tiempo pero realmente fue algo muy exitoso con la demanda.

Cada palabra que pronuncian se nota pensada. Hablan lento. Y en muchas ocasiones repiten frases exactas que ya han dicho los abogados en sus discursos o las entrevistas.

JS: Todas las instituciones tienen que darse cuenta lo que está pasando con nuestras instituciones y todo eso… hay muchas cosas que se ocultan. En este caso si no hubiéramos encontrado un abogado que haga bien su trabajo, hubiéramos quedado a la mitad del camino. Y ojalá que haya un cambio para los que vienen después en el Ejército, nuestra institución armada…