Con presupuesto anual de cien millones de dólares anuales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no brinda los resultados deseados

Prensa Ibero Santa Fe

Alentador, que secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores estén muy abiertas al escrutinio internacional, señala el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A pesar de que actualmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las estatales en la materia cuentan con un presupuesto conjunto aproximado de cien millones de dólares anuales, cerca de 20 por ciento de las casi dos mil denuncias de violaciones de derechos humanos que se reciben cada año a nivel continental, provienen de México.

Tomada de desinformemonos.org/

Así lo señaló Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Universidad Iberoamericana, donde dictó la conferencia “Estado actual de la figura del ombudsman en México: condiciones y perspectivas”, que formó parte del Seminario «Reflexiones en torno al ombudsman», organizado por el Departamento de Derecho y el Programa de Derechos Humanos de la Ibero.

Las denuncias generadas en México pertenecen a tres rubros, principalmente: problemas con los servidores públicos estatales; prácticas de abuso de autoridad, y problemas severos de no impartición de justicia, dijo el representante de la CIDH.

En el encuentro inaugurado por el Rector José Morales Orozco como parte de las actividades conmemorativas del 70 aniversario de la Ibero, Álvarez Icaza  señaló que, a siete meses del inicio del actual gobierno, se observan mensajes de voluntad tanto de la Secretaría de Gobernación como de la cancillería, instancias que se han mostrado muy abiertas al escrutinio internacional, lo que es un signo “muy alentador”. Aun así, estos signos de voluntad tienen que acompañarse de hechos concretos, subrayó.

Álvarez Icaza señaló que la impunidad permanece como uno de los grandes desafíos de México, rezagado en la materia, y precisó que el mecanismo nacional de defensores a periodistas y defensores de derechos humanos es muy débil, por lo que debe robustecerse, recibir más recursos, avanzar en materia normativa y de prácticas, así como acelerar sus procesos para el cumplimiento de recomendaciones y sentencias.

Las instituciones de la democracia, añadió, deben actuar con transparencia en cuanto a su rendición de cuentas y la elección de sus titulares. Estas instituciones deben usar sus atribuciones para intervenir, y no para justificar su no intervención, señaló.

Con respecto a los casos recientes de grupos de autodefensa, lo calificó como un tema «alarmante», se trate de expresiones auténticas o de grupos armados que sirvan a agendas ocultas.

La crítica más importante al respecto es a nivel municipal, estatal y federal, dijo Álvarez Icaza, para quien detener a las personas armadas que pertenecen a un grupo de autodefensa no es la mejor solución. Esto es “una señal de anomia”, un signo de que el Estado está fallando en una de sus tareas esenciales, que es garantizar la protección, apuntó.