• La comunidad de Pitalito, diecisiete familias que fueron obligadas a abandonar sus casas, cultivos y forma de vida, han retornado a sus tierras sin esperar que un juez les diera autorización

Fotos: Alejandro Zapico / Periodismo Humano.

Patricia Simón / Periodismo Humano*

Comunidad de Pitalito, Colombia.- Tras trece horas de conducción desde Bogotá, entre kilómetros y kilómetros de cultivos de monocultivo de palma africana y adentrarnos finalmente en los caminos de tierra de entrada a la cordillera Serranía del Perija, en el departamento de Cesar, unas banderas colombianas izadas custodian un “puesto de vigilancia” construido con plásticos y palos. Bajo éste, dos mujeres nos dan la bienvenida. Una lona con la pintada “Pitalito resiste con dignidad” da entrada a un campamento de habitáculos construidos con plásticos y palos, donde cocinan, duermen y estudian los adultos y niños que viven en la comunidad de Pitalito.

Aquí, desde 1985, familias campesinas desplazadas por la guerra de otras regiones han subsistido de sus cultivos. Tras sufrir varios desplazamientos por los ataques del paramilitarismo, muchas de ellas empezaron a volver en 2006 a esta reserva forestal, como el 80% del campesinado de esta país que labora en estos espacios, sin títulos de propiedad, y donde la reforma agraria sigue siendo el eterno asunto pendiente, también en las actuales negociaciones entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano en La Habana.

Pero en enero de 2010 el empresario de palma africana Juan Manuel Fernández de Castro “aparece aquí con el Ejército, él también armado, con un fusil atravesado en el pecho. Un terror muy berraco que le da a uno cuando ve a una persona así porque entendimos que venía a despojarnos de las tierras(…) Yo le repetía ‘mire usted, no debería hacer eso con nosotros, somos una comunidad que queremos trabajar, sólo sabemos trabajar en el campo, no sabemos vivir en el pueblo. Pero él sólo nos decía que si teníamos los títulos de propiedad”, nos cuenta Pedro Antonio Ramírez Hernández, presidente de la Junta Accional de Pitalito, una suerte de representante público reconocido para los pequeños poblados.

La comunidad había intentado en varias ocasiones conseguir los títulos de propiedad por su larga permanencia en el terreno ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) pero se los denegaron por tratarse de reserva forestal. Sin embargo, Fernández de Castro sí pudo registrar la propiedad en un procedimiento irregular registrado días después de ejecutar el desplazamiento de la comunidad, según sus abogados, y en el que el personero, una figura parecida a la defensoría del pueblo en España, dio fe pública del contrato cuando este representante público con la función de defender de los derechos de la ciudadanía no está autorizada para tal efecto, sino que sólo un notario puede ejecutarla. Según Romel Jonathan Durán Castellanos, integrante del Grupo Jurídico Pueblos, representante legal de la comunidad de Pitalito, Fernández de Castro “se ha apropiado de manera irregular de unas 3.000 o 4.000 hectáreas de esta región, no sólo de las 400 que reclaman estas familias, donde tiene sembradas unas 1.000, 1.200 hectáreas de palma africana”. Colombia se ha convertido en la última década en uno de los principales cultivadores de este tipo de palmera y en el principal a nivel latinoamericano. De las más de 400.000 hectáreas que en 2011 existían de este cultivo en el país según un estudio de Fedesarrollo, la Mesa de empresas cultivadoras de palma africana estima que un 35% de la producción se dedica al biodiesel y el resto a jabones y cremas principalmente.

*Continúe leyendo el reportaje completo de la periodista Patricia Simón, publicado en Periodismo Humano, en el siguiente link.