Cortesía CAIP

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

La entrega de información de último minuto se ha vuelto una estrategia recurrente por parte de los sujetos obligados para retrasar lo más posible su obligación de transparentar la información, una situación que desde la perspectiva Blanca Lilia Barra Cadena,  integrante de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (CAIP), podría considerarse una violación a la ley de transparencia

Ibarra Cadena explicó que en lo que va del 2003 se han registrado 21 casos en los que dependencias y organismos entregan la información de último minuto, es decir, antes de que el pleno de la comisión se pronuncie y resuelva el casos, los sujetos obligados cumplen con la solicitud que se planteó inicialmente, alargando el proceso en algunos casos hasta por ocho meses, a pesar de que la ley sólo establece un plazo de entrega de diez días hábiles con posibilidad de prorrogar otros diez días más como máximo.

Esta situación ha provocado algunos conflictos al interior de la Comisión por lo que desde hace más de un mes la comisionada pidió una investigación  bajo la presunción de que además se filtra información a los sujetos obligados antes de las resoluciones del pleno.

Las declaraciones de la comisionada se produjeron en la sesión que se llevó a cabo la mañana de ayer en la CAIP luego de que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) entregara a las 8:51 de la mañana, es decir 69 minutos antes de que iniciara la sesión en donde se resolvería el expediente 171/BUAP-04/2012, en el cual se pedía información relacionada con los sueldos de funcionarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

De acuerdo con Ibarra Cadena las ampliaciones de información de último minuto violan el artículo 82 de la Ley de Transparencia del estado pues en su fracción 7 se establecen los tiempos límites para el cumplimiento de las solicitudes.

La situación no es nueva, el pasado 27 de marzo la comisionada ya señalaba «la necesidad de normar la práctica en la que están cayendo algunos sujetos obligados al proporcionar la información requerida en el último momento cuando la CAIP está a punto de desahogar el recurso de revisión y que en ocasiones el tiempo transcurrido desde que se solicitó por el ciudadano, hasta que se le entrega en una ampliación y procede el sobreseimiento, llega a ser hasta de seis meses. Ante ello consideró que no se está cumpliendo con  el principio de exhaustividad que marca el  del Artículo 6to. Constitucional».

Desechan recursos por tecnicismos

En la sesión el pleno de la comisión volvió a desechar un paquete de seis recursos de revisión por que el recurrente, es decir el que solicita que la CAIP analice la negativa de los sujetos obligados, no cumplió con el procedimiento técnico de ratificar en persona.

Los recursos que fueron sobreseídos tenían relación con los permisos ambientales para la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), la Manifestación de Impacto Ambiental de la rueda de observación, las bajas en la administración estatal y en el sector salud, las especificaciones de las cartas navideñas que regaló el gobernador Rafael Moreno Valle y los gastos del segundo informe de labores del mandatario estatal.

Al respecto, el Comisionado Presidente de la CAIP, Javier Fregoso Sánchez, exhortó a los recurrentes a dar seguimiento a sus recursos de revisión, con la finalidad de garantizar que su derecho de acceso a la información se cumpla cabalmente aún con las limitaciones que se presentan en la Ley de Transparencia, donde la ratificación es un elementos indispensable para que los recursos tengan vida jurídica.