Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

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El conflicto de baja intensidad que desde el arranque del año se vive al interior de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) salió ayer a la superficie cuando la comisionada Blanca Lilia Ibarra hizo pública su “preocupación de que se estén filtrando documentos”, y alertando a las dependencias y organismo del gobierno estatal para evitar ser señalados como opacos.

Por ello Ibarra Cadena, la única integrante de la CAIP que ha señalado y cuestionado una y otra vez las “prácticas dilatorias” y el “juego perverso” que utiliza el gobierno para retrasar la entrega de información por más de seis meses, pidió al pleno se inicie una investigación por posibles violaciones a la Ley de Transparencia y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Y aunque la comisionada no puso sobre la mesa nombres y apellidos sobre los posibles puntos de fuga de la información, sí colocó los reflectores sobre Federico González Magaña, el comisionado de recién ingreso que llegó cargando tras de sí la sombra de haber formado parte del equipo jurídico del gobernador Rafael Moreno Valle durante la campaña electoral de 2010.

“Expongo pública y abiertamente mi preocupación de que se estén filtrando documentos, incurriendo en una violación a la ley de transparencia y la ley de responsabilidades del servicio público. El sujeto obligado hizo una ampliación de información, justo antes de que se resolviera, lo cual, y quiero dejarlo asentado, comisionado, para que usted tome nota y lo pueda enviar en sus mensajes de teléfono, llama mucho la atención pues curiosamente la información que se amplía es la que va en nuestros proyectos de resolución”.

Pero no se quedó ahí, Ibarra Cadena denunció que se ha vuelto práctica común de este gobierno retrasar por meses la entrega de información y entregar, de último minuto la información, por lo que pidió también que el área jurídica analice y proponga algún mecanismo que limite al gobierno a utilizar esa estrategia:

“Quiero poner algunos ejemplos como en otras instancias, como el propio IFAI refiere que no se pueden presentar documentos por parte del Sujeto Obligado siete días hábiles después de cerrada la fase de instrucción, y nosotros estamos recibiendo documentos de los que ni siquiera conocemos el contenido, unos minutos antes con tal de bajar los recursos de la sesión del pleno”.

“Me pronuncio para que esta comisión, primero haga una investigación relativa a que se pueden estar filtrando documentos a los sujetos obligados, qué bueno que acá está el contralor”.

“En segundo lugar, insisto, es necesario que respetemos al ciudadano, los tiempos, y no caigamos el juego perverso de los sujetos obligados de estar ampliando información de último minuto, y que nosotros estemos resolviendo seis o siete meses después, les pregunto si consideran que es ético y prudente que la comisión no esté resolviendo en los tiempos que advierte la Ley de Transparencia”.

El comisionado González Magaña secundó la propuesta: «le pediría, presidente, el contralor inicie las investigaciones pertinentes para aclarar estos temas que parecen estar contaminando a esta comisión, no de ahora, de mucho tiempo antes, en donde se filtra información a la prensa, se filtra la información a sujetos obligados, que se haga una investigación cabal para que se terminen estas prácticas que en nada abonan a la transparencia».

Por su parte el presidente del organismo, Javier Fregoso Sánchez instruyó al contralor de la CAIP para que sea el encargado de la misma.

Uno tras otro

Los señalamientos de Blanca Lilia Ibarra Cadena se produjeron luego de que el comisionado Federico González Magaña presentara su propuesta de sobreseer –desechar— un recurso de revisión (folio 179/STUR-06/2012) interpuesto en contra de la Secretaría de Turismo por haberse negado a hacer público el costo anual entre el 2008 y el 2012 de la “Ciudad de las Ideas”, y la partida de la que se toman los recursos.

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La propuesta de González Magaña de darle carpetazo al asunto se produjo tras recibir de último minuto una ampliación de información por parte de la Secretaría de Turismo en donde daba cifras para los años 2010, 2011 y 2012 y declaraba como inexistente la información de 2008 y 2009, una respuesta por la que hubo que esperar 5 meses y medio a pesar de que la ley establece un plazo máximo de respuesta de 10 días hábiles.

“El recurso presentado –explicaba en su ponencia González Magaña– queda sin materia, pues el sujeto obligado entregó la información solicitada en cifras expresadas por año, y la partida de la que se tomaron los recursos”.

Irónicamente, el siguiente recurso enlistado en el orden del día que se siguió en la sesión de este lunes tuvo que ser retirado y su resolución pospuesta por una entrega de último minuto por parte de la Secretaría de Salud.

Entre los recursos que sí fueron resueltos la mañana de este miércoles, resalta el caso (Folio 196/SEP-08/0212) en el que el pleno de la CAIP decidió ordenar a la Secretaría de Educación Pública dé a conocer los nombres de las escuelas primarias en donde se han registrado casos de acoso escolar o bullying.