“La escuela tiene una función pública mucho más vasta que la que le asignan los que reducen ésta a las implicaciones cívico-políticas de la educación que imparte. Sin minimizar éstas, es menester recalcar que por su función pública, la escuela es un órgano de “justicia distributiva” y, como tal, opera la justicia social al regular equitativamente las oportunidades sociales y las responsabilidades respecto al bien común de todos los ciudadanos”. Pablo Latapí Sarre.
Martín López Calva*
Nuestro país se encuentra en un momento crucial en el que está en juego la posibilidad de construir una auténtica reforma educativa que se oriente a poner las condiciones normativas, organizacionales, operativas, curriculares, de formación y evaluación y de participación social real para hacer realidad la función pública de la escuela como órgano de justicia distributiva en la que no sea la clase social de los alumnos sino su trabajo y capacidad la que determine su desarrollo y en la que existan condiciones de equidad para que todos los niños mexicanos reciban la misma calidad educativa.
Como ya he escrito en este y otros espacios, la llamada reforma educativa que tanto se promueve en los medios como un logro del gobierno federal y del poder legislativo para garantizar la calidad educativa no es todavía una reforma de la educación sino un cambio constitucional que al recuperar la rectoría de la educación para el Estado, pone las condiciones legales para poder construir una verdadera transformación del sistema educativo nacional.
A partir de esta reforma constitucional se tiene que construir una nueva ley general de educación y echar a andar una profunda transformación de la estructura organizacional y de los modos de operar cotidianamente de todas las instancias y niveles de la Secretaría de Educación Pública desde sus oficinas centrales hasta cada una de las escuelas del país.
Es en esta segunda etapa en la que se van a plantear las modificaciones a la legislación secundaria y a los reglamentos de operación del sistema y en la que se tendría que llegar a la revisión del currículo de la educación básica y media superior del país y a definir los mecanismos y modalidades concretas de selección, contratación, evaluación, promoción y eventual remoción de docentes, directores y supervisores escolares, en la que toda la sociedad tendría que aprovechar todos los espacios de consulta y participación y exigir sea tomada en cuenta la voz de los distintos sectores –padres de familia, maestros, directores, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, etc.- que de manera corresponsable tienen que formar parte del esfuerzo de reforma educativa que se ha iniciado.
Resulta necesario y urgente hacer explícito el hecho de que la reforma constitucional ya publicada no tiene, porque no era su función ni finalidad, los elementos de definición pedagógica ni de concreción operativa que muchos de sus opositores están hoy reclamando como ausencias. Estos elementos tienen que construirse ahora y más vale para el país que se construyan con la participación amplia de la sociedad mexicana en su conjunto.
Porque parafraseando a Zapata, la educación es de quien la trabaja y en ese sentido la reforma educativa será también de quien la trabaje y es indispensable para lograr una reforma integral, pedagógicamente bien sustentada, legalmente sólida y operativamente viable, que quien la trabaje sea la sociedad mexicana en su conjunto.
1.-El riesgo:
El mayor riesgo para que la reforma educativa no logre sus propósitos y se quede en una mera adecuación legal para retomar el control del sistema educativo y ejercerlo de manera autoritaria en una versión renovada en sus formas pero igual en el fondo que la del sistema educativo creado en el régimen priísta corporativo y autoritario, es por un lado que el gobierno se cierre a la participación social y opere el resto de la reforma como un asunto restringido a los partidos políticos que firmaron el “Pacto por México”, dejando de lado la opinión de los académicos expertos en Educación, de los padres de familia, maestros y organizaciones sociales dedicadas al tema.
En este escenario, el cambio en los artículos constitucionales y el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo serían simplemente mecanismos para volver a tener el control absoluto del sistema educativo con el fin de intentar reconstruir el viejo régimen bajo nuevas formas de operación y sustituyendo un liderazgo sindical corrupto y rebelde ante el gobierno por otro igualmente corrupto pero dócil y cómplice de este intento de restauración.
Por otro lado, este riesgo tiene la otra cara de la moneda en los grupos opositores radicales a la reforma que con el pretexto de la supuesta defensa de la educación pública ante un falso pero muy vendible peligro de privatización, están intentando que se dé marcha atrás a los cambios realizados para mantener los privilegios de control de las plazas docentes y manejo discrecional de los recursos sin ninguna auditoría o evaluación.
Imágenes como la de los profesores disidentes de la CETEG en Guerrero no contribuyen en nada a trabajar por la reforma educativa necesaria. Tristemente estas manifestaciones que a falta de argumentos exhiben palos, piedras, movilizaciones y bloqueos de carreteras y centros comerciales se producen en los estados con mayor rezago educativo, en los que más falta hace un compromiso de mejora para hacer realidad el sueño de equidad a través de la educación.
2.-La esperanza:
Sin embargo, afortunadamente existen otras imágenes que nos ayudan a no perder la esperanza en que esta vez sí habrá una reforma educativa profunda y pertinente que nos ponga en la línea de transformación de nuestra educación para hacer realidad la aspiración de una sociedad justa y democrática.
Imágenes como las de los discursos de los candidatos que forman las ternas de académicos para conformar la junta de gobierno del nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como organismo autónomo, permiten abrigar esperanzas de que las cosas realmente puedan cambiar.
Porque contrario a lo que de manera interesada y distorsionada plantean los grupos radicales que pretenden echar abajo la reforma constitucional, estas ternas no son una imposición del gobierno ni responden a cuotas partidistas. Soy testigo -porque fui convocado y participé- de que la SEP federal realizó una consulta entre los académicos del campo para conformar estas listas de candidatos y me sentí muy optimista cuando estas listas se publicaron porque la totalidad de los nominados, con sus obvios matices de trayectoria, líneas de investigación y perspectiva ideológica, son académicos muy capaces, experimentados y con una gran trayectoria y reconocimiento por su honestidad.
Escuchar sus planteamientos permite desbaratar los fantasmas de una evaluación meramente punitiva y deliberadamente sesgada en contra de los profesores y nos aporta elementos para confiar en que el nuevo INEE hará planteamientos sólidos, integrales y viables, basados en las mejores prácticas internacionales para generar un sistema de evaluación diferenciado en sus metas y consistente en sus instrumentos y procedimientos de aplicación y difusión de resultados.
Pero además de la confianza que generan los listados de candidatos para el consejo del nuevo INEE, son muy reconfortantes las imágenes de maestros y maestras como los que se presentan en los videos que aquí pongo como ejemplo.
Maestras en estos casos, que se destacan por su vocación, entrega, creatividad y profesionalismo y que a pesar de las condiciones limitadas en las que trabajan hacen su mejor esfuerzo por lograr la formación de mexicanos y mexicanas sólidamente preparados en lo intelectual y en lo ético, para convertirse en ciudadanos de bien, comprometidos con la construcción de un país mejor a pesar de las enormes dificultades en que hoy se vive, incluso en situaciones de riesgo extremo.
La educación es de quien la trabaja y la reforma educativa será de quienes la trabajemos desde nuestras respectivas trincheras: los nuevos consejeros que sean elegidos por el Senado en la definición de la estructura del nuevo INEE y del modelo de evaluación educativa que mejor aporte para el progreso de nuestra educación; los investigadores educativos desde la generación y difusión de conocimiento necesario para construir los elementos normativos, conceptuales, curriculares y operativos de la reforma; los profesores comprometidos con su vocación desde el trabajo efectivo y responsable con sus estudiantes y también desde la manifestación de su voz en los foros públicos que se abran para la construcción de la reforma y en las redes sociales; los padres de familia organizados poniendo sus puntos de vista en la mesa de la reforma, lo mismo que las organizaciones civiles y los medios de comunicación.
Porque la reforma educativa no es algo concluido que haya que combatir con palos y piedras, sino un proceso que apenas inicia y que hay que trabajar y construir con ideas, argumentos y verdadera pasión educadora.
*Doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha hecho dos estancias postdoctorales como Lonergan Fellow en el Lonergan Institute de Boston College (1997-1998 y 2006-2007) y publicado dieciocho libros, cuarenta artículos y siete capítulos de libros. Actualmente es académico de tiempo completo en el doctorado en Pedagogía de la UPAEP. Fue coordinador del doctorado interinstitucional en Educación en la UIA Puebla (2007-2012) donde trabajó como académico de tiempo completo de 1988 a 2012 y sigue participando como tutor en el doctorado interinstitucional en Educación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel 1), del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores que actualmente preside (2011-2014), de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación y de la International Network of Philosophers of Education. Trabaja en las líneas de filosofía humanista y Educación, Ética profesional y “Sujetos y procesos educativos”.
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