Arturo Cravioto

Previo a rendir su informe de actividades, el director del Instituto Ellacuría de la Ibero Puebla, Oscar Arturo Castro Soto, exhortó al gobierno capitalino a atender las recomendaciones que la CDH emitió sobre la violación de garantías de los simpatizantes de #YoSoy132 que fueron detenidos y golpeados el pasado 15 de septiembre.

Indicó que es importante que las autoridades municipales atiendan las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos (CDH), se investigue y se determinen responsabilidades sobre los abusos de que fueron víctimas los integrantes de #YoSoy132  desalojados del zócalo de la capital del estado durante una manifestación, en el marco de los festejos del aniversario de la Independencia, y se actúe de acuerdo a los expedientes correspondientes.

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Por ello, expresó que el llamado y exhorto a las autoridades «sigue siendo el mismo de siempre, que tengan respeto por los movimientos populares que se pronuncian en Puebla, que se garantice la seguridad de los manifestantes y que se ubiquen las demandas para que canalicen a las autoridades correspondientes».

En el mismo sentido, el rector de la Ibero Puebla, David Fernández Dávalos, sentenció que todos los jóvenes de la entidad tienen el derecho a expresar sus inconformidades con las autoridades gubernamentales, de manera pacífica, como lo ha hecho el movimiento #YoSoy132 la cual debe ser «una libertad irrestricta, no condicionada».

«Que las autoridades acepten la recomendación que ha sido emitida por la CDH y exhortarlo a respetar de manera irrestricta, las garantías constitucionales de los jóvenes».

Al respecto, el ayuntamiento de Puebla aseguró mediante un comunicado la noche del martes que «reitera que en todas y cada una de sus acciones se privilegia el respeto a la ley, las garantías individuales, la integridad física de las personas y se mantiene siempre abierto al escrutinio público de sus acciones».

Por lo que «manifiesta no tener inconveniente de ningún tipo en atender y dar seguimiento a los puntos emitidos en la recomendación número 2/2013 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos».