Daniela Pastrana | IPS

México. Edgar Torres Castillo tiene 21 años y hace dos que está en la cárcel de Gómez Palacio, un municipio de la Comarca Lagunera, ubicada entre los norteños estados mexicanos de Durango y Coahuila, que se caracteriza por sus limitados recursos hídricos y por ser una de las zonas más peligrosas del país.

Amparo Castillo, la madre de este recluso condenado a ocho años de prisión por robar un teléfono celular, lo vio por última vez el 18 de diciembre, en la visita familiar. «Lo noté extraño, muy triste y como si estuviera lastimado», contó la mujer vía telefónica a IPS. «Solo estuvimos una hora y empezaron a sacarnos, había mucha tensión», añadió angustiada.

En la madrugada del 17, la policía trasladó a 137 internos del penal de Gómez Palacio a cárceles federales.

Al día siguiente, al finalizar la visita familiar, los vecinos de la zona escucharon un rudo intercambio de balazos y lamentos en el interior de la cárcel. Las autoridades reportaron que todo se debió a un intento de fuga, que dejó un saldo de 25 muertos, entre ellos seis guardias que no estaban armados.

En un comunicado, la policía de Durango afirmó que los presos habían disparado contra los guardias al frustrarse la evasión. Luego, el gobierno federal desalojó totalmente el penal, donde en los últimos tres años murieron 78 personas y se registraron varias fugas masivas. En ese momento quedaban unos 500 detenidos.

Como otros familiares, Castillo se trasladó al penal al escuchar las noticias del enfrentamiento. Ante la desesperación por la falta de información, los familiares realizaron protestas y bloqueos de carreteras. «No sabíamos si estaban vivos o no», narró.

Este enfrentamiento sangriento entre presos y guardias evidenció la crisis del sistema carcelario mexicano, que según los expertos ha colapsado.

En México hay 429 prisiones, según el último informe de la Secretaría (ministerio) de Seguridad Pública Federal. De ellas, 15 son administradas por el gobierno nacional, 10 por las autoridades del Distrito Federal, la capital del país, 91 por municipios y el resto es responsabilidad de los estados.

Distintos informes señalan que la sobrepoblación carcelaria ya alcanza a 22 por ciento, equivalente a más de 40 mil presos, de la capacidad instalada. Además, cuatro de cada 10 personas en prisión en México están aún sin sentencia firme, pero todas comparten los mismos recintos sin distinción alguna de su situación procesal.