Daniela Pastrana | Reyna Haydee Ramírez

El gobierno de Felipe Calderón otorgó contratos por adjudicación directa a 6 empresas privadas para la administración de 9 reclusorios. Estos contratos, que suman más de 266 mil millones de pesos, obligan al gobierno a pagar a las empresas por un periodo de 20 años, al término de los cuales éstas mantendrían el control de los penales, “con o sin personas privadas de su libertad”.

Las empresas beneficiadas con los centros de reclusión son: Exi Quiantium, SA de CV (Sonora y Guanajuato); Gia, SA de CV (Oaxaca); DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria SA de CV (Durango); Capital Inbursa, SA de CV (Chiapas y centro Femenil Morelos); Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán SA de CV (Michoacán), y Black Rock, SA de CV (Guanajuato).

En la información que reveló la titular de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Rosa Icela Rodríguez, se aprecia que los contratos sin licitar se entregaron en el sexenio de Felipe Calderón, a través de la Secretaría de Seguridad Pública que entonces presidía Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos.

Las cláusulas amparan contratos hasta por 22 años, el último de ellos terminaría hasta el año 2037.

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Rodríguez explicó que, en los últimos 9 años, el gobierno ha pagado más de 75 mil 665 millones de pesos, que representan el 36 por ciento del monto pactado entre el gobierno federal y particulares por la construcción de los reclusorios en Sonora, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Durango, Guanajuato, Chiapas y Morelos. Eso significa que aún están pendientes de pagar 190 mil 658 millones de pesos, con un costo final proyectado de 266 mil 300 millones de pesos, para terminar de pagar en el año 2035.

Sólo en 2020, el pago destinado a estas empresas alcanzó los 16 mil millones de pesos, equivalente a la mitad de lo que el gobierno mexicano destinará a las vacunas contra la COVID-19.

“Por eso no avanzaba México, por eso cada vez más pobreza. ¿Cuándo va a alcanzar el presupuesto? Miren, 16 mil millones de pesos es la mitad de lo que nos van a costar las vacunas ¿Cuánto tenemos disponible para las vacunas? Treinta y dos mil millones”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los beneficiarios y los firmantes

Las empresas que en 2010 y 2011 recibieron ventajosos contratos para administrar al menos ocho de los 17 penales federales que hay en México tienen como propietarios, entre otros, a Carlos Slim, Olegario Vázquez y Jerónimo Marcos Gerard, este último cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari,

A través de empresas gestoras de inversión, crearon fideicomisos para administrar, y prácticamente convertir en privados, los penales federales de Sonora, Michoacán, Durango, Oaxaca, Chiapas, Morelos y dos en Guanajuato.

Los penales de Sonora y uno de Guanajuato en un principio fueron operados por dos fiduciarias distintas que tenían como cabeza principal a ICA Constructora. Actualmente están a cargo de la empresa Exi Quantium S. A. de C. V., que hoy preside Andrés Alija Guerrero, quien hizo su carrera en empresas de Carlos Slim.

El cefereso de Oaxaca se entregó al fideicomiso creado por GIA S. A. de C. V. en marzo de 2011. Esta empresa se atribuye a Jerónimo Marcos Gerard Rivero,  Igual que aparece como ejecutivo clave de Black Rock México, que también tiene bajo su administración un penal en Guanajuato.

Un penal más es también parte de este tipo de fideicomisos, aunque no fue mencionado en la conferencia del presidente, se trata del Centro Federal de Readaptación Social Varonil en Ramos Arizpe, Coahuila, con capacidad para 2 mil 520 internos. De acuerdo con el sitio oficial del gobierno de México, es administrado por BlackRock México Infraestructura I, S. de R.L. de C.V., de Jéronimo Gerard, Juan Alberto Leautaud Sunderland y José María Zertuche Treviño.

Los ceferesos de Michoacán y Durango se atribuyen a dos empresas filiales de Prodemex, del director general de Grupo Empresarial Ángele, Olegario Vázquez.

Recientemente Prodemex y Black Rock se asociaron para buscar sin éxito un  contrato para construir un tramo del Tren Maya.

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*Foto de portada: maracck | Wikimedia Commons