Roberto Alonso *

@rialonso

“Para avanzar hacia la edificación de un sistema nacional de transparencia –escribe Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI)- no es suficiente tener buenas normas, sino, además, autoridades de transparencia probadamente independientes y recursos suficientes para que los órganos garantes puedan desarrollar eficazmente sus tareas en favor de la transparencia de la gestión pública”.

Peschard no lo dice sola. En el debate nacional -tal es el caso de la Red por la Rendición de Cuentas– es compartida la lectura respecto a los órganos garantes locales. Su diseño institucional puede ser ejemplar y como instrumento de trabajo pueden tener un buen marco jurídico. No obstante, si no están garantizadas condiciones efectivas de independencia y no se les otorgan los recursos necesarios para realizar sus funciones a estas instancias se les debilita, a pesar de su autonomía constitucional y de mejores leyes de transparencia.

Justamente por estas deficiencias, que se traducen en que los órganos garantes del derecho de acceso a la información no aseguran este derecho fundamental, las iniciativas de reforma constitucional en materia de transparencia que se discuten en el Senado de la República coinciden en la posibilidad de que el solicitante de información recurra al IFAI para que revise las resoluciones de las comisiones o los institutos locales que no le dejaron satisfecho, así como en facultar al IFAI a fin de atraer casos de las entidades por decisión propia y relevancia nacional.

El problema se resume en que, en temas cruciales, los órganos locales de transparencia no están privilegiando la máxima publicidad y, por el contrario, son presionados por los gobernadores para evitar que sus resoluciones los obliguen a difundir información que desean mantener bajo su poder. El saldo es preocupante en lo que se refiere al ejercicio de un derecho: la información no se entrega y el ciudadano, para el que se creó el órgano garante, queda desprotegido.

La salida que han puesto sobre la mesa el PRI y el Partido Verde, el PAN y el PRD, no es la más indicada pues si de por sí el proceso para acceder a la información pública suele ser largo y tedioso ahora podría serlo más, pero atiende las dificultades que se padecen en el ámbito estatal en este sentido y podría generar un contrapeso inmediato que hoy en día no existe.

En este contexto es que tiene lugar en Puebla el proceso de elección del nuevo integrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP), órgano garante local que goza de autonomía constitucional y opera con una de las mejores leyes de transparencia del país, aunque en la realidad está sujeto a las presiones del Ejecutivo estatal y carece de un presupuesto ajustado a sus atribuciones.

De acuerdo con la iniciativa de Ley de Egresos para 2013, el gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle ha proyectado un presupuesto limitado de 12 millones 71 mil pesos para la CAIP, apenas 1.6% más que en el año en curso. El año pasado, cuando todavía no se aprobaba la nueva Ley de Transparencia que amplió el espectro de sujetos obligados bajo revisión de la CAIP y le confirió nuevas atribuciones, esta comisión recibió un presupuesto de 11 millones 879 mil pesos para 2012, alrededor de 178 mil pesos menos que en 2011, año en que tuvo un presupuesto de 12 millones 57 mil pesos.

Si bien el presupuesto para 2013 es similar al de 2011, es a todas luces insuficiente ante la actual carga de trabajo de la CAIP, que el 1 de enero de 2012 se convirtió en autoridad sobre los tres poderes en el estado, los 217 municipios y los órganos constitucional y legalmente autónomos. La desproporción es tremenda y puede ilustrarse en la siguiente viñeta: mientras que se ha calculado que la CAIP debería contar con un presupuesto de alrededor de 20 millones de pesos más de cara a cumplir con sus nuevas obligaciones, el gobierno del estado considera que eso mismo lo puede hacer con un incremento de 192 mil pesos.

A propósito de la independencia de la CAIP, las siguientes semanas serán claves para que el Congreso de Puebla sume o reste a tal finalidad. Al proceso de elección del nuevo integrante de la CAIP se inscribieron 10 personas, cuyos expedientes serán evaluados por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de la LVIII Legislatura para convocarlos a comparecer y disponer de elementos que le permitan definir una terna, de la que saldrá el nuevo comisionado.

En este proceso, las comparecencias pueden ser públicas, de frente a la sociedad, o a puerta cerrada, como si se escondiera algo. De la misma manera, las organizaciones de la sociedad civil interesadas pueden participar en la evaluación de los candidatos o no ser tomadas en cuenta, como si se escondiera algo.

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho a la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla.

Columnas Anteriores

[display-posts category=»con-copia-para» posts_per_page=»-15″ include_date=»true» order=»DESC» orderby=»date»]