Foto: Especial
Lado B
Mientras usted lee estas líneas, en Huauchinango podrían estar sentenciando a un hombre inocente a varios años de cárcel. Carmelo Castillo Martínez era comandante de la policía en Pahuatlán, tiene 37 años y vive con su madre Amanda Martínez, o vivía hasta el 4 de julio del 2011, cuando fue detenido por un delito que no sólo no cometió, sino que ni siquiera existió.
Carmelo fue quien acudió al llamado que los defensores del agua –también encarcelados injustamente- José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz le hicieron luego de que un miembro del grupo caciquil de Atla, una comunidad de Pahuatlán, intentó atropellarlos.
Al día siguiente, José Ramón y Pascual otorgaron el perdón y se llegó a un acuerdo ante Carmelo Castillo de que el agresor pagaría 3 mil 500 pesos que se usarían para beneficio de la comunidad.
Catorce días después el agresor acusó a Carmelo, José Ramón y Pascual de robo de vehículo. Luego de un proceso lleno de irregularidades, los dos últimos fueron sentenciados y están en prisión desde enero del 2010.
Ahora, Carmelo podría ser víctima de la misma injusticia si el Juzgado Penal de Huauchinango, donde se lleva la causa penal 242/2009, dicta una sentencia en su contra.
Es por lo anterior que ayer el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, de la Universidad Iberoamericana Puebla (Idhie SJ) exigieron, en rueda de prensa, al procurador del estado Víctor Carrancá y al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas que se haga justicia.
-El Centro Prodh y el Instituto Ignacio Ellacuría respaldan la defensa de Carmelo Castillo, es inocente y es momento jurídico, pues en estos días (martes o miércoles) el Ministerio Público debe entregar por escrito sus conclusiones, de hacer el llamado a que las conclusiones sean de no acusación, con base en lo documentado por estos centros de derechos humanos, así como de Amnistía Internacional, quien ha declarado a José Ramón y Pascual presos de conciencia –dijo Andrés Díaz, coordinador del Área de Defensa Integral del Centro Prodh.
También la madre de Carmelo Castillo, la señora Amanda, con voz quebrada pidió la ayuda de Moreno Valle.
–Yo quiero que el gobernador le eche la ayuda, me dé ayuda a mí también como su madre, porque no se vale el tiempo que lo tienen ahí (…). Estoy aquí para pedirles que lo saquen, por qué lo tienen ahí, él no ha hecho nada malo.
El director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín Farrera, lamentó que las deficiencias de los sistemas de administración y procuración de justicia afecten, principalmente, a las personas vulnerables por su condición de pobreza.
–En las cárceles del país no están las personas que han cometido los delitos más graves, sino los más pobres (…). Y está en manos del gobernador y del procurador poner un alto a esta situación.
Si el juzgado penal reconoce la inocencia de Carmelo Castillo, supondrá un precedente que deberá considerar la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se analiza el amparo interpuesto por José Ramón y Pascual. Es decir, coadyuvaría para que se haga justicia en ambos casos.
PERIODISMO DE LO POSIBLE
CANIJO CONEJO
