Mely Arellano

@melyarel

La tarde-noche de este jueves y de manera unánime, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) declaró infundada la demanda del Movimiento Progresista de anular la elección y desechó todas las pruebas presentadas por la coalición.

La adquisición encubierta de tiempo en medios de comunicación, el uso indebido de las encuestas con propósito de inducción del voto, el financiamiento prohibido y paralelo (caso Monex), la entrega de tarjetas Soriana, los gastos excesivos en campaña electoral y publicidad, la intervención de funcionarios públicos, las irregularidades en la Jornada Electoral y en los cómputos distritales fueron descartados por los magistrados al considerar que no eran pruebas contundentes para anular la elección presidencial.

Desde el punto de vista de Iván García Gárate, experto en derecho electoral y docente de la Universidad Iberoamericana ciudad de México, llama la atención la homogeneidad de pensamiento de los magistrados.

-Jurídicamente hablando me resulta paradójico la homogeneidad de criterios de los magistrados; es decir, entre ellos no hay ninguno que piense distinto. Normalmente en la mayoría de los órganos judiciales colegiados siempre hay opiniones distintas, en este caso hay homogeneidad, es decir que por unanimidad se va a tomar la decisión y simplemente llama la atención que no haya habido más debate en ese sentido. Además de que los argumentos son un tanto estrechos.

En entrevista con Lado B explica el proceso de calificación y lo que dice la ley al respecto.

-¿Por qué se rechazaron las firmas de los ciudadanos y a los “terceros interesados”?

-Porque se consideró, jurídicamente hablando y desde el punto de vista del Tribunal, que ellos no son sujetos legitimados para presentar un juicio de inconformidad, los únicos que reconoce la ley son los partidos políticos y en su caso las coaliciones.

-¿Así lo dice la ley?

-La ley señala que los únicos que pueden presentar un recurso de inconformidad son los partidos políticos, las coaliciones, la interpretación que hizo el Tribunal fue: como la ley dice nada más partidos políticos, ciudadanos y terceros no están legitimados.

-Esta ley fue aprobada por los partidos políticos en el Congreso.

-Sí, todas las leyes electorales fueron aprobadas en el 2007 por los mismos partidos políticos que compitieron y todos las conocían.

-¿Por qué en el Tepjf se habla de pruebas, pero no pruebas idóneas?

-Eso es lo que está señalando. Lo que asentó primero fue que podría declararse la invalidez de una elección por violación de principios constitucionales, que es lo que argumentaba de fondo la coalición (Movimiento Progresista), pero la respuesta del Tribunal es que las pruebas que presentaron no fueron suficientes, o no son pruebas que determinen un resultado final en la elección, o no se prueba lo que están tratando de demostrar. En el caso de Monex, en el de Soriana, no se comprueba que hayan sido utilizados para la compra de votos. En cuanto a la acusación de un supuesto apoyo de algunos medios de comunicación, en particular de Televisa, se establece que no hay una relación o que las pruebas tampoco son suficientes. Lo mismo con lo de las encuestas. Fueron criterios muy estrechos de legalidad y prácticamente se declaran infundadas todas.

-¿Cuál hubiera sido una prueba legítima o contundente?

-Dependería de lo que se quisiera probar. La idoneidad de las pruebas consiste básicamente en que no sea nada más indicativa de una situación, sino que pruebe un poco más allá o que establezca una relación causal con lo que se quiere probar, y en este caso no se pudieron documentar estas pruebas. Es una labor de documentación un tanto complicada y sobre todo cuando se trata de comprar votos, porque a final de cuentas es una conducta subjetiva que resulta bastante complicado de probar. En el caso de la compra de votos. Y en el caso de otras pruebas no se aportaron elementos o algún hecho contundente respeto de las encuestas. Sobre las encuestas, por ejemplo, se dijo que no se aportaron elementos metodológicos mediante los cuales se probaran que estaban sesgadas. A la mejor lo que quiso decir el Tribunal Electoral fue que de presentarse unas pruebas científicas de cómo la metodología estaba mal diseñada, en un momento determinado se podría haber considerado como válida esa prueba para efectos anulatorios.

-¿Esas pruebas tan específicas las tuvo que haber presentado el Movimiento Progresista o es facultad del Tribunal y los magistrados hacer la investigación más a fondo?

Tomada del TL de @CoordAMLO

-Como están las leyes actualmente corresponde al Movimiento Progresista presentar esas pruebas. En este caso no hay, y eso es lo más lamentable, no hay una autoridad que pueda determinar que se investiguen esas pruebas más a fondo, y eso es lo que a final de cuentas no vamos a tener como resultado. De alguna manera el Tribunal Electoral está reconociendo que las situaciones de Monex o de Soriana existieron, que hubo estas irregularidades pero que las pruebas presentadas no son suficientes, por lo tanto como ciudadanos vamos a quedar sin las respuestas sobre qué pasó en esos casos, porque no hay hasta el momento una autoridad que se haga responsable de la investigación. En cuanto a los topes de campaña no hay todavía la información completa y total del IFE. Son respuestas que no tendremos del todo, sobre las que no nos va a dar claridad el fallo del Tribunal Electoral.

-¿Esa investigación no le corresponde a la Fepade?

-Hay investigaciones en curso en la Fepade, pero digamos que investiga no para efectos de anular o no la elección sino para efectos de investigar esas conductas y sancionar a los responsables de los ilícitos.

-¿La compra de votos es un delito?

-Sí. Se sanciona la coacción al voto, no tanto el contrato de una compra-venta en particular, sino la coacción que puede llegar a existir, o la inducción al voto y por lo tanto castiga la parte que la promueve, no tanto la que acepta.

-Pero, ¿cómo se podría probar o cómo se ha probado antes la coacción del voto?

-Ese es uno de los grandes temas. Teóricamente hablando es uno de los principios que, se reconoce, nunca puede ser probado. A final de cuentas la decisión de la persona que está en la casilla es personal y no hay mucha vigilancia. No hay manera de probarlo. Por lo menos no se ha tenido ni una sola prueba real y contundente de este tipo de conductas. Se puede inferir que hay esas conductas por parte de los partidos políticos o de un políticos que pueda llevar a ese tipo de acción, pero no se puede comprobar si el elector está haciéndolo verdaderamente o incluso si votó por ese partido político. La pregunta es, ¿hubiera votado de todas maneras por ese partido si no se lo hubieran dado? Sí o no. Entonces, ¿es una compra de voto o es una propagando del partido político? En fin. No es claro. Ni legalmente, ni la ciencia política ha podido demostrar esa posibilidad de que la compra del voto sea verdaderamente efectiva en una democracia como esta.

-¿Diría que hay un vacío legal o estamos ya en un terreno que correspondería a la responsabilidad ciudadana?

Imagen: http://img.ibtimes.com

-Exacto, sí. Porque más que un vacío legal no veo una forma real de probarlo, porque a final de cuentas se mantiene el principio de que el voto es secreto, entonces no se sabe cómo va a votar una persona e incluso es imposible conocer la psicología de la persona de, independientemente si hubiera presión o no, por quién vota o cómo vota o si hubiera ido a votar de entrada. Es una de las cosas que, dentro de la misma elección, genera una incertidumbre.

-¿Qué aprendemos de esta elección?

Es posible que haya anulación de las elecciones por violación a principios constitucionales pero se tienen que probar de una manera distinta. Creo que se aprende que las pruebas se tienen que construir previamente y aprendiendo que tenemos un Tribunal Electoral con criterios un tanto estrechos.

Protestas afuera del Tepjf

Tomada de animalpolitico.com

Manifestantes que se ubicaron a las afueras del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tumbaron las cercas metálicas y lanzaron piedras y otros objetos hacia el interior del recinto.

En momentos en que el TEPJF analizaba el proyecto que declara infundada la solicitud de nulidad de la elección presidencial, se radicalizaron las protestas.

Elementos de las secretarías de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y federal resguardaban la puerta principal del Tribunal Electoral, mientras los manifestantes intentaban ingresar.

Los manifestantes, pertenecientes a las organizaciones #YoSoy132, Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y otras también han tenido algún tipo de roce con los elementos policiacos que mantienen una valla frente al edificio.

Información: Animal Político.