Uno de los preceptos fundamentales de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, es: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.

Es por ello que es inaceptable la persecución y amenazas en contra del Padre Alejandro Solalinde, cuyo único delito es defender y dar cobijo a los migrantes centroamericanos que pasan por nuestro país.

Alejandro Solalinde, iniciará una gira por tres países europeos para denunciar el maltrato permanente que reciben los defensores de derechos humanos en México sin que los gobiernos lleven a cabo acciones encaminadas a protegerlos. Allí se reunirá con representantes de los gobiernos de España, Suiza e Italia, y organizaciones no gubernamentales, para dar a conocer la situación de los migrantes centroamericanos que sufren lo indecible en su paso por el país.

El caso de las amenazas al Padre Solalinde, no es único, lamentablemente. En Puebla, José Enrique Morales Montaño, defensor de los derechos humanos y miembro del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), fue; de acuerdo a información que circula en las redes sociales, privado de su libertad y golpeado el 15 de mayo.

Desde luego en una sociedad en la que se atropellan los derechos laborales de los trabajadores, hombres y mujeres se han levantado para frenar los abusos de los patrones y salvaguardar los derechos de quienes laboran en distintos centros de trabajo.

No es la primera vez que quienes integran este centro de apoyo sean amenazados y maltratados.

Es urgente la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para evitar esta violencia inaceptable en contra de los defensores de los derechos humanitarios en México.