• En el país sólo tres estados de la República han legislado en la materia

Foto: EstoEsFoto (EEF).

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

México es el octavo país del mundo con mayor impunidad respecto a los crímenes cometidos contra periodistas, tan sólo en una década han muerto 75 trabajadores de este medio. En el estado no existe una figura que proteja el secreto profesional periodístico, por ende el diputado local Mario Riestra Piña presentó una iniciativa para implementarla.

Hace unos días, la corresponsal del semanario Proceso en Veracruz, Regina Martínez, fue asesinada, recordó el legislador durante la presentación del proyecto ante la Comisión Permanente.

“No es un caso aislado”, dijo, por lo que el diputado agregó que las amenazas contra representantes de medios de comunicación se han incrementado en los últimos años, por ende urgió que la legislación poblana cuente con una medida para proteger el ejercicio de la profesión.

Su propuesta –dijo- reconoce el derecho de los periodistas a no revelar información, la manera en que se obtiene, así como mantener en el anonimato a sus fuentes para evitar represalias, incluso cuando son citados a comparecer en procesos jurisdiccionales.

El panista indicó que también se debe proteger el acceso a la información, así como la posibilidad de acceder a expedientes administrativos, registros o cualquier tipo de documento que sea de interés público.

Riestra Piña destacó la importancia de que el secreto profesional del periodista sea reconocido en la legislación poblana, sobre todo cuando fue reconocido por el Consejo de Europa desde 1974.

A consecuencia de ello indicó que su propuesta de Ley está integrada por 13 artículos y  confió que sea analizada en breve en Comisiones.

Cabe señalar que en el país pocos estados han legislado en la materia, entre ellos Chihuahua, Sonora y el Distrito Federal.

La asamblea de este último hizo lo propio desde junio de 2006, la normativa consta de 11 artículos que incluyen alcances, lo referente al secreto profesional, el derecho a acceso a la información y actos públicos, así como sanciones, las cuales estipulan una pena de uno a seis años de prisión contra cualquier servidor público que contravenga lo dispuesto en la Ley, quien además deberá pagar una multa de 300 días de salario mínimo (artículo11).