Samuel Rangel Rodríguez, integrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), insistió en la necesidad de que el organismo garante de la transparencia reciba una ampliación presupuestal para poder operar como se establece en la nueva Ley de Transparencia.
El comisionado sostuvo que al aprobar la Ley de Egresos el Congreso del estado no previó las nuevas facultades que les otorgarían e incluso les recortó el recurso anual, lo que obligó a disminuir el sueldo de los 25 trabajadores que integran al organismo.
El funcionario cuestionó también la falta de cabildeo de la presidenta de la CAIP, Blanca Lilia Ibarra Cadena, para poder ampliar dicho presupuesto.
Cuestionado sobre el resultado del estudio que realizaron las organizaciones Fundar y Artículo 19 sobre la transparencia del gobierno del estado en su gasto en publicidad oficial y comunicación social, Rangel Rodríguez aseguró no tener elementos para validar o rechazar dicho estudio.
Esto a pesar de que reconoció que ha tenido en sus manos varios casos en los que la CAIP ha resuelto ordenar la entrega de información, tras la negativa del gobierno del estado a transparentar su relación comercial con las empresas mediáticas.