Cada vez que nos enteramos de que es recibido dinero sin explicar su procedencia, los mexicanos nos conformamos con la renuncia del, la o los funcionarios involucrados en el hecho. ¿No sería mejor que los implicados en cualquier acto que no pueda ser explicado a los ciudadanos y que involucre dinero público, tendrían que esperarse a aclarar y rendir cuentas?

Y la piel se nos endurece cada día más. Los ciudadanos vemos pasivamente la danza de los millones y las poco creíbles justificaciones que nos dan los gobernantes. ¿Qué hacían con 25 millones de pesos en dos maletas, empleados del gobierno de Veracruz, en el aeropuerto de Toluca?

Desafortunadamente, no es el único acto de corrupción en nuestro país que se descubre. Ahí tenemos el Pemexgate, que nunca se aclaró, el dinero que recibe René Bejarano de un empresario argentino, y para qué le seguimos a la lista.

¿Cómo pretenden los gobiernos que los ciudadanos creamos en ellos si cada día que pasa descubrimos más y más actos de corrupción?

Otros países latinoamericanos han puesto la muestra y están llamando a los ex gobernantes a dar la cara por sus actos de corrupción o por la represión que llevaron a cabo en contra de la sociedad.

¿Cuántos años faltan para que en México se castiguen estos y se inhabilite a los funcionarios que hayan incurrido en los mismos?

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Una promesa que en realidad sería muy importante para tener certidumbre e información. Se anuncia que llegará una iniciativa al Congreso poblano para quitar el candado a la transparencia de la Ley de Ingresos, además de reducir el costo de las copias certificadas al pedir información del gasto público. Esperemos que la iniciativa del gobernador Moreno Valle vaya en el sentido de dar a los ciudadanos toda la información que sea requerida, como el solicitante lo pida y la fuente lo permita. Transparencia es lo que deseamos los ciudadanos.