• Durante 2011, el Ejecutivo presentó 56 iniciativas, los diputados 159, aunque sólo una decena de las últimas ha sido avalada

• A lo largo del Tercer Periodo, RMV hizo llegar iniciativas relacionadas con la intervención de comunicaciones privadas, con los delitos de narcomenudeo, extorsión, lavado de dinero, desaparición forzada de personas, así como la Ley de Transparencia

Foto: Joel Merino

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

Aunque la organización política de la sociedad mexicana se basa en la división de Poderes del Estado, el escenario poblano vislumbra el incumplimiento del precepto. A un año de gobierno y con la venia de las siete fracciones parlamentarias, el titular del Ejecutivo, Rafael Moreno Valle se ha convertido en el “Gran Legislador”.

A lo largo de los tres Periodos Ordinarios del primer año de trabajos en el Congreso local, así como de los tres recesos legislativos, las siete fracciones parlamentarias han avalado más del 80 por ciento de las iniciativas promovidas por el mandatario estatal, incluso han dejado de lado las propias, que en teoría, simbolizan el sentir de los ciudadanos que representan.

Durante 2011, el Ejecutivo presentó 56 iniciativas, los diputados 159. De éstas últimas poco más de una decena ha sido avalada, según un análisis realizado por Lado B y fundamentado en información del Congreso local.

Sin embargo, la ingerencia del gobernador en el actuar legislativo es una práctica añeja.

A lo largo de tres años, el Congreso que antecedió al actual, desechó únicamente cuatro de las 149 iniciativas que envió el ex mandatario, Mario Marín Torres.

Entonces Leonor Popocatl encabezaba los trabajos de la bancada panista. Fiel a su costumbre criticó que el Congreso estuviera al servicio del gobernador. Hoy por hoy Acción Nacional parece olvidar lo que criticó en el pasado.

Con el apoyo del PAN y el PRI, Rafael Moreno Valle ha seguido los pasos de su antecesor, la diferencia radica en que se adjudicó el papel de “Gran Legislador” antes de asumir la titularidad del gobierno estatal.

En diciembre de 2010, ames y medio de dejar el cargo, los entonces diputados del albiazul, Manuel Janeiro y Soledad Domínguez, impulsaron varias iniciativas, todas a favor del Poder Ejecutivo.

El paquete reformaba la Constitución del Estado, la Ley de Deuda Pública, la de Contabilidad Presupuestal, el Decreto que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Servicios de Salud, así como la Ley Orgánica, ésta última permitía al titular del Ejecutivo ausentarse por 15 días sin notificar al Congreso.

De manera sorpresiva la bancada priísta las avaló, les bastó una semana para analizar y avalar los proyectos, aun cuando a lo largo de los tres años fueron pocas las iniciativas del PAN que lograron trascender en una Legislatura integrada en su mayoría por militantes priistas (26 de 41 diputados).

A la par surgieron rumores sobre un posible pacto entre los gobernadores, electo y en funciones, para blindar a Mario Marín Torres de un posible escrutinio administrativo. Las dudas incrementaron cuando éste último solicitó una línea de crédito de 2.5 millones de pesos a favor de su sucesor, argumentando que esto le daría margen de maniobra para obra pública durante los primeros meses de trabajo, ya que los recursos federales llegarían a la entidad de manera atrasada.

En enero de 2011, acuatro días de dejar el cargo, con 38 votos a favor, dos en contra y una abstención, los diputados aprobaron el endeudamiento. La era de Rafael Moreno Valle como “Gran Legislador”, había iniciado.

Primer Periodo

Foto: Rodolfo Pérez

Tres días habían transcurrido desde que el gobernador asumió el cargo cuando los nuevos integrantes del Congreso recibieron el primer paquete de nueve reformas entre ellas la Nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, la ley de Extensión de Dominio y el incremento de penas por el delito de despojo.

Los diputados iniciaron el análisis de los temas propuestos por el Ejecutivo de forma inmediata, no sólo los proyectos antes mencionados, también los enviados a lo largo del Primer Periodo Ordinario.

El estudio elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) refiere que de las 20 iniciativas morenovallistas, 16 fueron aprobadas, lo que representa el 80 por ciento. En tanto, el Poder Legislativo presentó 15 y ninguna fue aprobada.

Pero dicha evaluación sólo contempló los proyectos que el Ejecutivo hizo llegar durante el Primer Periodo Ordinario (15 de enero al 15 de marzo del 2011) y no consideró el receso entre éste y el Segundo Periodo (16 de marzo al 25 de mayo de 2011).

En un análisis realizado por Lado B se pudo concluir que en ambas etapas (Periodo 1 y receso) Moreno Valle envió 26 iniciativas. La mayoría fueron aprobadas en distintos momentos del primer año de trabajos.

La iniciativa que proponía la derogación de los delitos de Difamación y Calumnia del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, causó polémica. Ambos fueron sustituidos por el delito de Daño Moral (artículo 1958), es decir, cuando alguien sufre afectaciones en sus “sentimientos, sus afectos, decoro, prestigio, reputación, aspectos físicos, y en general aspectos relacionados con su privacidad”.

Los diputados aprobaron que si alguien se siente agredido podrá emprender un recurso legal (artículos 1958 Bis y 1958 Ter del Código Civil para el Estado de Puebla) contra el autor del Daño Moral. El tema involucró a representantes de medios de comunicación, ya que los afectados por comentarios emitidos podrá emprender acciones legales.

Los denunciados cuentan con ocho días para sustentar sus publicaciones, de no ser así están obligados a cubrir una sanción económica de hasta 85 mil pesos, pero la ventaja, dijo el gobernador, es que “no volverá a haber una Lydia Cacho jamás, cualquier periodista podrá expresarse con libertad sin el riesgo de pisar la cárcel”.

Segundo periodo

A diferencia del Primer Periodo Ordinario, en el Segundo (2 de junio al 28 de julio de 2011) los diputados sí avalaron sus propias iniciativas: seis de 55 presentadas.

El gobernador aún marcaba la pauta del trabajo legislativo, ya que considerando el periodo de receso (1 de agosto al 12 de octubre de 2011), había mandado 14 iniciativas de ley, según los documentos publicados en el sitio Web del Congreso.

En el Segundo Periodo, los trabajos se centraron en transformar el Sistema de Justicia Penal a través de modificaciones a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de Reinserción Social, al Código de Procedimientos Penales (CPP), a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla.

Prácticamente el gobierno del estado se vio obligado a impulsar el proyecto debido a que la federación ordenó hacer los cambios desde 2008, para ello otorgó tres años para que cada entidad los concretara. Con el tiempo encima los diputados recibieron, analizaron, modificaron y aprobaron las iniciativas en cinco días, con esto Puebla fue de los últimos estados que cumplió con el mandato federal.

Las reformas en materia electoral también fueron prioridad para el Ejecutivo y en consecuencia para el Congreso local.

El argumento fue que era necesaria la concurrencia (homologación) de los procesos electorales locales con los federales a partir de los comicios de 2018.

Moreno Valle no encontró oposición de ningún grupo parlamentario, ni siquiera del PRI, pues su iniciativa fue aprobada por unanimidad.

A partir de ello los poblanos tendrán un gobernador de 22 meses, sus sucesores permanecerán en el cargo por seis años. Además los periodos de campaña y precampaña para procesos electorales locales se redujeron, ambos se fijaron en 60 y 40 días, respectivamente, y no en 90 y 60 días como estaba establecido.

Tercer periodo

Foto: Joel Merino.

En la víspera del inicio del Tercer Periodo Ordinario, los 41 diputados se reunían con miembros del gabinete, la intención era informar a los diputados que enviarían 19 iniciativas al Congreso local. A la fecha ha recibido 16.

Aunque en su momento el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, no detalló el contenido de las mismas, a lo largo del Tercer Periodo (20 de octubre al 15 de diciembre) el mandatario hizo llegar iniciativas relacionadas con la intervención de comunicaciones privadas, con los delitos de narcomenudeo, extorsión, lavado de dinero, desaparición forzada de personas, así como la Ley de Transparencia.

Ésta última fue catalogada como un asunto relevante para el Congreso y para el Ejecutivo, por tanto, ambos trabajaron de manera conjunta para integrar la nueva Ley que costó “sangre sudor y lágrimas”, reconoció ante el Pleno la diputada panista, Josefina Buxadé Castelán.

Pese a ello, expertos en la materia criticaron el texto debido a que sus exclusiones impedirían que fuera catalogada como una ley de avanzada, como prometieron Moreno Valle y diputados locales. A medias, las voces fueron escuchadas.

Las excepciones

Si bien los proyectos del gobernador ha sido una prioridad para los diputados, sólo una minoría fueron censurados por cuestiones ideológicas, porque su análisis y posible aprobación pudo esperar, o simplemente porque no representan interés colectivo.

El primero en postergarse fue la derogación del delito de bigamia contemplado en los artículos 280, 281 y 282 del Código de Defensa Social. Los principales detractores fueron diputados que acompañaron al mandatario en el proceso electoral: Juan Carlos Espina Von Roerich (PAN), Miriam Galindo Petriz (PAN) y Erick Cotoñeto Carmona (PRD).

La propuesta gubernamental se fundamentaba en eliminar el encarcelamiento de quienes cometan dicho delito, aún cuando sí contemplaba una sanción económica y la posibilidad de considerarse como una causal de divorcio; sin embargo los legisladores opinaron que la despenalización de la bigamia traería consecuencias morales, económicas y jurídicas.

Las iniciativas morenovallistas que protegen los derechos de las mujeres también se excluyeron.

En octubre del año pasado, el Congreso recibió la propuesta para tipificar el delito de feminicidio, a fin de que los trasgresores reciban penas de hasta 70 años de prisión.

El tema fue turnado a las Comisiones de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, así como la de Derechos Humanos para su análisis; a la fecha ni siquiera han sido enlistados para su discusión.

Tampoco uno de los temas tabú para los diputados, no sólo de la actual Legislatura sino de sus antecesores: el aborto.

Dos semanas después que Moreno Valle solicitará la tipificación del feminicidio, hizo llegar al Congreso la iniciativa para eliminar la pena corporal contra mujeres que interrumpan su embarazo voluntariamente.

La propuesta elimina las sanciones que van de seis meses hasta seis años de prisión -artículos 342 y 343 del Código de Defensa Social-, pero obliga a las mujeres que comentan esta falta a pagar una multa económica y a someterse a “tratamiento médico integral en libertad en instituciones de salud pública” (artículo 342 de la iniciativa).

Los partidos reaccionaron, la mayoría de manera negativa.

Acción Nacional dijo que su postura es “defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural”; Movimiento Ciudadano, a través del diputado José Juan Espinosa, celebró la propuesta; en el PRD hubo opiniones encontradas; mientras que la bancada del PRI, en voz de su coordinador, José Luis Márquez, se deslindó y otorgó la responsabilidad de fijar un posicionamiento a “las mujeres de su partido”.

Así, ninguno de los tres temas mencionados ha sido analizado por los diputados.