• La ley incluye una «traba» al obligar al solicitante a ratificar su petición personalmente en la CAIP en caso de estar inconforme con la respuesta

Ernesto Aroche | Joseline Santos

@earoche @Joss_Santos

Hubo que esperar casi de 11 meses para que el gobierno del estado y el Congreso presentaran su iniciativa de Ley de Transparencia, una propuesta que llegó sin tocar el secreto bancario y la apertura de fideicomisos, sin prueba de daño ni de interés público y con una traba importante en el procedimiento para acceder a la información.

Aunque el documento, que costó “Sangre, sudor y lágrimas” –como dijo la diputada Josefina Buxadé–, también incluye mejoras sustanciales en la materia como incluir a los partidos políticos como sujetos obligados, y ampliar el catálogo de información que podrá consultarse desde la páginas de transparencia con temas como las cuentas públicas y los contratos de obra y el presupuesto asignado a Comunicación Social.

La propuesta también soluciona los problemas de inconstitucionalidad que tiene el marco normativo actual al eliminar la multiplicidad de comisiones y dejando a cargo de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) la transparencia municipal, estatal, la de los poderes judicial y legislativo, la de los organismo autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos, y la de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Aunque, como se recordará, el presupuesto para la CAIP lejos de aumentar previendo sus nuevas facultades disminuyó. La Ley de Egresos que fue aprobada por los diputados la semana pasada redujo de 12 a 11 millones la bolsa de recursos que tendrá a su disposición en 2012 el organismo.

De aprobarse la ley tal como fue presentada, y se puede prever que así sea dado que llegó firmada por los coordinadores parlamentarios de las siete fuerzas políticas representadas en el Congreso, otorga una prórroga no menor a seis meses para cumplir con las nuevas disposiciones. Se otorga además un plazo de un año para que el gobierno del estado presente el reglamento de la nueva ley.

Y junto con la iniciativa también llegaron un grupo de tuiteros para recordar a los legisladores vía a esta red social, pero también en persona los 12 puntos prioritarios que Actívate por Puebla pidió se incluyeran en la ley.

Joel Merino

“Diría que (la Ley) ha costado, por lo menos en sentido figurado, sangre, sudor y lágrimas, pero ya está aquí (…) todos los que hemos trabajando en ella hemos defendido nuestras posturas y hemos tenido que ceder para conseguir la iniciativa que estamos presentando”.

Josefina Buxadé Castelán, presidenta de la Comisión legislativa de Acceso a la Información Pública.

Especial

“El sangre, sudor y lágrimas será que esta Legislatura, con los elementos que ya tiene, pueda tener el mecanismo necesario para meter a la cárcel a todos aquellos que nos defraudaron, que nos fallaron, que no cumplieron, que en lugar de servir se sirvieron (…) lo he señalado, metan a la cárcel a uno y si no lo meten por lo menos que regrese lo que se llevó”.

Víctor Hugo Islas, diputado del grupo parlamentario del PRI.

Los puntos opacos

En el tintero quedaron 2 de los 12 puntos que el conglomerado de universidades, cúpulas empresariales y organismos no gubernamentales agrupados como Actívate por Puebla calificó como “prioritarios”.

Puntos no menores como la eliminación del secreto fiduciario y bancario, y la apertura de los fideicomisos creados con recursos públicos.

También quedaron fuera la prueba de daño y la prueba de interés público, figuras jurídicas que por un lado obligan a las autoridades a demostrar el daño que implica hacer pública cierta información antes de reservarla, y por el otro permiten a la CAIP contraargumentar demostrando que el interés público puede ser mayor que el daño. En concreto son herramientas que reducen la posibilidad de mantener opaca cierta información.

Aunque lo que más llama la atención es la traba que se incluyó en el artículo 77 de la ley, que obliga a los ciudadanos a presentarse ante la comisión para ratificar el recurso de revisión en caso de que este sea presentado por vía electrónica.

“Para el caso de interponer el recurso por medios electrónicos será necesaria la ratificación del mismo dentro de los cinco días hábiles siguientes a su interposición. Si el domicilio del recurrente se encuentra dentro del lugar de residencia de la Comisión, deberá hacerlo de forma personal; en caso de que este tenga su residencia en otra localidad deberá remitir escrito libre firmado. En caso de que no sea ratificado en tiempo y forma, el recurso se tendrá por no interpuesto”.

La ratificación era un tema que se incluyó desde la reforma que se hizo en el 2008, pero dicha la ratificación se hacía por vía electrónica y aun así resultó una traba en el procedimiento.

Imagen: congresopuebla.gob.mx

“Ya tomaron como numerito faltarle al respeto al Congreso, vienen (Actívate por Puebla) y nos ponen una piedra allá afuera, como si nosotros fuésemos los autores de la ley anterior. Vienen y plantan una piedra so pretexto que todos los días nos acordemos que había que hacer la Ley de Transparencia, pues ya la hicimos, ahora espero que los señores tengan la generosidad de venir a retirar su monolito y ponerlo en un jardín de la ciudad”.

Héctor Alonso Granados, diputado del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

Foto: EEF.

“Hay que reconocer que aún faltan algunas cosas que en el futuro deberán ser evaluadas por ésta o por otras Legislaturas, y hacerlo mejor, entre ellos el costo de la copia certificada para quienes quieren tener acceso a ella, es saludable que el acceso a la información sea gratuito”.

Enrique Doger Guerrero, diputado del grupo parlamentario del PRI.

 

 ¿Entre las cinco mejores?

La iniciativa tendrá que pasar todavía la prueba del fuego, es decir el análisis de las organizaciones Fundar y Artículo 19 y su Índice del Derecho al Acceso a la Información en México (IDAIM), y ubicarse como una de las cinco mejores leyes del país en la materia, como prometieron en campaña tanto el gobernador Rafael Moreno Valle como el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Mario Riestra Venegas.

Foto: Joel Merino

“Como gobierno debemos tener la práctica de colocar la información en una vitrina pública, y las acciones del Congreso son ejemplo de ello. Hoy, en el desarrollo de esta sesión no tendría que instrumentarse ninguna acción que aleja al ciudadano de conocer el comportamiento de sus diputados, como lamentablemente lo estamos viendo (se impidió el acceso al salón de Plenos)”.

José Juan Espinosa Torres, diputado del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

LEY TRANSPARENCIA del Estado de Puebla