• El pasado 6 de agosto rafaguearon la casa del presidente auxiliar de Tacopan

• Al interior de la casa se encontraba el dirigente local del PT, Atanasio López Rojas

• Dos militares fueron detenidos por la comunidad, sin embargo un tercero logró escapar armado

Juzgado Mixto de Tlatlauquitepec. Foto: Joel Merino.

Josué Mota

@motajosue

La noche del pasado 6 de agosto un par de militares en activo dispararon contra un grupo de personas que estaba reunido en la casa del presidente auxiliar de Tacopan, perteneciente al municipio de Atempan, Adrián Juárez Contreras, entre las que se encontraba Atanasio López Rojas, dirigente local de Partido del Trabajo (PT). A raíz de estos hechos, las autoridades ministeriales y judiciales han mostrado dilación para que se sancione a los responsables.

Atanasio López Rojas dijo que aquella noche ocurrieron dos balaceras: la primera fue alrededor de las nueve de la noche y sólo dispararon entre dos y tres veces contra la fachada de la casa, pero los agresores regresaron unos minutos después y dispararon entre 40 y 50 cartuchos, algunos de los cuales estuvieron muy cerca de herirlo, pero se pudo resguardar en una zanja.

Cuando los que dispararon se quedaron sin balas, huyeron por las calles de Tacopan hasta que llegaron a un callejón sin salida donde los pobladores lograron atrapar a dos ellos, uno más consiguió escapar armado. Los ciudadanos llamaron a la policía y entregaron a los dos sujetos, quienes fueron trasladados a la Comandancia de la Policía Municipal.

Foto: Joel Merino.

“Cuando se los entregamos a los policías les iban diciendo a los militares: ‘pendejo, para qué te dejas agarrar’”, dijo López Rojas, y asegura que hasta hubo intentos de los policías municipales y de funcionarios del ayuntamiento de Atempan de esconder las armas que al momento de la detención portaban los militares, quienes tras varias horas fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público (MP) de Tlatlauquitepec.

López Rojas dijo que en el MP los funcionarios se negaban a tomarle su declaración e incluso en un momento lo dejaron a solas con los dos detenidos y uno de ellos le dijo ‘tú ya eres hombre muerto, date por muerto’.

Tras ese proceso, supo que los nombres de los detenidos son: Marcelino González Gaspar, quien tiene el cargo de capitán de Caballería del 16vo regimiento y Miguel Ángel Chim Estrella, sargento segundo de Caballería del mismo regimiento, quienes estaban francos el día de la agresión.

Durante la fase en la que se integró la averiguación previa, los militares estuvieron detenidos, pero posteriormente obtuvieron un amparo y actualmente enfrentan el proceso judicial en libertad, aunque están acusados de los delitos de daño en propiedad ajena y ataques peligrosos, de acuerdo con el expediente judicial 61/2012/Tlatlauqui.

El pasado 30 de enero, seis meses después de ocurrida la agresión, se realizaría una audiencia entre las víctimas y los militares, sin embargo no ocurrió debido a que los funcionarios del Juzgado Mixto de Tlatlauquitepec salieron a atender asuntos relacionados con su situación laboral, tales como firma de contratos y cobro de quincenas.

Atanasio López Rojas dijo que en un par de ocasiones el abogado de los militares le ha ofrecido 500 mil pesos  a cambio de que desista de la denuncia que interpuso, pero lo ha rechazado, y es que asegura que quiere saber quién o quiénes ordenaron que los militares lo atacaran.

Foto: Joel Merino.

Dentro de toda esta trama, llama la atención que de acuerdo con algunas versiones de los testigos, el día en que ocurrió la agresión, el presidente municipal de Atempan, Antonio Basilio Ortiz, realizó una fiesta a la que habrían acudido los militares detenidos y el otro que logró huir.

Por otra parte, el coordinador del grupo parlamentario del PT, Pedro Vázquez González y el vicecoordinador del mismo grupo, Enrique Ibarra Pedroza, han hecho un llamado para que las autoridades lleven el proceso judicial apegado a la ley.

“Exhortamos a las autoridades ministeriales y a los jugados para que actúen con imparcialidad y rectitud, tal y como ordenan la Constitución y la leyes, de forma que apliquen la justicia con independencia de la adscripción de los presuntos responsables y siempre dentro los límites de la jurisdicción civil».