Foto: Joel Merino

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

A menos de dos semanas que concluyan las actividades del primer año legislativo, los diputados podrían aprobar la Ley Orgánica del Congreso local, la Ley de Transparencia y las iniciativas en materia penal que envió el Ejecutivo hace unos días

Según el calendario, al Tercer Periodo Ordinario le resta la celebración de dos sesiones plenarias: la del jueves 8 de diciembre y la del 15 de este mismo mes. Ante el cúmulo de temas a tratar, el presidente del Congreso, Guillermo Aréchiga Santamaría, adelantó que podrían convocar una tercera sesión para la próxima semana.

Esto debido a que pretenden desahogar temas como la Ley Orgánica del Poder Legislativo que fue presentada al Pleno durante los últimos días del mes de julio, pero la falta de consensos entre los 7 grupos parlamentarios postergó su aprobación.

Tras casi 5 meses de trabajo, análisis, modificaciones y negociaciones entre bancadas, el proyecto está listo, aseveró el diputado de Nueva Alianza.

Entre las modificaciones realizadas a la iniciativa original destacó que la titularidad de la Mesa Directiva (órgano de conducción de los trabajos del Legislativo) será asignada para un partido por un periodo de 6 meses que permitiría conservar los equilibrios, abrir espacios para la negociación política y reconocer la pluralidad en el Congreso, detalló.

Si bien pretenden aprobar la nueva Ley antes del 15 de diciembre, la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales no ha iniciado el análisis de la iniciativa, por lo que en próximos días deberá convocar a sesión para tratar el tema, elaborar un dictamen y turnarlo al Pleno a fin de que sea votado a favor o en contra por los 41 diputados locales.

“Se ha venido trabajando, efectivamente no al interior de la Comisión, pero sí con compañeros diputados integrantes de la Comisión, entonces creo que lo que va a suceder es que tan pronto tengamos afinado el documento y habiendo hecho esta última revisión se presentará el dictamen de la Comisión de Gobernación para desahogar lo que la ley marca del proceso legislativo, pero me parece que con el nivel de consenso que tiene creo que podrá aprobarse rápidamente”.

Ley de Transparencia

Foto: Cortesía.

La Ley de Transparencia también es un tema prioritario para el Legislativo, aseveró Guillermo Aréchiga, quien no descartó que sea aprobada en estos días, aun cuando el proyecto no ha sido presentado al Pleno.

Según el trámite parlamentario, cualquier proyecto debe ingresar al Congreso durante sesiones plenarias, a fin de que sean turnados a comisiones. Los integrantes de estas últimas elaboran un dictamen que se regresa al Pleno donde finalmente es votado a favor o en contra. Este procedimiento no se ha realizado, aún así existe confianza de que el tema sea discutido y aprobado.

“No lo descarto (que se presente el jueves al Pleno) y también quiero decirles que dado el tiempo que tiene de trabajo, yo creo que será un tema que una vez que esté afinado tendrá también un alto nivel de consenso”.

Aún con estas condiciones, el presidente del Congreso garantizó que no se aprobará al vapor, pues pese a que la iniciativa no ha ingresado, subrayó que los integrantes de la Comisión de Transparencia sí la conocen pues han trabajando en el tema desde hace varios meses.

Al inicio del Segundo Periodo Ordinario (15 de octubre), la diputada Josefina Buxadé Castelán, autora del documento, reveló a Lado B algunos aspectos que hasta entonces consideraba la nueva Ley. Entre ellos destacan:

• La inclusión de los partidos políticos (propuesto por el PRI) y organismos autónomos que operan con recursos públicos –entre ellos la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) — como sujetos obligados.
• Se implementan las figuras Prueba de Daño (justificación de que información reservada causaría una lesión al interés público) así como la Prueba de Interés Público (la Comisión determinaría si la información clasificada como reservada es pública).
• Establece que la información catalogada como reservada se mantendrá en este status hasta un periodo no mayor a 7 años, siempre y cuando se compruebe que su publicación causaría daño a la gobernabilidad o en materia de seguridad, es decir, que se encuentre en procedimientos e investigaciones.
• Sobre este último los sujetos obligados podrán solicitar una ampliación, de obtenerla contarán hasta con 5 años como máximo.
• La Ley agrega un capítulo especial de sanciones. En caso que los sujetos obligados se nieguen a otorgar información las penas serán: amonestaciones privadas y/o públicas, sanciones económicas, hasta inhabilitación, según lo establece la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
• Define obligaciones generales de transparencia para todos los sujetos obligados.
• Define obligaciones particulares de transparencia para el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los 217 Ayuntamientos, los partidos políticos, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electora y la CAIP, entre otros.

Lo anterior fue celebrado por organizaciones, pero sugirieron la adición de algunos factores que garantizarían avances importantes en la materia.