Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Foto: Joel Merino.

Este jueves el Congreso del estado podría aprobar la Ley de Educación Superior, una iniciativa que presentó  el jueves pasado el coordinador de la bancada panista en el Congreso del estado, Mario Riestra y en cuya redacción participó el conglomerado de universidades, cúpulas empresariales y organizaciones no gubernamentales llamado Actívate por Puebla.

Una propuesta que incluye estrategias para involucrar al sistema educativo en procesos de internacionalización y mayor integración social, y busca normar la entrega de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Pero también se trata de una iniciativa que a ratos resulta ambigua, pues por un lado excluye a todo el sistema educativo tecnológico y al normal de ser regido por este marco normativo y por el otro lo incluye en algunos apartados.

Tampoco está claro, como lo planteó el viernes pasado el titular de la Dirección General del Medio Universitario de la Ibero Puebla, Noé Castillo Alarcón,  qué va a pasar con los estudiantes cuyas universidades sean cerradas por no cumplir con la nueva normativa.

Lado B revisó la ley para ofrecer sus 10 puntos para comprender mejor la propuesta:

• 1.- Se trata de una ley que busca elevar la calidad educativa de las escuelas de educación superior particulares; pues el sistema educativo estatal –descentralizado o desconcentrado–,  las escuelas normales y las autónomas (como la BUAP) quedaron excluidas de dicha propuesta y se regirán por sus propias normas y leyes o por ordenamientos federales.
• 2.- Limita el uso de la denominación “Universidad” a todas aquellas instituciones que no cumplan con ofrecer al menos cinco licenciaturas en tres áreas distintas del conocimiento, una de las cuales deberá ser del área de ciencias y humanidades. Por debajo de ese mínimo las instituciones sólo podrán denominarse “institución universitaria”.
• 3.- Se crea un Sistema Estatal de Instituciones de Educación Superior como una herramienta para elevar la calidad de la educación que se imparte, y establece que esta será evaluada por “organismos públicos o privados nacionales o extranjeros reconocidos”, entre ellos el CIEES, los organismos acreditadores reconocidos por el COPAES, el CONACYT y la FIMPES
• 4.- La SEP, o la autoridad educativa, está obligada a generar y publicar un padrón de Instituciones de Educación Superior que incluya sus planes de estudio, y un padrón de Instituciones y organismos evaluadores y acreditadores
• 5.- La autoridad educativa seguirá siendo el único ente facultado para autorizar la apertura de nuevas Instituciones de Educación Superior y programas académicos.
• 6.- Se crea la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) que estará integrada por el secretario de Educación Pública, sus dos subsecretarios, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,  y representantes del CONACYT, de la Universidades Tecnológicas, de la Universidades Politécnicas, de los Institutos Tecnológicos, de las Escuelas Normales Públicas y Privadas, y de las instituciones con RVOE otorgado por la Autoridad Educativa, estatal y federal.
• 7.- Los RVOEs tendrán una vigencia de 5 años con posibilidad a dos refrendos al menos, luego de ser evaluados por organismos calificadores. Una vez aprobada la nueva ley todos las Instituciones de Educación Superior de carácter privado tendrán que evaluar sus programas de estudio que cuenten con un RVOE en un periodo de tres años
• 8.- Se creará una Firma Electrónica Avanzada para agilizar la expedición de certificados, títulos, diplomas y grados para la autenticidad del documento
• 9.- La SEP otorgará tres tipos de reconocimiento para las IES: inicial, para las IES de nueva creación; de agilización de nuevos programas educativos, para las que tengan al menos 10 años ininterrumpidos con el RVOE correpondiente; y el académico superior para aquellas IES que al menos el 50% de sus licenciaturas y 20% de sus maestrías sean “de buena calidad” y tengan 10 años operando en el estado de Puebla.
• 10.- La SEP deberá promover la “internacionalización” mediante apoyos y simplificación de los procesos especialmente en los relacionados con la movilidad de estudiantes y académicos y el proceso de doble titulación.