• Pese a que ya fue destituido de su cargo por el Congreso del Estado, Porfirio Loeza sigue en su cargo como presidente municipal de Tlatlauquitepec

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

Hace casi dos meses, el Congreso local destituyó a Porfirio Loeza Aguilar de su responsabilidad como edil del municipio de Tlatlauquitepec, sin embargo continúa en el puesto y ya hasta piensa en contratar una deuda pública que superaría los 28 millones de pesos.

Los regidores Lorena Bello Velasco (PAN), Jorge Alberto Guzmán Cosca (PAN), Maclovio Librado Guerrero Méndez (PAN), Filomeno Romano Bonifacio (PT) y Gonzalo Vallejo Camacho (PRI), revelaron que el todavía munícipe manifestó la intención de adquirir una línea de crédito para proyectos en la demarcación.

Esta posibilidad fue rechazada por los integrantes del cuerpo edilicio, quienes se deslindaron de la propuesta del alcalde. Además cuestionaron la forma en que ha crecido su patrimonio personal, pues hace unos días compró un terreno cuyo costo superó los cinco millones de pesos.

Por ello exigieron al Congreso local que publique en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo fincado durante la sesión extraordinaria celebrada el 28 de septiembre, dónde 34 diputados avalaron el dictamen presentado por la Comisión Inspectora en el que revocaban el mandato a Loeza Aguilar por no comprobar el uso de 19 millones 534 mil 471 pesos de su cuenta pública de 2006, correspondiente a su primera administración municipal.

Aunando a lo anterior, los regidores refirieron que el secretario general del ayuntamiento, José Antonio Salgado Jiménez, ya tiene el documento enviado por el Legislativo dónde notifica la revocación del mandato, no obstante el funcionario no lo ha turnado al Cabildo por lo que Porfirio Loeza sigue en el cargo.

El Congreso ya fue informado sobre esta situación desde el 25 de octubre sin que a la fecha hayan recibido respuesta.

Los cinco regidores no dudaron que “alguien” proteja al aún presidente municipal, pero prefirieron no endosarle el respaldo al Legislativo ni al gobierno morenovallista.

Es oportuno recordar que desde la tercera semana de octubre, el diputado panista, José Ángel Pedro Guerrero Herrera, exigió la intervención del presidente del Congreso, Guillermo Aréchiga Santamaría, debido a que Porfirio Loeza seguía en el cargo.

Incluso reconoció que la actitud de su correligionario despertaba sospechas de un posible acuerdo.

Y es que el munícipe ha protagonizado varios conflictos. Durante su primera gestión no pudo comprobar los recursos de ninguno de los tres años de administración, por ende el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) lo sancionó con una inhabilitación de 11 años para ocupar un cargo público.

El aludido recurrió a la justicia federal dónde el caso se prolongó por varios años, la lentitud judicial le permitió participar en las elecciones de 2010, mismas que ganó.

Meses después de asumir el cargo, el fallo del Juzgado federal fue en su contra por lo que la Comisión Inspectora decidió hacer efectiva la sanción del OFS.

El Congreso avaló el dictamen de la citada Comisión pero a la fecha Porfirio Loeza sigue en el cargo.

Además de lo anterior, el edil denunció al ex titular del OFS, Víctor Manuel Hernández Quintana, por presuntos actos de corrupción, ya que –aseveró- usó su posición en el organismo para que el Congreso lo revocara del cargo, aún cuando comprobó el uso de recursos durante su primera administración municipal.

A unos días de que surgió el problema legal, Hernández Quintana renunció a su puesto como auditor general.