Lado B

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Organizaciones no gubernamentales, colectivo, asociaciones civiles y ciudadanos manifestaron mediante una carta abierta dirigida a Juan José Sabines, gobernador de Chiapas, y al presidente Felipe Calderón, su preocupación por las recurrentes violaciones a los derechos humanos contra poblaciones indígenas de ese estado del sur del país.

En la carta con fecha 24 de octubre establecen su rechazo a que esta actitud sea parte de una política de gobierno y que, además, se agrave debido al desinterés que los gobiernos federal y estatal han demostrado con el incumplimiento de los «compromisos» que, en diferentes momentos, han establecido hacia las comunidades indígenas.

A continuación la carta completa:

Carta Pública
OSC de DH / Movimientos / Particulares

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Juan José Sabines Guerrero
Gobernador del Estado de Chiapas.

Señores gobernantes, las constantes acciones en detrimento de los derechos humanos de la población en México y, de manera particular, de Chiapas nos obligan a señalarles en esta carta pública nuestra preocupación y rechazo a que continúen con las tendencias observadas como política de sus gobiernos, entre las más recurrentes señalamos: omisión a múltiples denuncias y solicitudes de intervención hechas de su conocimiento; permitir el rompimiento del tejido comunitario y social con la polarización de los conflictos; generar condiciones de emergencia alimentaria y sanitaria en comunidades que viven bajo asedio; administrar jurídica y políticamente violaciones flagrantes a derechos humanos de poblaciones indígenas en Chiapas.

Como personas, colectivos, organizaciones y comunidades seguimos de cerca las acciones de defensa y ejercicio de derechos protagonizadas por distintos pueblos y comunidades originarias; en este proceso hemos visto la evolución de la guerra que, desde 1994 y bajo el cobijo de los tres niveles de gobierno, se implementa en Chiapas en contra de quienes han decidido poner en práctica los Acuerdos de San Andrés que fueron firmados y negados por el Estado mexicano desde 1996.

No han sido pocos, ni menores, los “compromisos” incumplidos por parte de los partidos políticos que han ocupado, en sus varias etapas, distintos niveles de gobierno; sus acciones y omisiones han postergado concretar soluciones pacificas al conflicto armado interno aún no resuelto en Chiapas. Observamos la permanente implementación de estrategias contrainsurgentes que se develan en el hostigamiento, amenazas y ataques perpetrados por cuerpos policiacos, militares y paramilitares cuyas acciones han dejado una larga lista de agravios entre las que contamos: detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones forzadas, masacres, desplazamientos forzados y despojo territorial como “método” de control social. No está de más señalar que esto es resultado del nulo desarme y desactivación de los grupos civiles armados que operan, desde 1996, en distintas regiones de Chiapas.

Resulta de mayor preocupación comprobar que estas acciones son algunas que se recomiendan implementar a partir del documento “Plan de campaña Chiapas 94” de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mismas que, hoy en día, continúan operando en contra de los pueblos y comunidades indígenas.

En los últimos dos años, de manera reiterada, las hostilidades en Chiapas han ido en aumento; la actuación de grupos paramilitares, en complicidad con servidores públicos, han convertido el despojo de tierras recuperadas, propiedad de comunidades autónomas, en pago como botín de guerra.

Múltiples son las intervenciones que se han hecho de conocimiento al gobierno estatal para que se detengan las acciones que atentan contra distintos derechos, a saber: Derecho a la autodeterminación, vida e integridad personal, alimentación, territorio, educación, salud y paz de individuos, familias y comunidades de Chiapas. La respuesta de todos los niveles de gobierno ha sido el silencio y la omisión, perpetuando así la violación a derechos humanos y ahondando la estructural impunidad e injusticia de la cual hemos sido testigos en experiencias propias.

Por si esto fuera poco, el discurso oficial del gobierno de Chiapas ha convertido el respeto a los derechos humanos en slogan publicitario favoreciendo la simulación que atenúa graves faltas en perjuicio de la población en general. El uso mediático del lenguaje no sólo ha costado cifras millonarias que salen del erario estatal, por cierto cada vez más endeudado, el costo más alto es el de cientos de vidas y comunidades condenadas al olvido, marginación e injusticia estructurales en que ha estado sumido el estado sureño de Chiapas desde tiempos inmemoriales.

Hoy, sobra enumerarles los pactos, tratados y convenios que sus gobiernos han firmado y ratificado sobre el estrado que distintos organismos de Derechos Humanos les han confiado. Hoy, y siempre, dejamos constancia de la fragilidad en que están colocando las débiles condiciones de “paz” en medio de este contexto de guerra.

Finalmente advertimos que, bajo este escenario, las comunidades autónomas en resistencia cuyas poblaciones lo constituyen civiles Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), son quienes están en el foco de una posible confrontación y, por ende, reactivación de hostilidades como las que guardamos en la memoria colectiva del México agraviado.

Información de Cencos. Aquí la carta y sus firmantes.