Lado B
Los sueños en la CELAC y las pesadillas en Chiapas
Por Nodo de Derechos Humanos @nodho
21 de septiembre, 2021
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En el homenaje a Simón Bolívar, el presidente López Obrador dió un elocuente mensaje sobre la unidad latinoamericana y la importancia de resistir a las imposiciones de superpotencias como Estados Unidos. Poco después, en la declaratoria final de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se enumeran una serie de reivindicaciones de soberanía y fraternidad entre las naciones. Mientras eso ocurría en los palacios del poder en México, en el sureste mexicano, específicamente en la esquina que se llama Chiapas y que es a veces la puerta y a veces el muro entre México y América Latina, la realidad era la de una guerra silenciada.

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Cualquiera, bueno no, no cualquiera, pero sí quienes habían querido ver alguna vez a un presidente mexicano plantarse con firmeza frente a Estados Unidos y a favor de los países más agredidos por los gobernantes de la Casa Blanca, seguramente sentirían orgullo con el juego de símbolos de resistencia continental y anti-imperialistas que desplegó López Obrador desde la ceremonia del 16 de septiembre hasta las reuniones de la CELAC.

Lo malo, lo grave, lo terrible, es cuando el juego geopolítico de arriba se convierte en un estruendo que oculta los gritos de dolor de abajo. El secuestro de José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, zapatistas e integrantes de la Junta de Buen Gobierno «Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad» y el asesinato de Domingo Sántiz Jiménez en Chenalho, hace inevitable recordar el asesinato del maestro zapatista Galeano en el 2015 y toda esa estrategia de agresión paramilitar que cada gobierno chiapaneco ha lanzado contra las comunidades zapatistas siempre, incluso ahora, con la complicidad activa o silenciosa de la presidencia.

La guerra silenciada en Chiapas está en riesgo de escalar ante la incesante provocación paramilitar que grupos como la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo  (ORCAO) lanzan contra el EZLN, con la impunidad que les permiten el gobierno chiapaneco y el gobierno federal. Lo que no miden Morena, el PVEM, el gobernador de Chiapas ni el presidente de México es la autoridad moral con la que se están metiendo y a la que han querido minimizar y negar cada gobernador desde Absalón Castellanos hasta Rutilio Escandón, y cada presidente desde Carlos Salinas hasta López Obrador.

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El EZLN no es cosa del pasado aunque le incomode a quienes hoy deambulan los pasillos del poder. Agredirlos a ellos es agredir a los miles de movimientos, comunidades, colectivos, personas de México y del mundo, desde la Selva Lacandona hasta el Kurdistán, en los que sigue resonando su voz, enseñanza y sus demostraciones de profunda y auténtica preocupación por la humanidad.

La preocupante situación de guerra en Chiapas demuestra una vez más que las viejas estrategias de desestabilizar comunidades y estados enteros para obtener mayor control político siguen siendo cotidianas, ahora es Rutilo Escandón, y una de las caras de Morena, quienes están dispuestos a cometer crímenes para obtener beneficios y perseguir metas de grupo. Son crímenes de poder que aunque pretenden golpear a la 4T implican crímenes en los que existe responsabilidad Estatal, por la omisión sistemática de López Obrador ante la situación de creciente violencia contra las comunidades zapatistas y porque la Guardia Nacional, como en otros ataques contra comunidades indígenas, ha resguardado a los paramilitares, ha contemplado la ejecución de crímenes, los ha permitido en lugar de evitarlos o frenarlos.

Si algo caracteriza a la administración de López Obrador es una especie de esquizofrenia política, en la que gente honesta y crítica, atrapada y sometida por la corbata gubernamental, le apuesta al pragmatismo terco y a la connivencia con el presidente. La administración federal actual ha optado por una reedición de “ni los oigo ni los veo” en la situación de Chiapas. Con tal de no dar juego a los oportunismos de las élites “opositoras”, están encubriendo crímenes y dejando que el paramilitarismo crezca bajo el cobijo y financiamiento, aunque sea indirecto, del Estado.

Encubrir criminales, solaparlos, hacer teatros para aparentar que se busca perseguir a los culpables de crímenes de Estado y crímenes de lesa humanidad ejecutados desde 2006 y anteriores, es parte de esa responsabilidad estatal que al quedar en retórica, poco a poco, está terminando en la configuración de nuevos crímenes de Estado, pero ahora a manos de la compleja red de intereses y tensiones que es la 4T.

Estamos ante un escenario no muy lejano a 1994, pero esperemos que, a diferencia de los momentos de clímax internacional del salinismo, en estos momentos de clímax internacional de la 4T las pocas personas honestas y sensibles que todavía logran llegar a los oídos de López Obrador le lleven consejos críticos y sabios, porque está en juego muchísimo más que “un problema agrario entre comunidades”.

En el punto 26 de la declaratoria final de la reunión de la CELAC dice que “reafirma su compromiso con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas u originarios». Muchas declaratorias pueden estar sujetas a interpretaciones y puntos de vista, pero entender este “compromiso” como favorecer la acción impune de paramilitares contra comunidades indígenas, en un afán de ver si la crítica más auténtica y legítima a este gobierno y el mayor referente de la lucha indígena de este país desaparece, es demasiado,  va más allá de la retórica y empieza a parecer un cruel cinismo.

*Foto de portada: Wikimedia Commons

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Autor Lado B
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