La actuación de Rafael Moreno Valle Rosas al frente del Ejecutivo fue severamente cuestionada por la panista y ex secretaria de Desarrollo Social Federal, Ana Teresa Aranda Orozco, al sugerir que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) es utilizada como instrumento político para castigar adversarios o a voces críticas del gobierno.
Al responsabilizar al mandatario estatal de cualquier daño que pudiera ocurrirle a actores que se han atrevido a evidenciar su comportamiento arbitrario, la panista lamentó la forma burda en que el gobierno pretende resolver conflictos.
“Aparte se ve burdo, se necesitaría estar realmente pendejo para no entender lo que está pasando en este estado y cómo se están manejando estos hilos, porque tonto no alcanza, necesitaríamos estar bien pendejos para no entender lo que está pasando”.
En primera instancia avaló la investigación contra el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) Víctor Manuel Hernández Quintana por presuntos delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público, así como la supuesta sustracción ilícita de documentos correspondientes a las cuentas públicas del ex gobernador Mario Marín Torres.
Y es que recordó que el organismo “le perdonó a muchos, incluido el Hoyo Financiero de Moreno Valle”, mientras fungió como secretario de Finanzas en la administración de Melquiades Morales Flores.
Pese a ello, Ana Teresa Aranda se dijo preocupada por las formas “facciosas” en que se llevan a cabo las indagatorias, no sólo en los casos anteriores sino en la intervención de la PGJ para remover a trabajadores de 37 de los 39 planteles del Colegio de Bachilleres afines al Sindicato Único de Trabajadores (Sutcobp), y las denuncias que pesan sobre integrantes del mismo.
Adicional a lo anterior criticó la intención de callar un medio con trayectoria como el portal de noticias E- Consulta, a través de obstáculos que le impiden la comercialización publicitaria.
Desde su percepción, Moreno Valle está “mandando mensajes para que todo aquel que se atreva a abrir la boca que se cuide (…) es clarísimo que se están moviendo los hilos para acallar las voces que son críticas y para conseguir silencios, caravanas y aplausos permanentemente (…) con un ánimo de generar un terrible terror en la población y conseguir sometimiento”.
Por tanto sugirió a quienes han cuestionado la administración pública que pongan sus “barbas a remojar”, pues estimó que muy pronto habrá víctimas.
Tras el pronunciamiento de la panista, el gobierno morenovallista reaccionó. A través de un comunicado de prensa –numerado 386, enviado por correo electrónico, y sin logo- descalificó la opinión de Aranda Orozco al tiempo de rechazar amenazas en su contra, por ende la conminó a acudir a las instancias correspondientes a emitir una denuncia.
Aunque el comunicado precisa que los señalamientos contra el Ejecutivo carecen de fundamento y no contribuyen a construir un estado democrático, sí se aventura a asegurar que la panista pretende obtener prebendas en la administración pública o para un cargo de elección popular.
“En nada abona a la construcción de un estado democrático el que algunos actores intenten aumentar su conocimiento y popularidad atacando sin fundamento a las instituciones suponiendo equivocadamente que así lograrán una candidatura o eventualmente un puesto de elección popular”.