• Blindan las instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior; piden diputados auditoría

• Los exfuncionarios marinistas tienen «la conciencia tranquila», dice Lastiri

• Podrían abrir las cuentas públicas de Mario Marín

• Es probable que el auditor Víctor Manuel Hernández Quintana presente un procedimiento administrativo: Riestra

Foto: EEF.

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) aseguró más de 4 mil cajas con documentos correspondientes a los ejercicios fiscales de la administración marinista ubicados en el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), luego que la Comisión Inspectora del Congreso local pidió la intervención de la dependencia estatal para incautar el material a fin de evitar su sustracción ilícita.

Sin embargo la Procuraduría no dio a conocer los criterios que utilizó para asegurar únicamente los expedientes de la pasada administración, pues el comunicado enviado por el gobierno estatal no revela si también confiscaron expedientes de otros sujetos de revisión, es decir, de los 217 ayuntamientos, organismos operadores de agua, descentralizados, entre otros, que podrían ubicarse en instalaciones del OFS.

Lo que la dependencia sí precisó es que las miles de cajas aseguradas contenían información calificada como “valiosa”.

Esto luego que personal de la PGJ arribó a oficinas centrales del organismo la tarde de este lunes, debido a que diputados integrantes de la Comisión Inspectora pidieron la ejecución de una diligencia para conocer el estado que guardaban bienes inmuebles y materiales, los recursos humanos y financieros, así como expedientes, por lo que personal no pudo ingresar a sus áreas de trabajo.

Foto: EEF.

Los acuerdos se establecieron durante sesión de la Comisión, donde diputados acordaron que estarían presentes en las diligencias de la Procuraduría, aunando a que solicitarían al OFS copias certificadas, informes, mantener la presencia de seguridad pública, establecer candados digitales para evitar el robo de información –que no precisaron- y videos de vigilancia.

El resguardo de los expedientes y la intervención de la PGJ tiene el objetivo de agilizar el reestablecimiento de los trabajos de la Comisión Inspectora, que hasta el momento siguen suspendidos.

Mientras la Comisión legislativa no levante el periodo de receso, los sujetos de revisión con fecha próxima a vencer la justificación de sus cuentas públicas contarán con un periodo de prórroga para evitar afectaciones.

Al respecto, el presidente del Congreso local, Guillermo Aréchiga Santamaría, adelantó que contratarán un despacho externo para auditar las acciones que ha llevado a cabo el OFS.

Para financiar la contratación promoverán una ampliación presupuestal que además sirva para saldar el salario de empleados temporales que desahoguen el trabajo pendiente y evite mayores rezagos, así como los gastos extraordinarios.

PRI pide investigación apegada a Derecho

Foto: EEF.

El robo de supuestos expedientes que contenían información de cuentas públicas de 2003 a 2010 de la administración del ex gobernador, Mario Marín Torres, no debe ser utilizado para ensombrecer el proceso electoral federal, exigió el dirigente estatal del PRI, Juan Carlos Lastiri Quirós.

Al aseverar que ex funcionarios marinistas, entre ellos él -titular de la Secretaría de Desarrollo Social-, tienen la “conciencia tranquila”, aseveró que el conflicto no podrá ser utilizado para reabrir cuentas revisadas y aprobadas por la pasada Legislatura, ya que la ley lo prohíbe.

En el mismo sentido criticó que el procurador de Justicia, Víctor Carrancá, se apresurara a señalar que los paquetes sustraídos del OFS corresponden al gobierno de Marín Torres, sobre todo lamentó el desconocimiento en materia jurídica del funcionario quien precisó que esto podría servir para iniciar procedimientos contra ex servidores públicos.

Al igual que el procurador, el presidente estatal de Acción Nacional, Juan Carlos Mondragón Quintana, consideró es viable la apertura de los ejercicios fiscales del ex mandatario, no obstante refirió que para ello los diputados deberán legislar para modificar la ley y legalizar una nueva revisión.

Destacó que el albiazul buscará los argumentos legales para promover una nueva evaluación.

Auditor podría ser inhabilitado

El auditor general del OFS, Víctor Manuel Hernández Quintana podría enfrentar procedimientos administrativos en caso que se compruebe el robo de paquetes del organismo.

Foto: EEF.

Y es que como titular, tiene responsabilidad en las acciones que desempeña el OFS, aún cuando no haya sido él quien sustrajera las cajas o cuando no se compruebe que ordenó el traslado, según comentó el panista Mario Riestra.

Por ello –dijo- la Gran Comisión estaría facultada para inhabilitar hasta por medio año a Hernández Quintana, por ende indicó que el Congreso deberá considerar la destitución del funcionario.

Precisó que para esto el Congreso esperará los resultados de las investigaciones que realiza la PGJ y si es materia suficiente para actuar en consecuencia o convocar al auditor a comparecer.

“Nosotros podemos actuar una vez que la decisión esté fundada, y esto quiere decir que la investigación que se lleva a cabo en instancias judiciales tiene que arrojar resultados entonces estaríamos nosotros esperando estos resultados ya los tengamos de manera oficial para entonces proceder a las acciones conducentes dependiendo de los mismos”.