Foto: EEF

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

Como el “máximo represor que ha tenido Puebla” calificaron 35 organizaciones sociales al secretario de Seguridad Pública del estado, Ardelio Vargas Fosado, por lo que pidieron la intervención del Congreso del estado ante el gobierno poblano para que cese la violencia contra estas agrupaciones.

La mañana de este lunes, 35 representantes de diversas organizaciones, arribaron a la sede del Legislativo para entregar un documento en el que convocan a la mediación de diputados ante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas para ejercer su libre derecho de manifestación.

Y es que el representante de la agrupación Convicción Mexicana por la Democracia, Alberto Guadarrama Hernández, narró que en diversos municipios del estado la fuerza pública ha agredido a la población durante diversas marchas, incluso sus agremiados continúan en prisión.

“Llevan 35 agresiones a los grupos sociales de Puebla y hay detenidos, un ejemplo es de los Campesinos de Chignahuapan cuando fueron las elecciones de Juntas Auxiliares, entonces nosotros vemos que la violencia está caminando en todo el estado y eso es un régimen totalmente represivo, es por eso que nos unimos 35 organizaciones del estado de Puebla para decir ya basta a la represión”.

Por su parte el representante del Movimiento Nacional Constitucional, Raymundo Reyes Escobar, precisó que las agresiones iniciaron desde el pasado 17 de febrero, es decir a dos semanas de que Moreno Valle Rosas asumió el cargo.

Por lo anterior, las 35 organizaciones anunciaron una manifestación a las 17:00 horas de este lunes a lo largo de las principales avenidas del primer cuadro de la ciudad, con el propósito de evidenciar ante la sociedad los actos de represión y violencia de los que han sido victima.

Sin embargo para el diputado priista y secretario de la Comisión legislativa de Seguridad Pública y Protección Civil, Filiberto Guevara González, la intervención de la fuerza pública es necesaria cuando no hay disposición de entablar diálogo con las autoridades, pero sobre todo cuando se violenta el derecho del resto de los ciudadanos al libre tránsito.

“Estamos en un país libre y tiene derecho de decir lo que está bien o mal, o cuando se trabaja equivocadamente, pero no estamos de acuerdo en que afecten la economía, el tiempo de la gente para dejar a los hijos en la escuela o para ir a trabajo, o los intereses de la gente que no tiene nada que ver (…) las manifestaciones deben ser conforme a derecho”.

A su parecer el problema se origina por la deficiencia de funcionarios de segundo nivel que “no hacen su trabajo, no hacen su quehacer” como le exige su responsabilidad, toda vez que no obtienen resultados satisfactorios en las negociaciones con las organizaciones sociales.

En lo que compete al Congreso, es oportuno precisar que la Secretaría General turnará el documento a la Comisión Permanente que sesionará la mañana de este miércoles. De considerarlo necesario sus integrantes avalarán el exhorto, o en su caso, lo turnarán a Comisiones para su estudio.