“La llamada al teléfono del periodista en mayo de 2012, pocos días después del asesinato de Regina Martínez, no dejaba lugar a la duda. Al otro lado de la línea, Gina Domínguez, secretaria personal del gobernador Javier Duarte, fue contundente sobre el asesinato de la conocida periodista. No habría entrevista con el gobernador, pero sí contexto para conocer los motivos de su muerte.
-¿Ya sabe que Regina era lesbiana, no?
-No, no lo sabía. Pero tampoco es ese el motivo de mi investigación.
-Sí, tenía una vida algo disipada. Medio revuelta.
-Disculpe, en realidad solo quería entrevistar al señor Duarte, pero ¿puedo citar en el reportaje esta llamada?
-Nooo, esa información es solo para que la tenga en cuenta. Es importante que lo sepa.”
Así comienza el texto que publicó el pasado lunes el diario español El País con el siguiente titular: “Regina Martínez, el asesinato que marcó el camino para silenciar a la prensa en México”. Un trabajo que forma parte de la iniciativa colaborativa The Cartel Project, que impulsa y lidera Forbidden histories, una organización de periodistas que busca, entre otras cosas, retomar las historias detrás de los asesinatos de periodistas y los trabajos periodísticos inconclusos que les costaron la vida.
Una de las historias en la que puso su foco la OCCRP –uno de los aliados de The Cartel Project y que tal vez recuerden por la investigación de la banda de la Riviera Maya dedicada a hackear cajeros automáticos– fue a los casi dos años que pasó Fidel Herrera en Barcelona, luego de concluir su periodo como gobernador de Veracruz.
Primero hay que decir que a Fidel Herrera en Veracruz se le conoce, en voz baja claro está, como Zeta 1. Es decir, el zeta de mayor rango en ese estado. La cabeza del cartel. Hasta nuestros días, las y los reporteros solo hablan del tema bajo la promesa de que sus nombres serían reservados, nadie quiere volver a ponerse una diana en la espalda. El miedo no se ha ido.
El texto cuenta como Zeta 1 se fue a Barcelona al concluir su periodo en el gobierno de Veracruz, porque su amigo Enrique Peña Nieto lo mandó para allá.
Hace unas semanas les contaba de un par de empresas fantasmas que fueron constituidas en el Estado de México –aunque también hubo movimientos notariales de las empresas registrados en Tlaxcala– y utilizadas por la Policía Federal en 2018 para desviar recursos, en las postrimerías del sexenio de Peña Nieto.
En 2018, en la cena anual de LADO B —un evento de recaudación que este año no realizaremos porque pandemia, pero que nos permitía una interacción directa con audiencias y un ejercicio de rendición de cuentas– anunciamos que empezaríamos a revisar el tema de los linchamientos en Puebla.
Y empezamos en 2019. Fueron meses de visitas a la hemeroteca para recopilar información sobre linchamientos o intentos para después crear una base de datos. Luego hubo que limpiar esa base de datos y procesarla para extraer la información.
Para no hacerles el cuento largo, aunque sí nos llevó más tiempo del calculado inicialmente, desde el pasado lunes comenzamos a publicar el trabajo dividido en cuatro entregas.Primero los números y ahí la dimensión del problema, entre 2013 y 2019 –en un plazo de siete años– el intento de linchamientos creció en 460 por ciento. De 35 casos pasamos a 196 en el periodo. Pongámoslo así, el año pasado la prensa reportó un intento de linchamiento cada dos días.
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