Personas recicladoras, invisibles en la economía circular

Cosme López Gutiérrez, encargado de limpieza y reciclador del municipio de Chiautempan, Tlaxcala, lleva 32 años barriendo las calles y juntando los desechos para depositarlos en los camiones recolectores. Al terminar su jornada, recolecta, recicla y vende cartón por su cuenta.  

En el norte del país, Claudia Patricia Martínez Reyes, del municipio de Gómez Palacio, en Durango, trabaja desde hace 12 años como recicladora en el relleno municipal, con la empresa que obtuvo la concesión en 2016 y que nunca ha subido el precio que paga por los residuos: los trabajadores reciben lo mismo que hace una década.

Por su parte, el reciclador y vigilante Fidencio Ramírez Gaitán, del municipio de Jiménez, Chihuahua, lleva 37 años como reciclador en el relleno municipal y por las noches es vigilante del lugar. Por reciclar no recibe pago: solo obtiene ingresos de los residuos que vende. Su único salario es por la vigilancia, sin prestaciones de ley.

Estas personas recicladoras, entrevistadas por Lado B, además de pasar horas recolectando y separando basura a plena luz del sol, conviven con desechos peligrosos que ponen en riesgo su salud, y enfrentan constante discriminación social y política, sin reconocimiento de la importancia de su labor, prestaciones sociales, ni derechos laborales, en un contexto nacional que busca cambiar la dinámica de los residuos en el país.

Sin garantías ni prestaciones

La doctora Alejandra Reyes-Jaime, egresada del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM y experta en gestión de residuos y sostenibilidad, explica que si bien la recolección, separación y venta de desechos puede generar un ingreso a las personas recicladoras, se trata de una actividad con brechas de desigualdad, pues sólo quienes están contratados por algún gobierno gozan de prestaciones laborales, y ni siquiera en todos los casos.   

En promedio, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, las personas recicladoras perciben un salario mensual de 4 mil pesos, más del 50% menos que el salario mínimo actual; y si lo desglosamos por género, la brecha aumenta aún más, pues los varones ganan en promedio 5 mil pesos y las mujeres 3 mil pesos. La mayoría de quienes reciclan  (77.8%) trabaja sin protección social, acceso a seguro médico, créditos de vivienda o pensión para el retiro.  

El reciclador Cosme López ha intentado entrar, sin éxito, al sindicato 7 de Mayo en Tlaxcala, de modo que, si bien está en nómina, “si nos enfermamos (…) el ayuntamiento nos da para médico. Es como si fuera un seguro, como por fuera, privado. Entonces no cotizamos, pero quisiéramos que sí”, dice.

Claudia Patricia Martínez enfrenta otro problema: la empresa no ha cumplido con la promesa de proporcionar equipo, como zapatos, lentes, gorras y playeras de manga larga, mientras el ayuntamiento les da largas para tener una mesa de diálogo sobre su futuro laboral.

Las personas recicladoras coinciden en la demanda de un mejor salario, acceso a las prestaciones de ley, respeto hacia su trabajo, otorgamiento de equipo y mesas de diálogo con las autoridades locales. 

A nivel nacional, colectivos como el Movimiento Nacional de los Recicladores de México buscan difundir información e impulsar los derechos de las personas recicladoras.

Sin reconocimiento

El 19 de enero de 2026 se expidió la Ley General de Economía Circular, con el objeto de “cuidar y conservar al medio ambiente a través de políticas y mecanismos en materia de Economía Circular para incrementar la vida útil de los productos; minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos”.

Y si bien la Ley menciona a las “personas recicladoras de base o pepenadoras”, y establece como acción transversal del reciclaje inclusivo, “reconocer y visibilizar su aportación social, económica y ambiental, así como el desarrollo e implementación de modelos que incluyan a estas personas en la economía circular”, no regula la relación de estas con el Estado. 

Itzel de la Rosa Aguilar, maestra egresada del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM y consultora en sostenibilidad corporativa, explica que los beneficios que la Economía Circular otorgue a las personas recicladoras dependerá de cómo se aplique este modelo económico de producción y consumo sostenible, enfocado en reutilizar, reparar y renovar. 

Pero advierte que “en el tema de los recicladores, creo que nos sigue dejando muchos vacíos. Por ejemplo, si hablamos que el marco regulatorio para el tema de los residuos es en realidad la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en esa ley, en realidad, no se está gestionando qué es lo que pasa con este sector social”.

Es decir, hasta ahora ninguna ley incluye una regulación específica de este sector como parte de un sistema impulsado por el gobierno, de modo que queda en manos de quien desarrolle el modelo. 

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En algunos casos, refiere De la Rosa Aguilar, las personas recicladoras están “formalizadas” por los municipios, como ocurre en Baja California, pero “es toda una cuestión, o sea, ¿a qué le estamos llamando formalización? Posiblemente, puede ser que ellos estén trabajando en curso para los Ayuntamientos, pero que les estén pagando, por ejemplo, por ‘raya’. Entonces, no les dan absolutamente ninguna prestación más que su pago semanal o quincenal. O sea, son formales, están trabajando para el gobierno, pero no tienen ninguna prestación”, puntualiza.

Cabe agregar que la Ley General de Economía Circular aún no cuenta con reglamento, lo que impide conocer los detalles de su ejecución. 

Por otra parte, Reyes-Jaime sostiene que las empresas también son un actor importante dentro de la economía circular, ya que son la interfaz entre el recurso, el producto y su comercialización. Estas pueden incidir desde el diseño, la incorporación de materias primas secundarias, las estrategias para ampliar la vida de los productos y además, después del consumo de sus productos, pueden proceder con mecanismos de responsabilidad extendida que mitiguen los impactos de sus residuos.

Más allá de la existencia de la ley, queda por delante una ardua labor de implementación y difusión sobre sus beneficios hacia las personas recicladoras, concluyó De la Rosa.

Lo que no se nombra, no existe

Con todo y los vacíos, esta es la primera vez que en una ley se introduce el término “personas recicladoras de base”, que deja atrás el uso discriminatorio del término “pepenadores”.

“Durante un tiempo se utilizó, pero tiene una carga peyorativa, tiene una carga de connotación negativa de esas personas sucias o que eran marginados por los demás, porque justo se dedicaban a los residuos. Ahora entendemos el gran valor y aporte (de su trabajo)”, dice al respecto Reyes-Jaime.

Este reconocimiento es especialmente valioso para mujeres recicladoras como Claudia Patricia Martínez, quien además de trabajar seis horas efectivas, cada día prepara la comida para su familia, cuida a sus hijos y animales, y hace las tareas del hogar. 

Aunado a la triple jornada y la brecha salarial, Martínez enfrenta una constante estigmatización: “hay mucha discriminación hacia nosotros, de que somos los sucios, los que olemos mal (…), los ignorantes, porque dicen que no nos sabemos ni expresar. Incluso hubo un momento en que se nos dijo que no se nos entendía ni lo que decíamos, ni lo que pedíamos, ni por qué era lo que luchábamos. Es muy difícil para nosotros”.

*Esta pieza es el resultado de la beca ‘Un Polo a Tierra’ escuela de periodismo para la industrialización verde en México’, patrocinada por la organización Periodistas por el Planeta.