Megarecicladora de San José Chiapa con mismas irregularidades por las que cancelaron en Tlaxcala e Hidalgo

Por Paola Chavely Torres Nahuatlato / Escenario Tlaxcala

San José Chiapa, Puebla, ha vivido desde 2011 las transformaciones de una política industrial impulsada por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle.

Aunque conserva su vocación agrícola, la comunidad convive con el corredor industrial de Ciudad Modelo, la planta de Audi y un sitio de disposición de residuos cercano. Ahora, un nuevo megaproyecto amenaza con profundizar las tensiones sobre el futuro de su territorio: el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), respaldado por el gobernador Alejandro Armenta.

Presentado como una alternativa para enfrentar la crisis de basura, el proyecto ha confrontado a habitantes y autoridades.

Aunque el gobierno promueve su instalación, la información presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, da a conocer que hasta junio de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) de Puebla aún no tenía definidos los tipos de residuos que recibiría el complejo ni los métodos para procesarlos.

Al igual que en los proyectos de Tlaxcala y Tula, Hidalgo, el de San José Chiapa cuenta con una declaratoria para su instalación, pero las respuestas de transparencia no acreditan la existencia de los estudios ambientales solicitados.

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En julio de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla informó que no contaba con esos documentos en sus archivos. Por separado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reportó que no localizó, en las áreas administrativas consultadas, una manifestación de impacto ambiental autorizada por la dirección correspondiente.

Las respuestas emitidas por las dependencias gubernamentales no permiten conocer qué estudios respaldan la viabilidad ambiental del PODECIBI ni cómo se prevé evaluar sus impactos. Pese a ello, el proyecto respaldado por el gobierno de Alejandro Armenta continúa en el centro de la disputa con habitantes de San José Chiapa, que cuestionan la falta de información sobre la instalación.

La promesa federal de convertir la basura en recursos

El 26 de junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunciaron 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) en 14 entidades del país, como parte del Plan México.

La estrategia contemplaba Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. El objetivo era atraer inversiones, impulsar actividades productivas y generar empleos mediante incentivos fiscales e infraestructura.

Dentro de esa estrategia se planteó una figura distinta: los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), orientados a reducir los residuos y mantener los materiales en circulación mediante su reutilización, reciclaje y recuperación. El decreto federal publicado el 4 de julio de 2025 estableció que estos polos podrían albergar proyectos públicos o privados de producción sustentable, aprovechamiento de materiales y actividades complementarias de investigación y educación ambiental.

Opacidad sobre tecnología y capacidad de residuos, una constante en los PODECIBI de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala

El primer proyecto de economía circular anunciado en ese contexto se ubicó en Hidalgo. Tras una consulta ciudadana realizada el 14 de diciembre de 2025, en la que la mayoría rechazó la propuesta, el proyecto dejó de avanzar. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) formalizó su cancelación mediante la abrogación de la declaratoria del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Parque Hidalgo, luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) considerara inviable continuar ante el rechazo social.

Posteriormente, el 2 de marzo de 2026, la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que declaró el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla, en San José Chiapa, con una superficie de 40.428 hectáreas distribuidas en tres polígonos.

El documento establece que el terreno fue propuesto por el Gobierno de Puebla, al que identifica como propietario del inmueble. También justifica su selección por su conectividad carretera, disponibilidad de servicios urbanos y ubicación en una zona que concentra una población de 116 mil 327 habitantes de cinco municipios: Libres, Nopalucan, Oriental, Rafael Lara Grajales y San José Chiapa. Además, señala que el predio es propiedad pública estatal y que no se encuentra dentro de áreas naturales protegidas ni de otras zonas de conservación consideradas en el acuerdo.

Sin embargo, la declaratoria no detalla qué instalaciones se construirán, qué tecnologías se utilizarán ni qué tipos y volúmenes de residuos se procesarán. Esta falta de especificaciones también fue uno de los cuestionamientos al proyecto anunciado en Tlaxcala, cuya declaratoria para San Pedro Ecatepec, en Atlangatepec, se publicó el 8 de junio de 2026.

Solicitudes de transparencia revelan vacíos en el proyecto de Puebla

Para conocer qué se pretende construir en San José Chiapa, Escenario Tlaxcala solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) de Puebla y a la Semarnat los estudios, procesos, impactos y beneficios del PODECIBI.

Las respuestas estatales indican que, al corte de junio de 2026, los tipos de residuos que recibiría el complejo y los métodos para procesarlos todavía estaban en planeación. La SMADSOT tampoco tenía definidos los documentos técnicos, las memorias descriptivas y los estudios de factibilidad solicitados.

Las solicitudes con número de folio 762101826000160 y 762101826000161, dirigidos a la SMADSOT, permitieron identificar otros vacíos: la dependencia informó que no tenía definidos los beneficios económicos, sociales y ambientales del proyecto ni estudios que los sustentaran. También reportó que las características técnicas y diversos documentos sobre su desarrollo continuaban pendientes de definición.

Respecto a los estudios ambientales y los posibles impactos sobre el agua, el suelo, el aire y los ecosistemas, la Semarnat señaló en la solicitud 340026700293426 que no localizó, en las áreas administrativas consultadas, una manifestación de impacto ambiental autorizada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. La SMADSOT, por su parte, informó que no tenía en sus archivos los estudios ambientales solicitados.

Aunque el PODECIBI de San José Chiapa cuenta con una declaratoria federal publicada en marzo de 2026, las respuestas de transparencia muestran que, hasta junio de ese año, seguían sin definirse o no estaban disponibles en los archivos consultados aspectos fundamentales para conocer el alcance del proyecto: los tipos de residuos que recibiría, las tecnologías para procesarlos, su capacidad operativa, los posibles impactos ambientales y los beneficios previstos. A diferencia de los proyectos de Hidalgo y Tlaxcala, que fueron frenados, el de Puebla continúa vigente pese a las manifestaciones de rechazo de habitantes de la zona.

Consultas cuestionadas: el papel del INPI y la participación de las comunidades

Los procesos de participación alrededor de los PODECIBI tuvieron diferencias en cada estado. En Hidalgo, la consulta ciudadana realizada el 14 de diciembre de 2025 concluyó con el rechazo al proyecto Parque Hidalgo. Sin embargo, René Coatl, habitante de la región y participante en procesos de defensa del territorio entrevistado por la periodista Aranzazú Ayala, cuestionó que la consulta se realizara después de que la declaratoria del polo ya había sido publicada mediante decreto, lo que generó dudas entre los habitantes sobre si la consulta podía modificar una decisión que parecía tomada de antemano.

Coatl también recordó que, durante las reuniones públicas, las autoridades no ofrecían información específica sobre el proyecto y que algunas de las personas encargadas de presentarlo no eran especialistas técnicos. A ello se sumaron cambios en la explicación oficial: primero se habló de una instalación metropolitana para Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México; después, de un proyecto estatal, sin aclarar de dónde provendrían los residuos necesarios para alcanzar la capacidad de procesamiento anunciada.

Para el caso de Tlaxcala, habitantes de San Pedro Ecatepec –comunidad donde se pretendía instalar el PODECBI- también cuestionaron la falta de información sobre el proyecto. Francisco Calderón, habitante de Atlangatepec e investigador agropecuario, señaló que la población no contaba con elementos suficientes para evaluar sus posibles impactos ambientales.

“No tenemos la información suficiente que nos dé la confianza de que este proyecto no va a contaminar. No hemos tenido una explicación técnica de las capacidades, de todo lo que va a implicar este nuevo proyecto”

En Puebla, la respuesta de la Semarnat a la solicitud de transparencia con folio 340026700293626 señaló que no localizó documentos relacionados con procesos de consulta pública o participación social sobre el PODECIBI. La dependencia reconoció su participación en un encuentro informativo con habitantes de San José Chiapa, realizado el 5 de abril de 2026 por invitación del comisariado ejidal, pero no reportó actas, minutas o documentos que acreditaran un proceso formal de consulta.

Por su parte, el Ayuntamiento de San José Chiapa, en la respuesta al folio 760438226000020, informó que hubo visitas de autoridades federales y estatales para hablar del proyecto, pero precisó que durante esos encuentros no se realizó una consulta. También señaló que no recibió documentación técnica que le permitiera informar a la población sobre las características del PODECIBI.

En entrevista con habitantes de San José Chiapa, expresaron que no contaban con información técnica suficiente para evaluar los posibles riesgos de instalar una infraestructura para el manejo de residuos cerca de sus viviendas y fuentes de agua. También plantearon la necesidad de que las autoridades presentaran estudios y explicaciones sobre el proyecto, y solicitaron que la población fuera tomada en cuenta mediante asambleas y una consulta en la que pudiera decidir si estaba de acuerdo o no con su instalación.

Uno de los participantes explicó que, ante la falta de información oficial, los habitantes habían recurrido a sus propios medios para conocer las posibles consecuencias de este tipo de instalaciones:

“Nosotros no somos ambientalistas, somos ciudadanos. Nos informamos a través del teléfono y al informarnos vemos las consecuencias que trae una recicladora”

La discusión sobre la participación en la toma de decisiones también aparece en los decretos de los PODECIBI de Puebla y Tlaxcala. En el caso de Puebla, el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación señala que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) no identificó localidades indígenas en la superficie destinada al proyecto, por lo que consideró que no era necesario realizar una consulta previa, libre e informada. Una valoración similar se incorporó en el decreto de Tlaxcala: el Instituto determinó que no había comunidades indígenas o afromexicanas susceptibles de ser afectadas en el área de influencia del proyecto y, por tanto, que no procedía ese tipo de consulta.

Sin embargo, esta valoración institucional no significa que el INPI tenga la facultad de decidir quién es o no indígena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el criterio fundamental para reconocer la identidad indígena es la autoadscripción, es decir, la conciencia que una persona o comunidad tiene de su propia identidad. Este reconocimiento no depende de que el Estado lo autorice o de que una institución lo determine.

A diferencia de Puebla y Tlaxcala, en Hidalgo sí se realizó un ejercicio de participación ciudadana con votación. El 14 de diciembre de 2025 se instalaron 78 mesas receptoras en 35 secciones de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula de Allende. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo participó en la organización técnica de la jornada, en la que la ciudadanía respondió si estaba de acuerdo o no con la construcción del Parque Ecológico y de Reciclaje. De las 12 mil 259 opiniones contabilizadas, 7 mil 736 fueron en contra del proyecto, equivalentes al 63.1 por ciento; la participación representó el 8.77 por ciento de la lista nominal.

René Coatl reconoce que el resultado fue un rechazo claro, aunque cuestionó las condiciones en que se desarrolló el proceso. En entrevista, relató que la convocatoria se anunció con poco tiempo, que las autoridades promovieron el voto a favor del proyecto y que, desde su perspectiva, no hubo una posición neutral. En la última semana, organizaciones y habitantes opositores realizaron una encuesta y una rueda de prensa para expresar su rechazo. Coatl dijo que incluso él dudaba que el resultado favoreciera al “no”, pero se sorprendió cuando se dieron a conocer los resultados.

Los casos en Hidalgo, Tlaxcala y Puebla muestran distintas formas de participación y consulta, pero también una exigencia compartida por habitantes de los territorios: contar con información suficiente y tener voz en las decisiones sobre proyectos que pueden transformar su entorno.

La evaluación técnica que sigue pendiente

Las preocupaciones de los habitantes de San José Chiapa sobre los posibles impactos del PODECIBI también tienen una dimensión técnica. Para la Dra. Nancy Jiménez Merary, especialista en gestión ambiental y manejo de residuos, no basta con presentar la economía circular como una solución a los problemas de contaminación, también es necesario conocer qué infraestructura se instalará, cómo funcionará y qué efectos podría tener en el territorio.

La especialista advierte que una descripción general de lo que podría albergar un Polo de Desarrollo de Economía Circular no permite evaluar sus alcances. Para hacerlo, es necesario conocer las tecnologías que se utilizarán, los materiales que recibirán, los procesos a los que serán sometidos y la capacidad de procesamiento de cada instalación. También se requiere información sobre el consumo de agua y energía, pues estos datos permiten dimensionar la presión que la operación podría ejercer sobre los recursos locales.

Sin embargo, esta información no fue proporcionada por las instituciones competentes, ni estos aspectos quedaron esclarecidos en los proyectos de Hidalgo y Tlaxcala. En Puebla, donde el PODECIBI continúa vigente, persisten las interrogantes sobre las tecnologías que se utilizarán, los procesos que se implementarán y los requerimientos técnicos para su operación.

La evaluación tampoco puede limitarse al funcionamiento de las plantas. Jiménez Merary considera que debe analizarse su compatibilidad con el entorno: la ubicación respecto de viviendas, escuelas, hospitales, cuerpos de agua y áreas naturales, así como las condiciones geológicas e hidrogeológicas del terreno. A ello se suman los posibles impactos por emisiones, ruido, olores y generación de lixiviados, además de los mecanismos para monitorear y prevenir afectaciones durante la operación.

Durante un recorrido por San José Chiapa, el equipo de Escenario Tlaxcala constató que las viviendas más cercanas al terreno donde se proyecta construir el parque industrial se encuentran a aproximadamente diez minutos a pie.

Asimismo, la especialista plantea que deben transparentarse la inversión, los subsidios o estímulos fiscales, los empleos temporales y permanentes, los perfiles laborales requeridos y la distribución de los beneficios económicos. Esto permitiría distinguir entre las promesas generales de desarrollo y los resultados que realmente podrían alcanzar las comunidades cercanas.

Para Jiménez Merary, toda esta información debe estar disponible antes de que avance el proyecto y acompañarse de mecanismos efectivos de participación pública. Las comunidades necesitan tener acceso a los datos, plantear preguntas, presentar inconformidades y contar con herramientas para vigilar el funcionamiento de las instalaciones. La transparencia, desde esta perspectiva, no consiste únicamente en publicar documentos, sino en permitir que la población pueda comprender y evaluar las decisiones que afectan su territorio.

La experiencia de Hidalgo es una advertencia en este sentido. Para la especialista, el rechazo social y la posterior cancelación del proyecto muestran las consecuencias que puede tener impulsar infraestructura sin proporcionar información técnica suficiente y comprensible. Una propuesta presentada como solución ambiental puede generar desconfianza cuando las comunidades no conocen sus características ni cuentan con elementos para valorar sus posibles impactos.

En Tlaxcala, la suspensión del proyecto tuvo una explicación distinta. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Pedro Aquino, atribuyó la decisión a los elevados costos y a problemas de viabilidad económica. A diferencia de Hidalgo, donde el rechazo al proyecto se expresó mediante una consulta ciudadana, en San Pedro Ecatepec no se realizó un ejercicio formal para conocer la opinión de la población. Esto ocurrió pese a que habitantes de la comunidad manifestaron públicamente su oposición y exigieron información sobre los posibles impactos del PODECIBI.

En San José Chiapa, esa discusión sigue abierta. Las respuestas de transparencia revisadas por Escenario Tlaxcala muestran que, al corte de junio de 2026, las autoridades aún no tenían definidos o no habían localizado en sus archivos distintos componentes técnicos, ambientales y económicos del PODECIBI.

La disputa llega a los tribunales

La oposición al PODECIBI de San José Chiapa también ha llegado a los tribunales. Ante la falta de información, habitantes de la zona promovieron el juicio de amparo 597/2026 contra actos relacionados con la autorización, gestión y desarrollo del proyecto, así como por posibles omisiones en materia de información y participación pública.

En su informe justificado, el Gobierno de Puebla defendió la legalidad de las decisiones impugnadas. Entre sus argumentos sostuvo que el PODECIBI forma parte de una política pública federal y que los actos reclamados no acreditaban una afectación directa a los derechos de las personas promoventes. También cuestionó que contaran con interés jurídico o legítimo para acudir al juicio, al considerar que no demostraban una afectación diferenciada respecto del resto de la población. El documento plantea, además, que algunas de las acciones señaladas corresponden a actos futuros o inciertos.

El gobierno estatal también promovió un recurso de queja contra el auto que admitió la demanda, con el argumento de que las personas promoventes carecen de interés legítimo. Esta impugnación tuvo consecuencias en el desarrollo del juicio: de acuerdo con el auto del 22 de julio de 2026, el juzgado suspendió el procedimiento desde el 13 de julio, hasta que se resolviera la queja.

En esa misma resolución, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla reservó el trámite de una ampliación de demanda presentada por la parte quejosa, precisamente porque el procedimiento se encontraba suspendido. Es decir, no resolvió si admitía o no la ampliación, sino que dejó pendiente esa decisión.

De acuerdo con la información proporcionada por las personas promoventes a Escenario Tlaxcala, en septiembre presentaron una nueva ampliación de la demanda, pero hasta el 27 de octubre de 2026 no había sido admitida. Señalaron que el juzgado mantenía detenido el expediente bajo el argumento de que primero debía resolverse el recurso de queja.

Por ahora, la controversia judicial no se centra en determinar si el PODECIBI provocará daños ambientales, sino en establecer si las personas que promovieron el amparo tienen legitimación para reclamar los actos y omisiones señalados y si estos pueden ser revisados por la vía constitucional. La queja del gobierno estatal y la suspensión del procedimiento mantienen pendiente el avance del juicio, mientras las comunidades buscan que sus argumentos sean examinados.

Las irregularidades de los PODECIBI

Aunque los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) se presentan como una propuesta para atender la crisis de la basura, su planeación y alcance no han sido comunicados con claridad ni transparencia a la ciudadanía. En los tres estados, la falta de información sobre los residuos que recibirían, las tecnologías que utilizarían y los posibles impactos de su operación ha alimentado la desconfianza y el rechazo de las comunidades.

En entrevista con Escenario Tlaxcala, Pedro Aquino, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala, reconoció que se trata de un proyecto nuevo y que estas plantas servirían como pruebas para evaluar su efectividad. Explicó que primero tendría que construirse el polo y, posteriormente, las empresas interesadas participarían para instalarse en él. Una vez que se conociera qué compañías llegarían y qué actividades desarrollarían, se podrían elaborar los estudios de impacto ambiental y realizar las consultas que fueran necesarias. Bajo esta lógica, la definición de los riesgos y las medidas de prevención quedaría para una etapa posterior a la construcción del polo.

Sin embargo, este proceso vuelve a dejar a las comunidades en una situación de incertidumbre pues tendrían que esperar a que se construya la infraestructura y se definan las empresas para conocer con mayor precisión qué se pretende instalar en su territorio y cuáles serían sus posibles impactos. La falta de información previa y de mecanismos claros de participación ha marcado los casos de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, donde habitantes han expresado su rechazo a proyectos cuyos alcances no fueron explicados con suficiente claridad.

En Puebla, a diferencia de Hidalgo y Tlaxcala, el PODECIBI continúa en marcha. Mientras las autoridades mantienen el proyecto vigente, los habitantes de San José Chiapa siguen en alerta y sostienen su oposición a la construcción, a la espera de información clara sobre las instalaciones que pretenden llevar a su territorio y sus posibles impactos.