Tras más de dos años de opacidad en el reporte de sus operaciones, la concesionaria Agua de Puebla y el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) deberán rendir cuentas ante la justicia federal. Una jueza de distrito les ordenó entregar 27 informes mensuales pendientes sobre el saneamiento de aguas residuales en la capital poblana, luego de que un tribunal reactivara una demanda colectiva promovida por 501 mil usuarios.
El requerimiento judicial abarca el periodo comprendido entre agosto de 2024 y octubre de 2026. Ambas instancias deberán documentar las acciones realizadas para cumplir con una medida cautelar dictada desde diciembre de 2022 en cinco plantas tratadoras: Atoyac Sur, Alseseca, Barranca del Conde, Parque Ecológico y San Francisco.
Las descargas de estas instalaciones desembocan directamente en los ríos Atoyac y Alseseca, este último uno de los afluentes más contaminados del país.
Aunque el mandato exigía una entrega inmediata tras notificarse la resolución del Tribunal Colegiado de Apelación —que el pasado 30 de octubre revocó la caducidad del juicio—, las dependencias solicitaron más tiempo. Mediante un acuerdo notificado este jueves 12 de noviembre, el Juzgado Quinto de Distrito concedió una prórroga de 10 días hábiles al SOAPAP, cuyo plazo vencerá el próximo 1 de diciembre, y de 15 días hábiles a Agua de Puebla, que tendrá como fecha límite el 8 de diciembre.
Historial de incumplimientos
La exigencia judicial cobra relevancia ante los antecedentes del expediente. De acuerdo con Ana Lluvia García Vilchis, integrante de la Comisión Científica del colectivo demandante, los reportes técnicos entregados previamente —correspondientes al lapso de diciembre de 2022 a marzo de 2024— ya evidenciaban fallas graves en la calidad del agua tratada.
En dichos documentos se registró que los niveles de coliformes fecales rebasaron en más de 12 veces el límite máximo permitido por la normativa ambiental, lo que representa un foco de infección y un riesgo directo para la salud pública.
Exigen reembolso de 14 años de cobros
Además de frenar la contaminación de los ríos y garantizar la eficacia de la medida cautelar, el litigio busca la devolución del dinero pagado por 501 mil usuarios durante los últimos 14 años por concepto de saneamiento, servicio cuya prestación efectiva está en duda, así como una indemnización por los daños ocasionados a la colectividad.
Durante una conferencia de prensa para detallar los avances del caso, Néstor López Espinoza —designado como nuevo representante común de los demandantes, en espera de que el juzgado formalice su personalidad jurídica— subrayó que el seguimiento ciudadano será estricto para vigilar que los recursos cobrados se traduzcan en un servicio real.
Para auditar la información que entreguen las autoridades y la concesionaria en diciembre, el colectivo anunció la integración de comisiones especializadas: el exsecretario de Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, encabezará la Comisión Técnica encargada de analizar los datos operativos; María Eugenia Ochoa coordinará la vinculación social, y Manuel Sandoval llevará la difusión hacia los usuarios afectados.