Por Brenda Lira Montero*
Puebla tiene una larga historia de concentración del poder político en élites regionales que han mantenido una influencia decisiva sobre las transformaciones del territorio, en un proceso marcado por la exclusión y discriminación de las poblaciones originarias y los sectores populares, quienes suelen pagar los costos de dichas transformaciones. El proyecto del Cablebús permite examinar la continuidad de esta forma de ejercer el poder: las decisiones sobre la ciudad y sus espacios públicos se impulsan desde el gobierno sin propiciar una discusión pública abierta y suficientemente informada. Además, quienes se han opuesto al proyecto o han cuestionado sus fundamentos han sido señalados como integrantes de la oposición política o como bots, descalificaciones que desplazan la discusión sobre la pertinencia de la obra y sus consecuencias territoriales.
Desde la perspectiva de la reconfiguración escalar, el Cablebús puede analizarse como una infraestructura que conecta decisiones estatales y municipales con proyectos de transformación urbana y circuitos económicos y turísticos de alcance regional, pasando por encima de las áreas verdes y espacios públicos. Esta perspectiva cobra relevancia ante las propuestas de ampliar el sistema hacia la Junta Auxiliare de La Resurrección, así como frente a proyectos turísticos en Áreas Naturales Protegidas (ANP) como el “Ecoparque Tlalli-Malinche” y las intervenciones en “Flor del Bosque”, que ponen en riesgo dichas áreas. Aunque es necesario documentar el grado de articulación entre estas iniciativas, su coincidencia plantea preguntas sobre el modelo de desarrollo territorial que promueve el gobierno de Alejandro Armenta y los intereses que orientan sus inversiones.
La circulación del transporte por cable entre distintos gobiernos ofrece otra dimensión para el análisis. La participación de la empresa de origen austriaco Doppelmayr en proyectos de Ciudad de México, Uruapan y Puebla, junto con la propuesta de estudiar un sistema para la zona metropolitana de Cuernavaca, permite examinar cómo este modelo de infraestructura se incorpora a territorios con condiciones geográficas y urbanas diferentes. También plantea preguntas sobre el papel de las empresas y los gobiernos en la definición de las prioridades de movilidad y transformación territorial.
En Puebla, esta discusión adquiere una particularidad: la región es predominantemente plana, por lo que no se alcanza a entender la insistencia en este proyecto frente a otras alternativas para atender las necesidades de movilidad. El conflicto en torno al Cablebús no se limita a una discusión sobre tecnología o movilidad. También revela una disputa por la capacidad de decidir sobre el territorio. Cuando las críticas se descalifican por su supuesta filiación partidista o se atribuyen a cuentas falsas, se debilita la posibilidad de discutir públicamente los argumentos, la evidencia y las alternativas.
Las omisiones detrás de la obra
El gobierno estatal ha afirmado que el proyecto cuenta con más de 70 estudios técnicos, ambientales y financieros, pero una investigación publicada a finales de septiembre del medio de comunicación Serendipia encontró que numerosos documentos clave no estaban disponibles públicamente, habían sido reservados o no fueron localizados mediante solicitudes de transparencia. Entre ellos se encuentran estudios de demanda y movilidad, evaluaciones ambientales y documentos sobre riesgos y ubicación de las torres. No obstante, en los documentos a los que se tuvo acceso se observó que el estudio técnico justificativo clasifica como alto el riesgo hidrometeorológico en los nueve nodos e identifica otros peligros, como vientos fuertes, socavones, incendios y sismos, sin presentar los cálculos necesarios para reconstruir la evaluación de cada nodo. Lo que muestra que la falta de información no es una preocupación abstracta.
En tanto, el 7 de octubre, la Secretaría de Infraestructura confirmó la reserva del contrato del Cablebús por cinco años, bajo el argumento de que forma parte de un expediente sujeto a auditoría. La clasificación se extiende, en principio, hasta enero de 2031. La decisión contrasta con el discurso oficial de transparencia y dificulta conocer las condiciones de una obra cuyo costo anunciado asciende a aproximadamente 6,753 millones de pesos (serendipia.digital).
En otra investigación publicada el 9 de octubre se documentó otra irregularidad: las licencias de construcción de las estaciones Maravillas y CENHCH fueron expedidas el 24 de julio, antes de que se emitieran sus factibilidades de uso de suelo, fechadas el 28 de julio. En el caso de Maravillas, la licencia de obra menor también es anterior a las fechas de la manifestación de impacto ambiental y de la opinión de riesgo citadas posteriormente en el expediente. La documentación presenta, además, diferencias en las superficies reportadas y omisiones de estudios solicitados por transparencia. Estos hallazgos no prueban por sí mismos una ilegalidad, pero sí exigen aclarar la secuencia de autorizaciones y los documentos que sustentaron cada decisión (serendipia.digital).
Fotografía: Red Savia Urbana
A ello se suma la actuación del Ayuntamiento de Puebla. El 23 de septiembre, el Cabildo aprobó una modificación parcial al Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable. Durante el procedimiento de consulta pública se recibieron 1,190 observaciones: 195 fueron consideradas procedentes y 995 improcedentes. La cifra plantea una pregunta fundamental: ¿qué criterios se utilizaron para descartar la mayoría de las observaciones y hasta qué punto la participación ciudadana incidió realmente en las decisiones? La consulta no puede reducirse a recibir comentarios si las autoridades no explican de manera accesible cómo los evaluaron y qué cambios produjeron.
¿Quién decide el futuro del territorio?
El Cablebús o Sistema de Transporte por Cable, como prefiere llamarle el gobierno estatal, plantea una discusión sobre el modelo de ciudad que se quiere construir y los mecanismos mediante los cuales se decide su transformación. La reserva del contrato, la falta de acceso a estudios fundamentales, las inconsistencias documentales y los riesgos identificados en el estudio técnico justificativo no pueden tratarse como asuntos secundarios. No se niega la necesidad de mejorar el transporte público. Se trata de exigir que una inversión de esta magnitud se justifique con información verificable, alternativas comparables y una participación ciudadana que tenga consecuencias reales.
Cuando las decisiones se concentran en las élites políticas y económicas, la infraestructura puede convertirse en un instrumento para imponer prioridades y reorganizar el territorio sin una discusión pública proporcional a sus efectos. La pregunta de fondo no es solamente si Puebla necesita un Cablebús, es quién decide el futuro de la ciudad, qué intereses orientan esa transformación y qué lugar ocupan sus habitantes, sus espacios públicos y sus ecosistemas en el territorio que se pretende construir.
*Brenda Lira Montero. Soy historiadora y ciclista por convicción. Mi trayectoria académica se desarrolla entre la historia cultural, la historia ambiental y el estudio de las relaciones entre sociedad, cultura y territorio. Soy maestra en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y actualmente curso el Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales en El Colegio de México. La memoria histórica ocupa un lugar central en esta perspectiva, como herramienta para comprender la configuración de los territorios y reconocer las experiencias y conocimientos de sus comunidades.
Mi investigación sobre la historia cultural del son huasteco en Pahuatlán, Puebla, dio lugar al libro El eslabón constante de la música. Son huasteco en Pahuatlán, reconocido en la convocatoria estatal Historias del Patrimonio 2020, de la Secretaría de Cultura de Puebla. Fui becaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), en el rubro de Creación Literaria, y he publicado diversos artículos de historia cultural. También he participado en proyectos de creación artística y audiovisual, entre ellos como guionista del cortometraje animado Oralia (2022), dirigido por Mónica Jiménez Palacios y seleccionado en Shorts México y ECOCINE International Cinema Festival of Environment and Human Rights.
Mantengo una participación activa en procesos de defensa territorial y urbanoambiental, así como en iniciativas de defensa del espacio público. Me interesa contribuir a la construcción colectiva de otras formas de habitar y relacionarnos con los territorios.
** Foto de portada: Marlene Martínez / Jengibre Audiovisual