Por Gonzalo Ortuño López / Mongabay Latam
Todos los días, en los bolsillos y manos de millones de personas en México circulan billetes que llevan impresas especies y ecosistemas emblemáticos, desde ajolotes, ballenas y jaguares hasta reservas que protegen la riqueza natural del país. Sin embargo, esta biodiversidad que ocupa un lugar emblemático en la moneda nacional, no guarda relación con los recortes constantes a los que se ve expuesto el presupuesto ambiental. En los últimos años, no solo en México sino en seis países de Latinoamérica, los presupuestos de Ambiente no han llegado ni al 1 % del gasto nacional en promedio, de acuerdo a una investigación de Mongabay Latam.
De hecho, detrás de las hermosas imágenes impresas en los billetes mexicanos, existen instituciones con funciones estratégicas —como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)— que están enfrentando restricciones presupuestales para cuidar ecosistemas clave que abarcan el 11 % de la superficie terrestre y 23.7 % del área marina del país.
Estas restricciones se ven reflejadas en la vigilancia de los espacios naturales bajo protección. Por ejemplo, en 2019, el presupuesto asignado permitió que se organizaran recorridos, inspecciones y operativos en 131 áreas naturales protegidas, el 72 % de las que existían en ese momento. Los siguientes cuatro años, pese al incremento en el número de santuarios declarados, el porcentaje de estas actividades de vigilancia cayó al 56 % y 69 %, de acuerdo con los informes anuales de la Procuraduría Ambiental.
“El tema no es que no haya recursos económicos, es donde se están colocando los recursos. No hay una prioridad en la agenda nacional y por más equipo de altísimo nivel que esté al frente de la Secretaría, no puede con los retos que tiene porque el tema ambiental sigue creciendo en términos de su demanda, de su problemática y de sus tendencias de deterioro”, dice Julia Carabias Lillo, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
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Un análisis de Mongabay Latam revela una tendencia a la baja en el presupuesto ambiental en los últimos 14 años —con un par de recuperaciones temporales—, lo que ha derivado en el descuido principalmente de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), como los permisos para la instalación de concesiones mineras en algunas de ellas, las cuales fueron prohibidas hasta 2023. Conforme la brecha presupuestal aumenta, también lo hacen las actividades ilegales y megaproyectos que vulneran estas zonas estratégicas, de acuerdo con especialistas consultados.
Académicos y exfuncionarios ambientales afirman que no es una prioridad fortalecer presupuestalmente al sector ambiental, lo que pone en riesgo a los ecosistemas más importantes del país ante los efectos de la crisis climática y los intereses extractivos, tanto legales como ilegales.
El adecuado manejo de áreas naturales protegidas, incluyendo el presupuesto, son calve para la conservación de especies, como el jaguar. Foto: cortesía Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)
La política ambiental: ¿un freno para el desarrollo?
Carabias, una de las voces más reconocidas en la conservación y protección ambiental, afirma que después de 2015, en la segunda mitad del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, comenzó la caída libre del presupuesto ambiental, así como una política que dio prioridad a otros sectores.
Como parte del Consejo de Desarrollo Sustentable —un órgano colegiado que vincula la participación de la sociedad civil en la protección ambiental—, la científica recuerda que un ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tomó decisiones que llevaron a recortes presupuestales desde 2012.
“Desde el momento en que dio la bienvenida nos dijo: ‘Quiero ser muy claro, la política ambiental no va a ser un freno para el desarrollo en nuestro país’. Entonces empezamos a tener presupuestos a la baja que no pararon”, explica la especialista a Mongabay Latam.
Carabias cuenta que aunque existía una expectativa de recuperación presupuestal en el sector, ocurrió todo lo contrario.
“Se incrementó notablemente el absoluto desinterés en la agenda ambiental. El tema ambiental era ‘no debe de obstaculizar los grandes megaproyectos’ y así se demostró no solamente en términos del presupuesto sino de la acción legal. Se violaron planteamientos establecidos en la ley. El impacto ambiental y el ordenamiento ecológico ya no eran instrumentos que iban a ‘frenar’ estos grandes megaproyectos”, expone la experta.
Julia Carabias, investigadora y ex secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en México. Foto: cortesía UNAM
La administración de Peña Nieto (2012-2018) destacó por recortes presupuestales al área de Ambiente en cada año de su gobierno.
Gina Ileana Chacón es directora de política pública de la organización Wildlands Network y coordinadora del reporte “Cuidar lo que importa”, un análisis del presupuesto destinado al cuidado ambiental que publica la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA). La experta le dijo a Mongabay Latam que “en 2015 se destinaron 500 millones de pesos [cerca de 31 millones de dólares] para un programa presupuestario de subsidios que en aquel entonces atendía requerimientos para salvar a la vaquita marina. En todo el mundo no se tenía un programa presupuestario que atendiera directamente a una especie”. La vaquita marina continúa en Peligro Crítico, de acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Chacón aclara que ese año específicamente hubo montos de fondos privados e internacionales en este esfuerzo de conservación, sin embargo asegura que no hay información pública detallada que permita identificar si estos apoyos explican el incremento presupuestal para el medioambiente en 2015. “Desde allí a la fecha no hemos visto un presupuesto similar”, agrega.
Durante el gobierno del expresidente Peña Nieto se dieron recortes presupuestales, con excepción de 2015, que fue el año con mayores recursos otorgados. Foto: cortesía Presidencia de la República
En 2015, el presupuesto de Ambiente alcanzó el mayor pico de recursos, con un aproximado de 4762 millones de dólares de la época. Desde entonces, no se ha otorgado una partida similar en términos reales. Aún así, ese presupuesto histórico apenas representó el 1.06 % del presupuesto nacional de ese año.
Además, organismos clave para la protección y vigilancia ambiental no fueron necesariamente beneficiados. El análisis hecho por Mongabay Latam señala que para ese año, por ejemplo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) recibió apenas el 1.98 % del presupuesto ambiental; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el 1.74 %. Mientras tanto, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) obtuvo el 12.10 %; y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se llevó más del 74 % de los recursos ambientales, principalmente para obra hidráulica y programas de drenaje o tratamiento.
Esta tendencia de recortes presupuestales, según la información oficial revisada, continuó en los sexenios del expresidente Andrés Manuel López Obrador (entre 2018 y 2024) e incluso en el gobierno actual de Claudia Sheinbaum (de 2024 a 2030), ambos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Si bien en los años 2023 y 2024 hubo aumentos en el presupuesto ambiental, al comparar los montos ajustados a la inflación de cada año, fueron entre 23 y 30 % menores, respecto al pico de 2015, con montos que oscilaron entre los 4252 millones y 3938 millones de dólares de esos años. Además, solo se destinó a la cartera de Ambiente el 0.41 % en 2025 y 0.39 % en 2026 del presupuesto nacional.
¿A dónde va ese ínfimo porcentaje del presupuesto del país? En esos años, la Conanp —que es la institución encargada de conservar el patrimonio natural más importante del país— recibió el 2.05 % y el 2.44 % del presupuesto ambiental; la Profepa el 1.21 % y el 1.44 %, y la Conafor obtuvo el 3.75 % y el 4.15 %. Mientras que la Conagua concentró más del 88 y 87 % respectivamente.
Chacón agrega que no solo hay una tendencia a desfinanciar a los órganos desconcentrados de la cartera ambiental mexicana, sino que hay opacidad en la rendición de cuentas de este gasto.
“Tampoco hay información que dé cuenta del uso del dinero público que se asigna a cada una de estos órganos desconcentrados dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Conagua concentra hasta el 90 % de los recursos destinados y hay cada vez menos dinero a otras instancias muy necesarias y bastante afectadas en los últimos años”, dice la experta a Mongabay Latam.
Los bosques santuario de la mariposa monarca en México cuentan con insuficientes recursos para enfrentar la tala ilegal: Foto: cortesía Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, reconoce que los ajustes presupuestarios en la cartera ambiental han sido insuficientes en el país. Sin embargo destaca la cantidad de recursos que se destinan en México en comparación con otros países.
“Nos vamos a lo urgente en vez de lo importante y se asigna el presupuesto a todas esas cosas urgentes, pero Ambiente debe ser una prioridad”, admite la legisladora, pero reconoce: “Hay que ver que no estamos invirtiendo menos que los demás, somos el país que más está invirtiendo en Latinoamérica”, dice a Mongabay Latam.
Cuidar millones de hectáreas protegidas, con recortes y sin equipo
La Reserva de la Biosfera el Vizcaíno, en el estado de Baja California Sur, es una de las 232 áreas protegidas de México y una de las más grandes, con más de 2.5 millones de hectáreas. Es tan extensa que abarca sierras, planicies, zonas costeras y un santuario de ballenas considerado uno de los lugares más importante en el mundo para proteger a la ballena gris (Eschrichtius robustus), una especie que figura junto con la reserva en el billete de 500 pesos mexicanos.
Hasta finales de 2024, esta área protegida contaba con apenas 13 personas trabajando, la mayoría personal ejecutivo; con solo dos técnicos operativos de conservación y dos analistas de áreas naturales protegidas. Además tenía, hasta ese momento, dos autos, tres motocicletas, cinco embarcaciones y cinco radios móviles, pero sin radios satelitales para el monitoreo de la zona, de acuerdo con información de la propia Conanp recabada en el estudio “Cuidar lo que importa”.
De acuerdo con el estudio de 2026, cada hectárea natural protegida de México recibe en promedio 0.8 dólares para su conservación.
La Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, una de las áreas naturales protegidas más grandes de México, cuenta con apenas 13 guardaparques. Foto: Secretaría de Turismo
Los recortes presupuestales se hacen más evidentes en estas zonas que abarcan grandes extensiones de territorio, más aún si se trata de áreas marinas. Para Javier Alejandro González Leija, director de Global Conservation y exdirector de tres parques nacionales, en áreas naturales protegidas tan importantes como Revillagigedo, Cabo Pulmo y Bahía de Loreto, los retos se multiplican.
Estando al frente de Revillagigedo, entre 2018 y 2021, González recuerda que recibía un presupuesto público aproximado de 5700 dólares al año para acciones de conservación y monitoreo en casi 15 millones de hectáreas, el área marina protegida más grande de México, conformada por cuatro islas oceánicas tropicales de origen volcánico. Ese dinero, sostiene, se gastaba en el combustible para un viaje de ida a la zona.
“Eso lo empleábamos para el traslado de personal, operábamos desde La Paz, Los Cabos [Baja California] y Manzanillo [Colima], y debía tener guardaparques en las islas, en los barcos para supervisión de actividades turísticas, de pesca”, cuenta a Mongabay Latam.
Los ingresos que el parque genera anualmente por el cobro de derechos y los fondos internacionales que aportan recursos para su conservación son los que ayudan a mantener a flote las tareas de vigilancia. El exdirectivo explica que para cumplir con sus labores tuvieron que buscar incluso aportaciones de instituciones como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), dedicado a canalizar recursos financieros para la protección de estas zonas, así como aliarse con otras secretarías de la Administración Pública.
“Cuesta más proteger un área marina. Además, si esa área marina está a 1000 kilómetros o a 300 kilómetros de la costa son retos adicionales que requieren recursos para contar con al menos una embarcación, una patrulla que pueda tener un rango de navegación de cientos de kilómetros para tener respuesta ante una situación en particular”, señala.
González sostiene que también se apoyó en recursos materiales de otras dependencias, como la Secretaría de Marina, para hacer los traslados necesarios entre islas, así como para monitorear un área de alta importancia ecosistémica donde está prohibida cualquier tipo de pesca.
Con el dron es posible apreciar la belleza de la Isla San Benedicto y de su forma peculiar, resultado de la actividad volcánica. La erupción más reciente fue en 1952 y logró esa formación de color negro que parece una hoja de palma. La actividad volcánica más antigua se puede observar al otro lado de la isla, con la boca del volcán ahora cubierta de vegetación. Foto: cortesía Conanp.
Mongabay Latam ha documentado que embarcaciones pesqueras y deportivas han sido denunciadas por entrar en forma irregular al área marina protegida más grande de México y realizar presuntas actividades de pesca ilegal, sin embargo los responsables no han sido sancionados. Revillagigedo no cuenta con presupuesto para realizar acciones de monitoreo y vigilancia que prevengan o eviten la pesca, actividad que está prohibida dentro del parque.
El exdirectivo recuerda también otras experiencias como la de Cabo Pulmo, cuando tuvieron que buscar recursos de la cooperación internacional para fortalecer las capacidades del área y contar con una embarcación, radiocomunicaciones, combustible y una oficina habilitada para la atención de usuarios.
“Pudimos habilitar todas estas herramientas en el parque nacional y contar con un área protegida que tenía presencia en campo, en mar, en playas y en la parte administrativa. Algunos de esos recursos todavía están operando en ese parque”, destaca el especialista en gestión de áreas naturales.
Sin embargo, González advierte que estos esfuerzos no deben restar responsabilidad al Estado mexicano en la protección de sus ecosistemas, pues reconoce que actividades como la pesca ilegal son una amenaza constante.
“Este tipo de alianzas sí generan apoyos importantes, sin que esto signifique la cesión de una responsabilidad que tiene el Gobierno. Si el Gobierno le pone un peso, podemos hacer que ese peso se multiplique y generar espacios funcionales para las comunidades y los sectores en esa zona”, sostiene.
Revillagigedo es un sitio clave para la reproducción, crianza y alimentación de la ballena jorobada y otras especies. Sin embargo, el presupuesto público que ha recibido durante algunos años ha sido insuficiente, según uno de sus exdirectores. Foto: cortesía Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Menos ojos vigilantes en territorio
Al final de su sexenio, el expresidente López Obrador presumió que su gobierno, mediante decretos emitidos, sumó 43 áreas naturales protegidas. Sin embargo, especialistas cuestionan que la falta de presupuesto para la protección de estas zonas las deja simplemente como líneas sobre el mapa.
“La prioridad está clarísima, no es un tema de falta de recursos económicos, es dónde están colocados. Nunca fue una prioridad ni en la administración de López Obrador ni en la administración de Peña Nieto”, sostiene la investigadora Carabias.
Esto también se refleja en la extensión de territorio que cuidan un total de 717 personas que realizan tareas de vigilancia, monitoreo, restauración, trabajo comunitario o atención a visitantes, de acuerdo con información de la Conanp recopilada por la coalición NOSSA.
Aunque en México no existe la figura de “guardaparque”, hay una persona que cumple con esta labor por cada 1385.63 kilómetros cuadrados de área protegida, un número muy alejado de la cantidad sugerida por la Federación Internacional de Guardaparques (IRF), que señala que debe haber uno por cada 26 kilómetros cuadrados. Por ejemplo, en el Parque Nacional de Revillagigedo hay dos personas asignadas por la Conanp para el cuidado de 14.8 millones de hectáreas, de acuerdo con el análisis presupuestal de la coalición NOSSA, independientemente de las labores de vigilancia que realizan también las fuerzas militares mediante la Marina.
Los integrantes de El Balcón participan en el manejo comunitario del bosque y en proyectos de conservación desde hace décadas. Foto: cortesía El Balcón.
El presupuesto que recibe la Profepa tampoco facilita las acciones de monitoreo de las áreas protegidas a lo largo de todo el país. Chacón destaca que sin inspectores y vigilantes, los territorios se vuelven “tierra de nadie” y propician actividades como la deforestación, la tala ilegal o el tráfico de especies incluso dentro de las áreas protegidas. Los recortes, explica, debilitan a la institución encargada de combatir estos delitos.
“La Profepa es la instancia que tiene los dientes para sancionar. La Profepa sin personal, sin capacidad, sin presencia en terreno, sin personal que pueda atender, verificar, dictaminar los procedimientos de impacto ambiental no tiene la posibilidad de sancionar”, explica la especialista a Mongabay Latam.
El presupuesto que recibió esta Procuraduría para 2026 es poco mayor a 47.5 millones de dólares y no representa ni el 2 % del presupuesto ambiental. Mientras que para 2027 se proyecta un incremento real del 15 % respecto al 2026, con 52.3 millones de dólares, considerando la inflación.
“Donde el Estado pone el dinero se ponen las prioridades. Vemos en los últimos años también la prioridad que está dando el Gobierno Federal a proyectos extractivistas, a proyectos de infraestructura que claramente dañan el territorio, el ambiente y justamente está el acento en la producción de combustibles fósiles”, sostiene Chacón.
Por otro lado, la subsecretaria de Medio Ambiente en México, Marina Robles, reconoce que hay una brecha presupuestal en el sector, pero sostiene que otros sectores son cada vez más responsables de aportar los recursos necesarios para afrontar los retos y crisis que atraviesan otras agendas.
“El presupuesto es siempre el hilo delgado de la atención a los problemas ambientales”, señala la funcionaria y agrega que en el caso de México se toma en cuenta esta perspectiva en otras secretarías, pero admite que “la acumulación del deterioro es muy grande y por eso la restauración requiere un volumen de recursos que sobrepasan los tiempos de una administración”.
Desde el 1° de octubre de 2024, Alicia Bárcenas es la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México. Foto: Semarnat.
Sin embargo, la funcionaria sostiene que la vigilancia no depende de tener a personal en las áreas protegidas. “Si pensamos que cuidar la calidad de un espacio natural solamente con tener guardaparques o policía vigilando es la lógica de la conservación, nos estaríamos equivocando”, dice.
La senadora Ortiz reconoce también que hay una brecha en el personal, por ejemplo de guardaparques, por lo que destaca que se volvió necesaria la participación de comunidades que viven en las áreas protegidas o en zonas aledañas para fortalecer la vigilancia.
“Esas comunidades originarias establecidas en esos lugares son los ojos, las manos, los verdaderos cuidadores de nuestra naturaleza y creo que como Poder Legislativo debemos hacer instrumentos para que sean apoyados”, dice a Mongabay Latam.
Este medio ha registrado la violencia que suelen enfrentar estas comunidades y defensores del territorio en regiones donde la vigilancia no es suficiente, como el caso de campesinos desaparecidos y asesinados en Michoacán por oponerse a la expansión del cultivo de aguacate, un mercado que ha atraído al crimen organizado; o los desplazamientos y agresiones contra defensores del bosque y el agua en diferentes regiones de la Sierra de Guerrero, que resisten a la expansión de las economías ilegales de grupos armados.
Si bien el Senado no tiene atribuciones en la aprobación del presupuesto, pues es una facultad de la Cámara de Diputados, Maki Ortiz, quien también fue diputada, reconoce que existe una brecha al respecto.
“Este año Profepa tuvo un aumento de 500 millones de pesos [cerca de 27 millones de dólares tras las negociaciones en la Cámara de Diputados], que fueron muy beneficiosos, pero obviamente insuficientes”, admite.
La mano del crimen organizado en las áreas naturales
“El crimen organizado se ha metido en estos territorios a cometer distintos tipos de ilícitos. Algunos directamente para tener sus espacios de traslado de droga. En otros para hacer cambio de uso de suelo y llevar a cabo actividades productivas”, precisa Carabias.
Para la experta, los ejemplos están a lo largo del país, incluso a pocos kilómetros de la Ciudad de México, con la tala ilegal en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, un área de alta importancia para la cuenca que abastece de agua al Valle de México y su zona metropolitana.
“Está cooptada por los taladores vinculados al crimen organizado y las comunidades han perdido el control sobre ello. Cuando hay un intento de defensa del territorio desaparecen o matan a los líderes. Estamos metidos en un problema de inseguridad de tamaños mayúsculos”, sostiene la investigadora a Mongabay Latam.
Carabias señala que cuando se ha tenido que retirar el Estado de las áreas naturales protegidas, especialmente por falta de recursos y de personal, estos sitios son ocupados por otros actores, especialmente el crimen organizado.
La región del “Bosque de Agua” es estratégica para la recarga de mantos acuíferos que abastecen a la Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Foto: cortesía Profepa
Mongabay Latam ha dado seguimiento a casos que coinciden con lo señalado por Carabias. Por ejemplo con la incursión del Cártel de Jalisco Nueva Generación , considerado uno de los grupos criminales más poderosos y violentos del país, en el tráfico de mercurio, extraído de la Biósfera de la Sierra Gorda de Querétaro, un área de alto valor ecológico.
Una investigación de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) reveló que más de 200 toneladas de mercurio han sido traficadas desde México hacia la Amazonía de Perú, Bolivia y Colombia para alimentar la minería ilegal.
Especialistas señalan que las áreas protegidas incluso están bajo presiones de actividades legales. Otro ejemplo es la Reserva de la Mariposa Monarca (Danaus plexippus plexippus), especie emblemática del país. Cerca del 6 % de la superficie está concesionada a una empresa minera, de acuerdo con un análisis elaborado por la coalición Fuera Minería de ANP.
El estudio, publicado en 2022, sostiene que 74 de los principales proyectos mineros del país se sitúan precisamente al interior de las áreas naturales protegidas y sitios Ramsar, con una extensión de 2.22 millones de hectáreas, equivalentes al 7.2 % de la superficie terrestre nacional.
El 2025 fue el segundo año con más agresiones contra personas defensoras y comunidades en la última década, con 135 eventos, de acuerdo con un monitoreo realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Si bien los asesinatos de defensores tuvieron una reducción importante en 2025 respecto al año anterior, al registrar 10 casos, el acumulado es de 199 muertes desde 2015. Además, la violencia se ha diversificado y se traduce en campañas de estigmatización, difamación y criminalización, de acuerdo con el informe.
Mina Los Santos, al margen del río Extoraz, actualmente en operación, una de las minas de mercurio de la zona de Bucareli, Pinal de Amoles, Querétaro. Foto: cortesía Alejandro Saldívar/EIA
Hay dinero, pero no para el ambiente
Las especialistas consultadas sostienen que hay una falta de voluntad política para cerrar la brecha del presupuesto ambiental, algo que contrasta con los montos que reciben otras instituciones del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) o el propio Ejército, que ha incrementado sus tareas y recursos desde la administración de López Obrador.
Para 2027, por ejemplo, se proyecta que la petrolera estatal reciba poco más de 36 254 millones de dólares, un 6.8 % del gasto total. Incluso recibiría cerca del 7 % de los recursos correspondientes al Anexo Transversal 16 (AT16), un apartado que abarca recursos públicos para la adaptación y mitigación del cambio climático provenientes de distintas secretarías y que suman aproximadamente 8550 millones de dólares, de acuerdo con un análisis del Observatorio de Crisis Climática y Presupuesto Público.
La presidenta Sheinbaum. Foto: Presidencia de México
Las diferentes organizaciones civiles que integran esta plataforma cuestionan que del monto total de este anexo, las áreas naturales protegidas apenas reciban el 0.54 % del total, mientras que programas militares, de hidrocarburos, ferrocarriles y de compensación por siembra de árboles concentran el 80 % de este anexo.
“Sí hay una crisis económica, pero hay otros sectores que también están creciendo. La [Secretaría] de la Defensa tenía un presupuesto en el año 2000 que era el doble que el de Ambiente y ahora es más del triple”, advierte Carabias.
La especialista advierte que la política de austeridad no funciona para la conservación, por más que haya buenos perfiles al frente de las instituciones ambientales.
Organizaciones civiles han alertado también que entre las tendencias presupuestales está el empoderamiento de sectores como el Ejército, al que se le encomiendan funciones que debería coordinar la autoridad ambiental.
“Sin una institución fuerte que tenga dinero y presencia en territorio, lo que podemos esperar es que sigan avanzando grandes proyectos que sí están afectando gravemente la salud de los ecosistemas y el bienestar de todos”, sostiene la ambientalista.
Si estas consecuencias no se transmiten con claridad a la ciudadanía, insiste, difícilmente habrá una rendición de cuentas y mayor protección para las zonas más vulnerables y valiosas de México.
*Imagen principal: el Santuario de Ballenas de El Vizcaíno fue inscrito como Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad por ser el mejor lugar en el mundo para la reproducción y crianza de la ballena gris. Foto: cortesía Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)
Edición: Alexa Vélez y Emilia Delfino. Investigación: Cristina Fernández y Gonzalo Ortuño López. Con la colaboración de Daniela Quintero Díaz