Lo que debería ser el espacio más seguro para las infancias en México se ha transformado, con una frecuencia alarmante, en un escenario de pólvora y estruendo. El ingreso de armas de fuego a los planteles educativos ha dejado de ser un evento aislado para convertirse en una herida abierta en el sistema escolar mexicano
El fenómeno es complejo y multifactorial: esta investigación documenta desde accidentes fatales por la manipulación negligente de armas por parte de estudiantes y docentes, la incursión violenta del crimen organizado que utiliza las escuelas como refugio o campo de batalla, o el rompimiento de la cotidianidad escolar por ráfagas de fuego cruzado, secuestros frente a las puertas de las primarias y feminicidios cometidos a plena luz del día en pasillos universitarios.
Esta es una radiografía necesaria sobre cómo la violencia que azota al país ha permeado también las aulas
Segunda y última parte
Lo que debería ser el espacio más seguro para las infancias en México se ha transformado, con una frecuencia alarmante, en un escenario de pólvora y estruendo. Desde “balas perdidas”, plumas-pistola, accidentes fatales por la manipulación negligente de armas introducidas por alumnos y docentes, hasta la incursión violenta del crimen organizado que utiliza las escuelas como refugio o campo de batalla, el ingreso de armas de fuego a los planteles educativos ha dejado de ser un evento aislado para convertirse en una herida abierta en el sistema escolar mexicano.
Durante el receso del turno vespertino, un alumno de sexto semestre del Plantel 10 Ecatepec del Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM) sintió un impacto en el cuello, que lo hizo caer; cuando se desvaneció, se encontraba con varios de sus compañeros.
Fue al momento de recibir atención médica cuando se descubrió que presentaba una herida de bala, esa huella pequeña y redonda marcada en la piel; sin embargo, ninguno de los estudiantes que estaba con él, ni él mismo, se percató del origen del proyectil. Las autoridades educativas, y después las de seguridad pública, dedujeron que se trató de una «bala perdida». Cuando recibió aquel tiro en el cuello, era el 11 de octubre de 2017 y el estudiante tenía 16 años.
Como las burlas lanzadas al aire en el patio o en el salón, las balas perdidas en las escuelas no tienen destinatario, pero terminan alojándose en cuerpos que no eran un objetivo, y hay más casos.
El 2 de junio de 2015, Ángel Gabriel Amaro, de 11 años, fue baleado en la Escuela Primaria Benito Juárez, en Durango. La bala le causó una herida en el costado que ameritó una operación. La directora del plantel dijo que escuchó “como si reventaran un globo”, y no le dio importancia en ese momento. Fue hasta que vio que los niños corrían con pánico y, luego, alcanzó a ver otro pequeño tirado en la puerta de la dirección.
Abel, profesor de computación de la escuela, fue detenido como presunto responsable. Se le aseguró un arma de fuego calibre .380 que cargaba en un maletín que había llevado a la escuela. En una primera reconstrucción de los hechos se dijo que, como un niño que trompica porque va rápido y se estampa con algo a su paso, Ángel Gabriel chocó con el profesor, que salía de la dirección, y que por ese impacto entre ambos se activó el arma que iba en la pequeña maleta.
Los casos de armas disparadas accidentalmente al momento de ser manipuladas en un plantel escolar siguen en una prepa en Chihuahua, un bachillerato en Sonora, en una secundaria en Iztapalapa, en un Conalep de Azcapotzalco, en una telesecundaria y una primaria en Querétaro.
En otro caso, un bolígrafo ocultaba una bala, anidada en una piel que nunca fue su objetivo, como ocurrió con Aideé, una estudiante de 19 años que murió dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Oriente, tras ser atacada presuntamente con una pistola tipo pluma calibre .22., el 29 de abril de 2019.
La bala se alojó debajo de su axila derecha. La pistola tipo pluma tenía un conducto por el cual se deslizaba un botón que hacía la función de gatillo; en vez de llevar tinta, tenía espacio para una bala, pequeña y letal.
Niños como escudo de presuntos criminales
En México, la condición de violencia por el crimen organizado ha dejado a infancias entre un fuego cruzado, cuando alguien ingresa a sus primarias, secundarias…, sabiendo que los niños pueden ser una especie de escudo si el agresor dispara desde dentro.
En la Escuela Secundaria “Rodulfo Figueroa Esquinca”, de Cintalapa, Chiapas, un par de individuos irrumpieron a través de la ventana de uno de los salones del turno vespertino. Portaban armas y, tras de ellos, venían elementos de la Policía Sectorial, quienes les disparaban. Eran, aproximadamente, las 4:40 de la tarde cuando inició un tiroteo con los menores adentro, ante el riesgo del fuego cruzado.
Al escuchar las detonaciones, los docentes y trabajadores resguardaron a los alumnos en diferentes partes del edificio escolar, ubicado en la carretera Panamericana km 1003, Barrio Tepeyac. El intercambio de disparos duró cerca de 20 minutos, fue una ráfaga intermitente, entre el tumulto de quienes veían rota su cotidianidad, que escuchaban un estruendo y pensaban que el disparo estaba cada vez más cerca, hasta que las autoridades policiacas y de Protección Civil llegaron con un operativo para evacuar a los alumnos y trabajadores de la escuela.
El edificio quedó asegurado por elementos de la Fiscalía General del Estado y resguardado por la policía estatal y municipal.
Con base en la relatoría del Departamento de Educación de Secundarias Generales, quien proporcionó la información sobre este suceso ocurrido en septiembre de 2019, el fiscal general del estado, José Luis Llaven Abarca, visitó la escuela días después y comprometió apoyo legal, psicológico y material a la comunidad estudiantil, padres de familia y personal.
De acuerdo con la notificación en primera persona que hizo el plantel educativo por este requerimiento de información, con apoyo de la comunidad escolar “se logró superar con éxito los problemas generados por este evento provocado por la delincuencia organizada”. No dice por qué se refiere explícitamente a la delincuencia organizada ni tampoco cómo lograron superar con éxito en la comunidad este suceso.
Esta historia es un esbozo de otros casos que se han presentado: en el Colegio de Bachilleres del Estado de México, en el plantel 14 de Jocotitlán, el 17 de octubre de 2016 un sujeto armado que era perseguido por elementos de la fiscalía ingresó de manera violenta y se ocultó en las instalaciones.
De acuerdo con los registros de incidencia del subsistema educativo, cuando los elementos de seguridad ingresaron al colegio, el individuo al que perseguían disparó contra ellos y, entonces, “repelieron la agresión”, sin decir más sobre un suceso en el que hubo muertes, porque en el tiroteo fallecieron dos elementos de la fiscalía y el presunto delincuente.
También en las puertas o alrededores de las escuelas se han registrado casos que ponen en riesgo las vidas y la seguridad de estudiantes y docentes.
El 22 de enero de 2018 un hombre fue atacado a tiros frente a una guardería en la ciudad de Colima, y el día 11, del mismo mes, un comando abrió fuego contra cuatro personas cerca de la Escuela Primaria Juan José Ríos.
En las calles del puerto de Acapulco, el pasado 19 de febrero de 2026 el conductor de una unidad de transporte que era perseguido por un grupo armado fue abatido en el Plantel 2 de Bachilleres. Como daño colateral, los hombres armados también hirieron a dos alumnas, y una de ellas, Melany Gissel, de 16 años, quien fue cargada en brazos por un padre de familia tras la herida letal, falleció horas después; Paloma, de 17, sobrevivió.
También, el crimen organizado, presuntamente, ha ido por objetivos específicos a las escuelas, dejando a veces una estela de pólvora en su camino.
En Chiapas, el viernes 9 de junio de 2023, en el Colegio Octavio Paz, un padre de familia llegó para celebrar el cumpleaños de su hija al interior del plantel, ubicado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Había pedido permiso previamente y el colegio le autorizó el festejo durante el periodo de lunch, pero alrededor de las 10:10 de la mañana se dio un tiroteo al frente de la institución, el cual tuvo como resultado tres asesinatos. Las víctimas eran escoltas y personal del padre de familia.
El ataque ocurrió en la intersección de la avenida Armando Duvalier y la calle Fábregas Roca, cuando una camioneta Suburban y un automóvil tipo SUV fueron interceptados por dos camionetas pick-up y sicarios dentro dispararon durante aproximadamente cinco minutos, causando múltiples impactos en la camioneta donde viajaban las víctimas.
Presuntamente, el objetivo del comando era el entonces presidente municipal de La Concordia, Miguel Ángel Córdoba Ochoa –el padre de familia que celebraba con su hija–, quien logró huir ileso.
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Con base en el reporte del Departamento de Educación Primaria de la Dirección de Educación Básica de Chiapas, ante lo sucedido aquel día “la escuela implementó el protocolo de seguridad para salvaguardar la integridad física de los alumnos y colaboradores, replegándolos al área de seguridad, promoviendo la tranquilidad y distracción a los alumnos”, pues el tiroteo ocurrió en el entorno inmediato.
Durante el tiempo que duró la balacera, el posterior reconocimiento de las víctimas, la movilización policial, el operativo de búsqueda de los agresores y el acordonamiento del sitio, el personal educativo, asistido por seguridad pública, envió evidencias gráficas (fotos) y textos vía mensajería instantánea para asegurar a los padres que sus hijos estaban bien y seguros, hasta que fueron entregados en su totalidad.
Asimismo, el 26 de febrero último hombres armados que viajaban en al menos tres camionetas ingresaron a las instalaciones del colegio privado Mar de Cortez en Culiacán. Al parecer, buscaban a una persona que, en ese momento, dejaba a su hijo en la institución educativa. Los sujetos robaron un auto en el que se encontraba un bebé dentro; el infante fue abandonado en la colonia Miguel Hidalgo después, íntegro, sin lesiones.
La policía también mata
El 10 de abril de 2019, en las instalaciones de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) un alumno fue ultimado a tiros, presuntamente por agentes de la Dirección General de la Policía de Investigación, que es parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Las autoridades trataron de justificar la actuación de los elementos, falseando que la víctima se encontraba armada cuando sucedieron los hechos; sin embargo, la hermana del joven denunció que esa situación “no es real”, además de reclamar la criminalización, porque también trataron de hacer pasar a su hermano como “drogado” en el momento del ataque.
Todas las irregularidades en el caso fueron integradas en la Recomendación 01/2020 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la cual había iniciado un expediente tras dos quejas de manera oficiosa, luego acumuladas por corresponder a la misma fecha y vulnerar el derecho a la vida de estudiantes de la UAZ.
Dicha recomendación también revela que aquel 10 de abril de 2019, previo a estos sucesos, poco más de hora y media antes, una estudiante había sido asesinada con arma de fuego, motivo por el cual en ese lugar se encontraban agentes de Ministerio Público y Policías de Investigación adscritos a la Unidad de Feminicidio, así como Personal de Servicios Periciales, “con el fin de controlar, preservar y procesar la escena del lugar de los hechos”.
Tras una búsqueda hemerográfica y en comunicaciones oficiales de la Universidad Autónoma de Zacatecas se comprobó que el primer incidente correspondió al feminicidio de Nayeli Noemí, una estudiante de 22 años del décimo semestre de la Unidad Académica de Derecho, quien había sido atacada a balazos por un hombre que logró huir y en junio siguiente fue detenido.
Por ello, la escena se encontraba acordonada desde el lugar donde se ubica el actual edificio de la dirección, hasta la altura donde se encuentra un búho artesanal, que está bajando las escaleras, por el pasillo que une y conduce a las oficinas de cobro, anterior dirección, baños y control escolar. Fue justo a través de un seguimiento a las cámaras de videovigilancia de la casa de estudios que se comprobó el ataque al segundo estudiante, junto con otras periciales que acreditaron las violaciones en las que incurrieron los agentes que lo privaron de la vida en su propia universidad.
Adultos armados
El ingreso de un hombre armado a la Escuela Primaria “Francisco J. Mújica” de Chetumal para encañonar con un arma de fuego, y golpear, a un niño, es una de las quejas que posee la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO).
Tras iniciar el expediente VG/OPB/040/01/2016 solicitó información a la Secretaría de Educación del Estado, quien aceptó que sí había ingresado una persona adulta del sexo masculino, y que había golpeado a un alumno, aunque omitió reconocer si el sujeto iba armado o hubiese encañonado al menor.
No obstante, reportes hemerográficos con testimonios directos de quienes presenciaron la agresión refieren que el adulto entró con el arma, golpeó a puño cerrado a un niño de quinto año, le apuntó al rostro y lo amenazó de muerte. Posteriormente, se dio a la fuga a bordo de un taxi. Presuntamente, el ataque derivó de un pleito que tenía el niño golpeado con el hijo del agresor; este último, otro alumno que cursaba el sexto grado.
También los docentes son amenazados
El 29 de febrero de 2024, en la Telesecundaria Ricardo Romero Aceves de Minatitlán –un poblado de apenas unos diez mil habitantes en Colima– un padre de familia amenazó con un arma de fuego a un docente. No hubo víctimas, aunque se emitió un acta de hechos turnada a la Dirección de Educación Pública; el estatus actual del procedimiento es “cerrado”, sin que la SEP estatal pormenorice más sobre el acontecimiento.
El 23 de octubre de 2024, una madre de familia ingresó a la Escuela Primaria Francisco Villa, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, para amenazar de muerte, con un arma de fuego, a tres docentes.
Todas las personas involucradas, así las víctimas, como la agresora, son del género femenino y las cuatro mayores de edad, según el registro que hizo la SEP estatal por el acontecimiento, en el que sostuvo que no existieron personas lesionadas, dejó el asunto como un tema de particulares, y se deslindó.
Las otras violencias
En México, la realidad de las armas en las escuelas va más allá de los alumnos. A diferencia de Estados Unidos, que se caracteriza por un aumento alarmante de tiroteos motivado por el fácil acceso a armas de fuego, factores de salud mental, acoso escolar y lo que especialistas han llamado el «contagio social» entre jóvenes, en México también convergen otras violencias: el secuestro es uno de ellos y, en un país con un alto nivel de violencia familiar, también hay casos documentados de ingresos de hombres armados para matar a sus expareja, y lo hicieron frente a infancias, en un lugar creado para ellas y donde quienes terminaron por ser sus víctimas debían estar seguras.
En Oaxaca, la Unidad de Sistemas y Estadísticas de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca reveló que, en 2024, ocurrió el feminicidio de una intendente, cuando su expareja se introdujo en la escuela y la privó de la vida con un arma de fuego. La notificación del acontecimiento la recibió mediante una llamada de emergencia, aunque no proporcionó más información al respecto.
La Fiscalía General de Chiapas, a su vez, tiene registro de un feminicidio con arma de fuego en 2023, ocurrido en un plantel, cuyos datos reservó.
En otros delitos graves también está el del 26 de septiembre de 2013, cuando con arma en mano, un alumno de 18 años del Bachillerato Técnico Número 30 de la Universidad de Colima intentó secuestrar a una compañera, pero fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) cuando huía con la víctima en un vehículo en la carretera; la había sacado por la fuerza de un aula, con la amenaza de accionar el fusil si alguien se interponía.
Además, el 3 de febrero último un grupo armado ingresó con violencia a las instalaciones de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en el ejido Zacate Colorado del municipio de Tihuatlán, al norte de Veracruz, para privar de la libertad a una persona, al parecer padre de familia y dueño de un taller mecánico.
El plagio ocurrió cerca de las 8:30 de la mañana durante un acto cívico, por lo que alumnos y docentes presenciaron el sometimiento por parte del grupo armado hacia la víctima; luego, los hombres con los rostros cubiertos se retiraron del sitio con rumbo desconocido. Ese día, la Marina, el Ejército y las policías estatal y municipal realizaron un operativo de búsqueda y las clases en la primaria fueron suspendidas.
Incluso, en zonas dominadas por el crimen, las escuelas también han sido sitios de almacenamiento de armas: en enero de 2019 el ejército encontró dos fusiles AK-47, cargadores y cartuchos al interior de una escuela en la comunidad El Mirabal, perteneciente al municipio de Eduardo Neri, en Guerrero.
Sin explicar la mecánica de hechos, se informó que las dos armas, 25 cargadores y mil 340 cartuchos útiles calibre 7.62 se encontraban dentro del plantel, ubicado en una zona que había sido vulnerada por el desplazamiento forzado de personas debido a la violencia, asesinatos y desapariciones.
Y la historia sigue
Aunque esta investigación cerró el conteo hasta marzo, en abril detonaron mensajes intimidatorios en planteles de diferentes estados, como Puebla, Sinaloa, Ciudad de México e Hidalgo; incluso, en la plataforma Tik Tok se identificó un reto viral denominado “tiroteo mañana”, que desplegó a corporaciones de seguridad y generó ausentismo escolar al menos en diez entidades entre las semana del 19 al 25 de abril y la del 26 al 2 de mayo. La viralización detonó lo que los expertos denominan efecto copycat (imitador), pero alertaron que este «efecto contagio» replica el modus operandi de casos famosos, lo cual convierte la exposición mediática en un modelo de comportamiento que ya antes ha incluido actos violentos.
También hubo casos de mayor alarma, como el de la Escuela Secundaria General “Elisa Acuña Rossetti”, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, donde apareció un mensaje en el baño: “Mañana tiroteo acá en la escuela. Los profes no hacen nada contra el bullying”. En el contexto estaba la muerte de Ángel Israel, un menor de 15 años que era estudiante de tercer grado grupo H, quien habría atentado contra su propia integridad, no en la escuela, pero en un caso posiblemente relacionado con acoso escolar, lo cual derivó en reclamos de compañeros y padres de familia, más la exigencia de reforzamiento de seguridad y del cese del hostigamiento y violencia en las aulas.
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Las carpetas de investigación, los expedientes de organismos de derechos humanos y los reportes que provienen de las escuelas muestran historias de distintas agresiones; además de balas perdidas y amenazas. También, de docentes que se arrojaron al piso para proteger a los infantes, haciendo de su cuerpo un muro.
Los hechos muestran que en México, en la realidad de las armas, confluyen una serie de violencias, algunas que libra el país afuera y han entrado al salón de clases.
* Aquí puedes leer la primera parte
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