Gobierno de Juárez otorgó contratos millonarios a aliados políticos del hermano del alcalde

Miguel Silerio | La Verdad de Juárez

De ocupar un discreto escritorio en la Dirección de Obras Públicas, donde percibía poco más de 11 mil pesos mensuales y daba lectura a los fallos de licitación, Irvin Alonso Ruiz Orozco pasó, en un par de años, a convertirse en proveedor de obras millonarias del gobierno municipal de Juárez.

Sin experiencia previa en construcción, con maquinaria rentada y respaldándose en la cédula profesional de su colaboradora, entre 2021 y 2023 Irvin Alonso Ruiz Orozco acumuló decenas de millones de pesos en contratos de obra pública del gobierno de Cruz Pérez Cuéllar, como persona física. En ese proceso no estuvo solo: a su lado aparece la ingeniera civil Kenya Daniela Garibay Baca, quien primero se desempeñó como su residente de obra y posteriormente constituyó su propia empresa constructora, que lo relevó en la obtención de contratos millonarios en 2024 y 2025.

Ambos mantienen una estrecha cercanía política con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, hermano del alcalde de Ciudad Juárez. Fueron integrantes de su equipo de campaña en 2024 y actualmente participan en actividades partidistas y suelen acompañarlo en eventos públicos en Ciudad Juárez.

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En poco más de cuatro años, el gobierno municipal de Juárez adjudicó 20 contratos de obra pública a Ruiz Orozco y Garibay Baca por un total de 73 millones 887 mil 785 pesos.

Las adjudicaciones comenzaron tras el arranque de la primera administración municipal de Pérez Cuéllar y coincidieron con el fortalecimiento de los vínculos políticos, personales y partidistas entre los contratistas y Alejandro, legislador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien ha mantenido presencia en asuntos municipales desde el inicio del gobierno de su hermano, aun sin ocupar un cargo formal en la estructura del Ayuntamiento.

El primer contrato llegó en noviembre de 2021, apenas dos meses después del inicio de la primera administración crucista. A partir de entonces, ambos comenzaron a acumular adjudicaciones de manera sostenida durante el trienio pasado y el primer año de la administración actual, de acuerdo con documentos oficiales.

Ruiz Orozco aseguró en entrevista que su relación con el diputado es únicamente política, como simpatizante del PVEM. Garibay Baca también señaló que su trato con el legislador es por colaboraciones partidistas voluntarias y no remuneradas. Sin embargo, publicaciones en sus redes sociales revelan que la relación va más allá de lo político: fotografías de cumpleaños, partidos de futbol y convivencias sociales muestran un lazo de amistad con el diputado federal y su equipo.

Esa relación coincidió con la expansión empresarial de Ruiz Orozco y Garibay Baca entre noviembre de 2021 y diciembre de 2025, cuando sumaron contratos municipales para pavimentaciones, espacios deportivos, obras en escuelas, rehabilitación de edificios públicos y, principalmente, la construcción de parques.

Cuestionado al respecto, el diputado Pérez Cuéllar se limitó a responder que “desconoce” los contratos municipales otorgados a sus colaboradores y se negó a abundar sobre el tema y su relación con Ruiz Orozco y Garibay Baca. Tampoco respondió a solicitudes de entrevista.

Su hermano, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que no existen irregularidades en la asignación de los contratos, sostuvo que los contratistas tienen derecho a participar en licitaciones públicas y minimizó el monto total asignado al compararlo con el total del presupuesto municipal.

Aunque autoridades y contratistas aseguran que no hubo irregularidades, especialistas en el tema, consultados para esta investigación, advierten que apegarse a la ley no excluye la posible existencia de irregularidades.

Entre las señales de alerta están la falta de experiencia de los proveedores –sobre todo en obra pública, donde se requieren capacidades técnicas específicas–, la participación de empresas recién creadas, la acumulación de contratos, las adjudicaciones directas y posibles vínculos previos entre contratantes y contratistas. También señalan que el caso exhibe la entrega de contratos municipales otorgados a pequeños grupos vinculados al poder.

De empleado municipal a contratista y candidato del PVEM

Dos años antes de recibir su primer contrato, Irvin Alonso Ruiz Orozco trabajaba como empleado de confianza de la Dirección de Obras Públicas. Tras dejar ese cargo público y con el arranque de la gestión de Pérez Cuéllar, inició una carrera como contratista que le ha significado facturar 38.5 millones de pesos, de acuerdo con documentos oficiales, de 2021 a 2023.

Su ascenso como contratista de obra pública municipal coincidió con el inicio del gobierno de Cruz Pérez Cuéllar. Sin experiencia previa en la construcción, sin socios visibles y con maquinaria rentada —en su mayoría a la empresa Compañía Constructora Tres Cares, señalada en 2017 en una denuncia por corrupción contra exfuncionarios de la Junta Central de Agua y Saneamiento—, obtuvo su primer contrato municipal en noviembre de 2021, apenas dos meses después del arranque de la administración.

De acuerdo con las propuestas técnicas presentadas por Ruiz Orozco en las licitaciones, los documentos en los que la empresa Tres Cares se comprometió a rentar el equipo para las obras fueron firmados por Silvia Molina Baca, madre de Kenya Garibay Baca, quien aparece registrada como encargada del área de Ventas.

Ruiz dijo que renunció al gobierno municipal porque le “gustan mucho los negocios” y se hizo proveedor del municipio debido a que conoce la ley de obras públicas y “todos los procesos y lo que tenga que ver con la obra pública, al derecho y al revés”. 

Cuando dejó su cargo en el gobierno, continuó, “fue ahí cuando dije: ‘pues si hay muchos que pueden hacer obra o que pueden hacer otro tipo de negocios que no sea nada más enfocado en su profesión, ¿por qué yo no lo puedo hacer?’”.

Las propuestas presentadas por Ruiz Orozco en los concursos municipales se presentaron en hojas que llevan un logo formado con las letras AR y la palabra Constructora, sin embargo, obtuvo los contratos como persona física, se pudo corroborar en los documentos revisados.

Ruiz Orozco egresó en 2018 de la Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Posteriormente cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y una maestría en Derecho Empresarial.

Su ingreso al gobierno municipal ocurrió en 2017, durante la primera administración del exalcalde Armando Cabada Alvídrez —actual diputado federal por Morena—, cuando fue contratado como asistente administrativo. Entre sus funciones se encontraba anunciar públicamente, en transmisiones oficiales por YouTube, los fallos de las licitaciones de obra pública. Renunció el 17 de septiembre de 2019, de acuerdo con información oficial solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

De forma casi paralela a su crecimiento como contratista municipal, Ruiz Orozco se integró activamente a la contienda electoral de 2024, no sólo como colaborador incorporado a la estructura de campaña de Alejandro Pérez Cuéllar, entonces contendiente a diputado federal por la coalición Morena-PVEM-PT, sino como candidato a regidor por el Partido Verde.

En ese mismo proceso, Ruiz Orozco fue registrado en la cuarta posición de la planilla de regidores del PVEM y, aunque contendía por un cargo en el Ayuntamiento, su participación se concentró en la campaña del diputado federal, con presencia en cruceros, mítines y actos públicos junto a su equipo.

Desde entonces, ha mantenido presencia en actividades políticas tanto del legislador como de su hijo, Alejandro Pérez Escalante, quien dirige ese partido a nivel municipal desde octubre de 2024.

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