Hace tan solo unos días el Congreso local mencionaba que había que comenzar a sancionar a Aguas de Puebla, pero las sanciones planteadas tienen que ver únicamente con las quejas existentes por el mal funcionamiento de la empresa, evidentemente el acto de robar agua a los pueblos no está dentro de sus preocupaciones.
¿Tendrá que ver con que Armenta solicitó un préstamo por 2 mil millones de pesos a Banorte , de la famila Hank, para finiquitar la deuda con la empresa La Peninsular Compañía Constructora, propiedad de la misma familia Hank Rhon, derivada de la construcción del Museo Internacional Barroco?
¿Tendrá que ver algo con que, pese a que fue promesa de campaña cancelar la concesión a Agua de Puebla, decidan no solo continuar con ésta, sino proteger sus actos criminales y operar en contra de la voluntad de los pueblos?
En el Nodo de Derechos Humanos nos preocupan mucho los sucesos recientes en relación al saqueo del agua en Puebla:
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La imposición de obras del ayuntamiento de Xoxtla el 9 de octubre escoltados con policías estatales para extraer más agua de los pueblos y llevarla a la Ciudad de Puebla.
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La cancelación que el 7 de octubre hizo la directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, Josefina Manjarrez Rosas, del conversatorio «La autonomía de los pueblos contra el despojo y la contaminación del capital» exhibiendo la arraigada política educativa de control, represión y censura.
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La mención que hizo en semanas recientes la Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, acerca de que se buscará reformar la Ley de Estatal del Agua supuestamente para implementar sanciones en caso de incumplimientos de Agua de Puebla. Cosa que prende alarmas de mayor privatización del agua por las maniobras que a nivel nacional están implicando las reformas a las leyes locales del agua con el pretexto de la sustentabilidad y el bien común. Todo esto para abrir paso al Plan Nacional Hídrico que en los hechos va a implicar el control discrecional del agua por parte del Estado para otorgarlo a su antojo a empresas.
Con los mencionados hechos cada vez es más exhibido de un modo sistemático y cotidiano en Puebla el funcionamiento de acuerdos turbios, ilegalidad, opacidad de autoridades estatales y universitarias que fortalecen las añejas estructuras caciquiles, mafiosas y oportunistas que han constituido a Puebla bajo las más viles dinámicas racistas y corporativas que ven en los pueblos solo un territorio a controlar y saquear y en los estudiantes una población que aleccionar y dirigir.
Con la política extractiva del Gobierno Federal, Estatal de Puebla y Municipal de Xoxtla se está violando el derecho de los pueblos a conservar, restaurar y proteger el medio ambiente, el derecho a la consulta sobre decisiones que afecten sus derechos, el derecho a la autodeterminación en sus territorios. En el caso de las y los estudiantes se está transgrediendo su derecho a la expresión, reunión y libertad de asociación.
Sin importar los cambios de administración o las presuntas transformaciones, la imposición de proyectos, el extractivismo, el autoritarismo, la represión y la censura parecen mantenerse arraigadas en las instituciones gubernamentales y educativas, la diferencia, tal vez, es que ahora se simula escuchar al pueblo.
Llamamos a estar alerta ante cualquier ofensiva o maniobra contra quienes defienden el agua por todas y todos.