En abril del 2021 las autoridades federales irrumpieron en dos domicilios, uno de ellos en San Andrés Cholula, el otro ubicado en Xochitepec, Morelos. Iban detrás de dos jóvenes de entre 26 y 27 años que se dedicaban a la construcción de drones para grupos del crimen organizado, para los cárteles Santa Rosa de Lima (CSRL) y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los dos jóvenes, con estudios truncos de Ingeniería Civil, encontraron en el armado y adecuación de los drones para ser usados como armamento para el manejo de explosivos por parte de la delincuencia organizada de este país un lucrativo negocio.
Unos días después de las capturas el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que el CJNG estaba empleando drones con explosivos en Jalisco, Guanajuato y Michoacán.
La hipótesis de las autoridades federales fue que un grupo dedicado a la compraventa de armas y explosivos robados subcontrataba a estos jóvenes para que manufacturaran drones con C-4. Luego, los empleadores vendían los dispositivos a los dos cárteles.
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Al final los dos jóvenes fueron liberados pues en su detención, extrañamente, hubo irregularidades y la juez a cargo del caso prefirió lavarse las manos. Los extraños vericuetos de la justicia.
En Puebla, es cierto y por fortuna, pocos registros tenemos de ello, a diferencia de lo que sucede en estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Guerrero o Chiapas, donde se ha focalizado su uso, de acuerdo con documentos de la Sedena.
Y la respuesta de la Fiscalía, ya en el periodo de Idamis Pastor Betancourt, muestra que al menos en estos primeros meses la transparencia no es una de sus prioridades, a pesar de que en el currículum de Pastor Betancourt dice que tiene estudios en la materia.
Interesante, sin duda, es su currículum educativo publicado en la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
- Licenciada en Derecho por el Instituto Técnico y Bancario San Carlos, A. C.
- Maestra en Derecho Penal por la Universidad Privada del Estado de México
- Doctoranda en Derecho Electoral por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral.
Pura institución académica de amplio y reconocido prestigio educativo.
Pero me estoy desviando, el punto es que la Fiscalía me pidió encuadrar mi petición en un tipo penal para poder responderme. Una respuesta que lejos de hacer rápido y expedito el procedimiento de acceso a la información pública dificulta y entorpece el ejercicio del derecho de acceso a la información de las y los ciudadanos.
Es decir, partiendo de la idea de que el derecho de acceso a la información es un derecho universal pedir una aclaración técnica a las solicitudes lo único que hace es limitar la posibilidad del acceso real a quién no posea ese conocimiento, es decir, elitiza el acceso.
Pero ya se sabe que a la 4T, administración de la que forma parte de la Fiscalía a cargo de Pastor Betancourt, eso de la transparencia ni es su fuerte ni de su interés político.
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Por lo que implica al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión retomo y hago mío lo que escribió Sergio Mastretta en el portal Mundo Nuestro sobre las acusaciones que lanzó el gobernador Armenta sobre Rodolfo Ruiz, director del portal e-consulta.
“No podemos dejarlo pasar, y por ello publicamos este breve alegato contra el abuso de poder por parte del gobernador de Puebla Alejandro Armenta como un acto mínimo de protesta ciudadana contra un gobierno autoritario.
“Hay hechos que rebasan todo lo visto en el historial de abusos de poder al que recurren los gobernadores en turno en el estado de Puebla. La diatriba que Alejandro Armenta hizo la mañana de este lunes 7 de abril contra el periodista Rodolfo Ruiz marca un punto extremo como no lo había yo visto en cuatro décadas que tengo de seguir la vida pública de Puebla.
“Sabemos que la expresión libre del periodismo es uno de los únicos mecanismos de protección que la ciudadanía tiene como defensa contra quienes controlan y usan abusivamente, sin contrapesos de los poderes legislativo y judicial, del aparato de poder centralizado en la figura del gobernador en turno.
“Rodolfo Ruiz ha sido asediado desde tiempos de Moreno Valle por acciones que atentan contra su libertad de expresión como periodista. Ese acoso lo secundó y lo llevó al terreno judicial sin ningún empacho el gobernador Miguel Barbosa; más de cuatro años y los juicios siguen abiertos. Su medio de comunicación, el portal noticioso e-consulta, ha logrado sobrevivir esas acciones claramente criminales impulsadas por esos gobernadores. Es el turno de Alejandro Armenta, quien ha amenazado hoy al director de este periódico digital de gran penetración en el estado de Puebla. Justo esto último es lo que no puede soportar quien se sabe contenedor del poder absoluto. Vale la pena leer las columnas periodísticas recientes de Ruiz para identificar las verdaderas causas del enojo del gobernador: el peso de su pasado marinista, el control del proceso de la elección judicial desde el aparato de gobierno y la estructura de control político armada desde el partido en el poder Morena. Y por ello ha amenazado con arrojar sobre el periodista Ruiz la fuerza del aparato estatal contenida en la Fiscalía, de supuesta autonomía respecto del poder ejecutivo. A la vista de todos y sin tapujos le ha dado una orden tajante a la señora Fiscal Idamis Pastor Betancourt.
“No debe pasar de lado este hecho contra la libertad de expresión en Puebla, y por ello publicamos este breve alegato contra el abuso de poder por parte del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, como un acto mínimo de protesta ciudadana contra un gobierno autoritario”.
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