Alejandro Ruiz y Daniela Pastrana | Pie de Página
El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de los crímenes cometidos en la llamada Guerra Sucia presenta este viernes el informe final de la colección Fue el Estado. Dividida en 6 volúmenes, la investigación confirma que, entre 1965 y 1990, al menos 8 mil 594 personas fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado Mexicano.
La cifra es resultado de la investigación de tres comisionados del Mecanismo: Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos A. Pérez Ricart, quienes partieron de una redefinición del concepto de contrainsurgencia: la estrategia que el Estado mexicano usó para desmovilizar a grupos organizados y potencialmente subversivos del país, así como a las disidencias de partidos políticos e instituciones de seguridad.
La redefinición del concepto busca colocarlo en un lugar amplio, donde los crímenes cometidos durante el periodo conocido como la Guerra Sucia no sólo se avocaron a la desmovilización de las organizaciones político-militares, sino también a un conjunto de comunidades, organizaciones e individuos que se opusieron, de una u otra forma, a las políticas de desarrollo o que cuestionaron el autoritarismo del régimen. Esta reconceptualización parte de una premisa: que toda grave violación a los derechos humanos está ligada a un proceso de acumulación de capital y de la movilización de las estructuras del Estado para asegurar sus intereses. Por eso, más allá de la contrainsurgencia, la violencia de Estado también estuvo dirigida al control y sometimiento de campesinos, obreros, estudiantes, comunidades indígenas, y diversidades sexo-genéricas.
La tesis no fue compartida unánimemente por todos los comisionados del Mecanismo. La comisionada Eugenia Allier Montaño trabajó por separado la colección Verdades innegales, que recupera los testimonios y casos de víctimas relacionadas a Organizaciones Político Militares o disidencias políticas. Su informe, que presentará públicamente en los próximos días, se concentra en documentar únicamente el sistema represivo contrainsurgente en México y tiene un amplio apartado dedicado a los llamados Vuelos de la Muerte, que se desarrollaron en dos etapas: la primera entre 1971 y 1974 principalmente a través del uso de helicópteros, y la segunda a partir de la segunda mitad de 1974, con la implementación del Plan de Operaciones Atoyac.
“Los años 1965 y 1990 la violencia política de Estado, realizada de manera generalizada, sistemática y planificada, estuvo dirigida a desarticular y aniquilar a los grupos políticos considerados peligrosos para el proyecto de nación enarbolado por los gobiernos de la coyuntura”, dice un resumen de 400 hojas de esa colección.
El testimonio de un mecánico que participó en varios “vuelos de la muerte” permitió reconstruir la forma en que eran trasladados los cuerpos de las víctimas y arrojados al mar. Imagen: SITU Research / Centro Prodh
El debate, sin embargo, no deja afuera lo central: el Estado mexicano, con sus aparatos políticos y de seguridad, reprimió, torturó, asesinó y desapareció a personas a discreción para salvaguardar su status quo y su proyecto de desarrollo.
Fue el Estado: violaciones sistemáticas, más allá de la contrainsurgencia
La colección Fue el Estado plantea que la violencia del Estado durante el periodo conocido como Guerra Sucia no sólo se concentró en contra de militantes de organizaciones político-militares, movimientos estudiantiles u organizaciones laborales-sindicales. Para realizar la investigación, los comisionados del Mecanismo realizaron 148 viajes de trabajo de campo en 23 estados de la República. Además, consultaron directamente documentos en 95 acervos públicos y privados.
“Las violaciones que ocurrieron dentro del campo de acción que habilitó la contrainsurgencia, más allá de si las víctimas fueron o no los destinatarios directos de la política contrainsurgente, tuvo un carácter sistemático por tratarse de una intervención deliberada del Estado para hacer frente a algo que le significaba un problema”, dice el informe.
Los investigadores identifican, al menos, a once conjuntos de víctimas: comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas; miembros de movimientos urbano-populares; periodistas; personas refugiadas guatemaltecas; personas de las disidencias sexo genéricas; miembros de organizaciones político-partidista; comunidades violentadas por la imposición de políticas de desarrollo; habitantes de zonas en las que se llevó a cabo el combate al narcotráfico; personas marginalizadas y criminalizadas; disidencias religiosas; miembros de las fuerzas armadas y policiales.
Estos grupos de víctimas permiten ampliar el abanico de perpetradores o responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. Los perpetradores, además de pertenecer al Ejército, la Marina Armada o la Dirección Federal de Seguridad, también fueron cuerpos policiales Federales, Estatales y Municipales; funcionarios de Ministerios Públicos, del Instituto Nacional de Migración, o dirigentes de partidos políticos, como el PRI, que, a la vez, usaron a organizaciones o grupos afines, como la CTM, CNC o la CROM, así como pistoleros a sueldo conocidos como guardias blancas, o grupos paramilitares.
También, resalta la implicación de gobernadores, presidentes municipales y hasta funcionarios del Ejecutivo Federal, así como gobiernos extranjeros, como la entonces República Federal Alemana o Guatemala, y las agencias de los Estados Unidos, como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), quienes instruyeron en métodos de tortura y tácticas de contrainsurgencia a las autoridades mexicanas, alimentando la lógica del enemigo Interno, que después se trasladó al paradigma de la guerra contra las drogas que prevalece hasta nuestros días.
Sobre esto, dice el texto, la formación y adiestramiento militar “permitió la transferencia de capacidades para la contrainsurgencia, alineada a las agendas políticas económicas y de seguridad estadounidense».
Las responsabilidades también se extienden a grupos empresariales, o caciques locales, quienes, amparados por la impunidad que prevaleció en las instituciones de Procuración de Justicia, también utilizaron métodos de contrainsurgencia para salvaguardar sus intereses económicos en los territorios que resistían ante el despojo.
El documento, de 7 volúmenes, detalla que, “la investigación de esclarecimiento permitió constatar que lo característico de estas dos décadas y media (1965-1990) fue precisamente el giro contrainsurgente de la década de 1960”.
Y añade que, éste giro «reorganizó una variedad de prácticas represivas del Estado en torno a un nuevo eje ideológico y creó nuevas. Esta rearticulación, lejos de desplazar prácticas anteriores, terminó engulléndolas y resignificándolas bajo un nuevo paradigma.
“De esa forma, violencias de vena capitalista, de vena patriarcal, de vena político-ideológica, de vena racista y clasista terminaron por desembocar en un mismo caudal. El efecto no fue sólo retrospectivo: la contrainsurgencia terminó imprimiendo su sello en los subsecuentes emprendimientos represivos contra diversas poblaciones”.
Los métodos de contrainsurgnecia, constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, identificados en esta colección son los siguientes: detención arbitraria; prisión por motivos políticos; ejecución extrajudicial; masacre; desaparición forzada; desaparición forzada transitoria; tortura; tortura sexual; violencia sexual; violencia reproductiva; exilio; desplazamiento forzado.
Monte Chila: la ocupación militar para disuadir la lucha por la tierra
El Informe reconoce que la aplicación de estrategias contrainsurgentes contra comunidades campesinas, indígenas y afroamericanas fue constante durante el periodo de 1965 – 1990. El objetivo de éstas acciones, afirma el Mecanismo, fue minar las bases de las organizaciones político-militares, pero también acabar con las luchas por los derechos agrarios y, con esto, afianzar el control del territorio por parte de las fuerzas de seguridad.
El resultado de esta estrategia fue el desplazamiento de comunidades enteras, y también, masacres inenarrables que alimentaron el terror colectivo, y en algunos casos, disuadieron la organización.
Este fue el resultado de la ocupación militar en Monte Chila, Jopala, en Puebla, donde en 1970 el Ejército masacró a 50 campesinos que peleaban por la creación de un núcleo agrario desde la década de los 60, enfrentándose a terratenientes locales quienes, de acuerdo a testimonios recogidos en el Informe, «cooperaron de mil pesos en ese tiempo […] para mandar pistoleros a robar para que le echaran la culpa a los que estaban ahí”.
Así, la madrugada del 28 de enero de 1970 miembros del Ejército mexicano adscritos a la 25/a Zona Militar, en Puebla, entraron al poblado de Monte Chila acompañados por agentes de la Policía Judicial. Al entrar al poblado, las fuerzas del orden comenzaron a asesinar a los campesinos, y según testimonios de la época, también a menores de edad, mujeres y ancianos, la mayoría de origen tutunakú.
Tras la masacre y ocupación del poblado, la cual duró aproximadamente un mes, las autoridades del estado de Puebla, en ese entonces gobernada por el General Rafael Moreno Valle, intervinieron en la comunidad. No lo hicieron para esclarecer las denuncias de tortura o asesinatos, sino para posibilitar la elección de nuevas autoridades. En concreto, intervino Antonio Flores Rojas, en ese entonces director de gobernación del estado de Puebla, quien el 7 de febrero promovió la elección como Primer Regidor de Camilo Cruz López, identificado como uno de los pequeños propietarios de Monte Chila.
Aunque la lista oficial habla de 50 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, el Mecanismo estima que éstas pueden ascender a 600 personas que, además de la masacre, fueron víctimas directas o indirectas de desaparición forzada, ejecución arbitraria y detención arbitraria prisión por motivos políticos.
El ciclo de impunidad
El 20 de agosto de 1988, después de que las protestas que denunciaban fraude electoral en contra de Cuauhtémoc Cárdenas y a favor de Carlos Salinas de Gortari en la elección presidencial, un hecho sacudió a la entonces Delegación Azcapotzalco.
Ese día, los cuerpos de cuatro jóvenes estudiantes: Jesús Ramos Rivas, de 16 años; Jorge Flores Vargas y José Luis García Juárez, ambos de 17 años y Ernesto del Arco Parra, de 18, aparecieron dentro de un automóvil con tiros en la cabeza. El automóvil donde los encontraron era el mismo que dos de ellos usaron una semana antes para denunciar el fraude electoral. Los jóvenes pertenecían a un comité en defensa del voto cardenista.
En ese entonces, la Procuraduría General de Justicia dijo que el móvil del asesinato fue un «accidente de tránsito», negando los motivos políticos. En una declaración medios, el entonces director de la Policía Judicial del Distrito Federal, Jorge Obrador Capellini reforzó esta hipótesis diciendo que él no conocía «ningún partido político de niños».
La conclusión de la Procuraduría se basó en el testimonio de testigos fabricados, acusaron familiares de los jóvenes asesinados. Años después, los testigos en el caso entraron a la Policía Judicial. Según el informe Un sexenio de violencia política, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos del PRD, la evidencia apuntaba a que en el asesinato de los jóvenes participaron, al menos, seis agentes de la Policía Judicial.
Para el caso se creó una Fiscalía Especial, que insistió en que el móvil del asesinato fue un hecho de tránsito. En junio de 1993 la Fiscalía se cerró por decreto gubernamental. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 1991 y 1993, publicó oficios donde se deslindaban de la responsabilidad de atraer el caso.
El 25 de abril de 1996, la Procuraduría detuvo a cuatro policías por el asesinato: Antonio Infante, adscrito a la Dirección General de la Policía Judicial; Oscar González de la Vega, jefe de grupo y comandante de Aprehensiones en la delegación Tlalpan; Andrés Arreguín Vázquez, de la Dirección de Aprehensiones, y José Bárcenas, asignado a la Dirección de Investigaciones.
En 2005, una solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos reveló que Santiago Rodríguez Mata, el policía acusado de ser el responsable directo de los crímenes, aún estaba prófugo de la justicia, y que las autoridades del Distrito Federal no lo estaban buscando.
Operación Cóndor: la fachada de la guerra contra las drogas
El arranque de la Operación Cóndor en 1976 marcó un punto de inflexión en la historia del combate al narcotráico en México. A petición de los Estados Unidos, el ataque frontal a las organizaciones criminales derivó en el uso desmedido y arbitrario de la fuerza que, como precisa el Informe, resintieron, principalmente, las comunidades empobrecidas de campesinos e indígenas.
Un caso que ejemplifica esto es el de los pobladores del municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua. En 1976, llegaron agentes federales que, junto con el Ejército mexicano, cometieron graves violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada transitoria e intentos de ejecuciones extrajudiciales.
Éstas prácticas, aprendidas por las fuerzas del orden a partir de la estrategia contrainsurgente y la Escuela de las Américas, se replicaron en muchas de las comunidades norteñas donde, bajo el pretexto de combatir al narcotráfico, se incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos.
Algunas de éstas prácticas cometidas por agentes de la Policía Judicial Federal, militares y Ministerios Públicos, fueron documentadas en 1978 por los abogados y defensores de Derechos Humanos Carlos Morán Cortez, Norma Corona Sapien, Jesús Michel Jacobo y otros que entrevistaron a internos del Centro de Readaptación Social de Sinaloa.
La lista, recuperada en el Informe del Mecanismo, incluye golpes con los puños y culatazos en los testículos, abdomen, costillas, cara y nuca; golpes con las palmas abiertas sobre los oídos (maniobra conocida como golpe deconejo) que rompen los tímpanos; arar a los detenidos con el compás abierto al máximo, maniatados y vendados de los ojos, durante días y noches, mientras es golpeado a culatazos; introducción de bebidas gaseosas (Tehuacán, Pepsicola), alcohol o gasolina por la nariz, con la boca fuertemente atada, mientras la persona está atada a una tabla, y un agente le presiona el tórax sentándose sobre él; toques eléctricos, con el cuerpo completamente desnudo y mojado, en órganos sexuales, boca y ano; introducción de la cabeza en excusados llenos de excremento humano; quemaduras con cigarrillos en todo el cuerpo; martirio de hijos y esposas en presencia del detenido; piquetes con los dedos en ojos, oídos y región hepática; mantenimiento del detenido colgado de los pulgares de ambas manos, por tiempo indefinido; reclusión en espacios estrechos en condiciones de calor extremo.
Los números del horror
En total, la colección Fue el Estado identificó 8 mil 594 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. El número de violaciones asciende a 1 millón 174 mil 316.
La mayoría de los casos, según las investigaciones, fueron casos de detención arbitraria, contabilizando 4 mil 9 eventos. Del conjunto de los 11 grupos de víctimas, el que concentró más casos fueron las que militaban en organizaciones político-partidistas, con 2 mil 689 víctimas.
Los estados en donde se documentaron más casos para este Informe fueron la Ciudad de México, con mil 119 eventos; seguida de Chiapas (961), Oaxaca (850), Guerrero (734) y el Estado de México (710).
Los años donde se registraron más graves violaciones a los derechos humanos fueron 1983, con 901 casos; 1978, con 718 casos; 1986 con 657 casos; 1974, con 642 casos, y 1973 con 545 casos.
En total, el MEH estima que 123 mil 034 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado. El Mecanismo identificó 113 eventos de desplazamiento forzado interno entre 1965 y 1990. La mayoría de las víctimas se concentraron en el Estado de México, Guerrero, Chiapas y Oaxaca.
Las agresiones, también, se extendieron hacia las fuerzas del orden (militares, policías y agentes) que disintieron de las órdenes de sus superiores. El Informe del Mecanismo retoma algunos casos, como la Desaparición forzada de escoltas del gobernador de Sinaloa a manos del ejército, en 1977; la detención arbitraria, desaparición forzada transitoria, tortura y masacre de la familia Quijano Santoyo, en la Ciudad y el Estado de México en 1990; o la detención arbitraria y tortura de Víctor Gómez Vidal y otros seis policías estatales y de sus familias en Culiacán, Sinaloa, en 1978.
Durante los 5 años que el Mecanismo investigó estos actos, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de la Defensa Nacional obstaculizaron la labor de los investigadores.
Sobre esto, el Informe resalta que «esta reticencia institucional fue una de las dificultades, tal vez la principal, que este Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico tuvo que afrontar en el desarrollo de sus investigaciones. La negación, el ocultamiento o la destrucción de documentación de interés histórico principalmente en los acervos de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, así como la reticencia de distintas instituciones para entregar sus archivos a consulta, desoyendo el mandato presidencial, fue parte del intento de los responsables institucionales de la violencia de Estado por ocultar la verdad, contribuyendo así a perpetuar la impunidad».
