Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Daniel Lobato / Archivo

CIUDAD DE MÉXICO.-  La minera canadiense Almaden Minerals solicitó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) abrir un proceso de arbitraje contra México en el que reclama una indemnización de 200 millones de dólares por no poder operar una mina en la Sierra Norte de Puebla.

En 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó las concesiones mineras (por 214 mil hectáreas) otorgadas a la empresa candiense por haber afectado el derecho humano al territorio y por no respetar la consulta previa, libre e informada y al consentimiento, afectando a la comunidad nahua y al ejido de Tecoltemi, en el municipio de Ixtacamaxtitlán en el estado de Puebla.

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“Ya desde ese momento, por supuesto, ellos no quedaron conformes. Es lógico.” Dice sobre la decisión de la empresa Francis Zamora, integrante de la Unión de ejidos y comunidades en defensa de la tierra, del agua y de la vida, que aglutina a representantes de poblados no solo de Ixtacamaxtitlán, sino de toda la región, quienes promovieron la demanda que logró cerrar las minas.

“Sospechábamos que ese paso iban a seguir estos señores, ya confirmando que sí fue, nosotros estamos en la postura de que los que deberían pagar son ellos, por los daños que dejaron ocasionados”, arremete Francis contra la empresa.

Durante las actividades de Almaden Minerals Ltd. en Ixtacamaxtitlán generaron daños a la población, impactos a la salud y al exploración que desarrolló Almaden en el municipio afectaron el medioambiente, fomentaron la opacidad en el manejo público del proyecto, levantaron cargos legales y estigmatizaron a quienes se opusieron a la mina, lo que desgastó el tejido social.

El arbitraje fue solicitado por la empresa el pasado 27 de junio ante el CIADI del Banco Mundial mediante el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés) del cual México y Canadá son parte. Almaden denuncian afectaciones económicas por la suspensión de sus actividades. Para financiar el proceso de arbitraje cuenta con 9.5 millones de dólares, mismo que llevará a través de la firma de abogados Boies Schiller Flexner.

Por su parte, la Unión de ejidos y comunidades solicitó a las autoridades mexicanas presentar en el panel la documentación recopilada sobre las afectaciones generadas al medioambiente por la empresa así como los testimonios de las comunidades indígenas que fueron afectadas.

“Lo que nosotros estamos haciendo como colectivo es que nos pidan nuestra opinión para ver si es merecedor de esa indemnización, de si se los deben de dar. No se trata nada más del gobierno, somos los pueblos los que fuimos defendiendo nuestros derechos como pueblos originarios e indígenas y los derechos humanos durante todo el tiempo que la empresa minera intentó establecerse en su territorio”, aseguró Francis en una entrevista.

La noticia de la demanda de la minera llegó a Santa María Sotoltepec, de donde es Francis, al poco tiempo de que la empresa desocupara el palacio municipal, o el juzgado, como lo conocen en el poblado, la oficina pública donde se llevan a cabo asambleas y otras actividades comunitarias.

“Estamos al pendiente de que no vayan a hacer algún trato, porque nos vamos a tener que volver a reunir para defender lo que nos corresponde, por mucho que hagan no los vamos a dejar entrar”, asegura Francis.

Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.