En 2013 eran 96 los municipios, distribuidos en 14 estados, en donde había registros de la existencia de grupos civiles armados para la autodefensa. Cuatro años después ya eran 220 municipios distribuidos en 26 entidades, entre ellas Puebla, con presencia de esa clase de grupos; se triplicaron los municipios y casi se dobló el número de estados.
El estudio académico de donde derivan las cifras se detiene en ese año, pero su autor, el candidato a doctor por la Universidad de Oxford, Moshe Ben Hamo, no tiene duda de que aun siendo un movimiento que tiene poco reflejo en los medios, no ha dejado de crecer en la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Hace unas semanas, el 20 de julio para ser exactos, uno de estos grupos se hizo visible en medios principalmente poblanos, aunque la nota también llegó a medios que se editan en la Ciudad de México y que solemos llamar nacionales.
Ese día, un grupo de personas comandadas por Eloy Merino Mendoza, un migrante mixteco que desde principios de la década pasada comenzó a organizar a sus vecinos para la autoprotección, fue atacado por integrantes de la Familia Michoacana que operan en la zona de la Mixteca poblana.
La refriega en uno de los caminos que comunican al municipio de Jolalpan con sus juntas auxiliares, en la colindancia con Guerrero y Morelos, dejó como saldo seis personas asesinadas, entre ellas el propio Eloy Merino, y otras tres heridas.
También puedes leer: Somos más los ciudadanos que las instituciones: autodefensa
Y esa ausencia, la de Eloy, podría pesar demasiado dentro de Fuerza Territorial Poblana, un grupo armado que suma más de 2 mil integrantes con una fuerte presencia en el sur del estado, en la Mixteca poblana, no solo por el duelo sino por el riesgo de fracturas internas ante la ausencia del líder y fundador, señala el académico.
LADO B sostuvo una videollamada con el investigador que ha hecho de Fuerza Territorial Poblana, el grupo de autodefensa que funciona como una Asociación Civil (AC), uno de los objetos de estudio de su doctorado en Ciencia Política.
En la plática, Ben Hamo explica las razones políticas del surgimiento de los grupos de autodefensas en Puebla: cómo fue que una decisión de gobierno que buscaba limitar las capacidades administrativas de las Juntas Auxiliares impulsó a ciudadanos a tomar las armas para autoprotegerse.
Y los riesgos a la gobernabilidad del país y del estado que implica el crecimiento de ese tipo de grupos.
Un líder carismático
Foto: La fuerza territorial poblana | Facebook
Moshe Ben Hamo (MBH): [El de las Autodefensas] es un fenómeno que se ve a lo largo de la República, cuando en un principio, en 2013-2014, sí estaba muy concentrado en Michoacán y Guerrero, lo interesante del grupo poblano Fuerza Territorial es que surge antes que estos grupos, en 2012, pero muy chiquito. Surge como una asociación de vecinos. Según me contó Eloy Merino que él los empezó a organizar después de que regresó, él fue migrante, y cuando regresó a México y se dio cuenta de la situación de inseguridad empezó a organizar a la comunidad y así fue creciendo.
Y no fue hasta 2018 cuando la organización creció sustancialmente, y en los últimos años ha mantenido el crecimiento.
Eloy era un líder carismático, y no sé qué vaya a pasar ahora, porque como Morena, en donde Andrés Manuel López Obrador es el referente y sin él no se explica el partido, Fuerza Territorial Poblana (FTP) no se explica sin Eloy.
Va a ser interesante y puede ser hasta conflictivo, no sé qué vaya a pasar ahora que no va a estar Merino. Como en los grupos criminales que comentamos se pueden dar disputas por quién va a ser el sucesor y esas disputas pueden ser violentas, puede desestabilizar esa región de la Mixteca, vale la pena, digamos, poner el ojo ahí.
En 2013, explica el investigador, hubo un cambio paradigmático en las leyes poblanas que regulan a las Juntas Auxiliares, esas pequeñas poblaciones o pueblos originarios que administrativamente forman parte de los municipios.
La reforma a la Ley Orgánica Municipal, en tiempos del gobernador Rafael Moreno Valle, le quitó facultades a las juntas auxiliares, lo que provocó movilizaciones de protesta de los pobladores de esas comunidades, y generó también la organización de ciudadanos para atender la seguridad pública.
MBH: Antes de la reforma de 2013, las Juntas Auxiliares en los municipios tenían varias atribuciones, el registro civil entre ellas y otras cuantas, una de ellas era la seguridad. Las comunidades tenían permitido tener esto que llamaban policías auxiliares, que básicamente eran grupos de ciudadanos que coadyuvaban a las tareas de seguridad de la Policía Municipal.
Con la reforma se les quitó la atribución de la seguridad, muchos de los testimonios que yo encontré me dicen que eso es una de las causas que explica por qué deciden afiliarse a la FTP, además de las causas que todos conocemos sobre la inseguridad. Del incremento delictivo, lo que más citaban era secuestro, robo y abigeato.
La clara ineficiencia de las autoridades, de la colusión en muchos casos, todo eso son causas comunes de emergencia de grupos civiles armados en el país.
Hubo presión política y en 2019 (cuando Morena ya tenía la mayoría en el Congreso) se regresaron algunas atribuciones a las Juntas de Auxiliares.
LADO B (LB): ¿Te parece que Fuerza Territorial es el grupo más grande de ciudadanos civiles armados en Puebla?
MBH: Sí. He encontrado (otros) grupos pero son más aislados. No he encontrado hasta ahora un grupo que tenga una red como la de FTP, que opere en más de 20 municipios, que tenga una fuerza de más de 2 mil personas. Sí, me parece que es muy grande.
Creo que también otros factores externos que explican su aparición es la cercanía con Guerrero, ellos intentaron vincularse con la CRAC – PC (nota de la redacción: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policía Comunitaria. Las dos instituciones más importantes del Sistema Regional de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Montaña y la Costa Chica en Guerrero. La CRAC es el órgano encargado de la impartición de justicia, mientras que la PC se encarga de la seguridad).
Para legitimarse tuvieron este acercamiento con los líderes de la CRAC – PC, e intentaron formar parte, pero, como solo aplica para el estado de Guerrero la ley que avala la CRAC – PC, decidieron tomar otra estrategia que fue constituirse como una Asociación Civil. Ellos están construidos como una AC y tienen sus secretarios, vocales, etcétera.
Obviamente lo que hacen va mucho más allá de lo que es una AC, pero sí han buscado, bajo el liderazgo del señor Merino, varias estrategias para legitimarse.
De manera reciente, de lo que conozco, es que han tenido muchos roces con la Guardia Nacional, ha habido casos en que los han detenido, les han quitado las armas, y luego ellos hacen presión de cierto modo para sacar a sus elementos, negocian con las autoridades, los terminan liberando, hay una constante tensión.
LB: Algo que ha pasado en otros grupos de autodefensas es que han sido señalados de ser también grupos del crimen organizado, incluso acá el gobernador los ubicó como un grupo al margen de la ley. ¿Esto pasa en Fuerza Territorial?
MBH: Algo interesante es que FTP tiene un sistema como de credencialización, yo les preguntaba mucho cómo evitan que se les infiltre los delincuentes, que es algo muy común en este en estos casos, por ejemplo la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), pues ahorita tienen un gran problema legal porque se han detenido gente que supuestamente era miembro de organizaciones criminales; entonces, según FTP para evitar este tipo de cosas piden una carta de antecedentes no penales, piden la INE. O sea, todo como muy burocratizado, aunque es interesante cómo han ido sorteando estos desafíos, tratando de acoplarse al sistema legal, pero de una forma muy irregular.
A diferencia de la CRAC – PC que opera como un sistema de asambleas en el que la Asamblea nombra a los miembros que van a participar en las policías comunitarias, aquí es mucho más informal, alguien que quiere integrarse se acerca a la organización y si pasa este proceso ya está dentro, y también ha habido casos, pues, de abusos, de que se enfrentan con otras organizaciones, ha habido muchos conflictos.
LB: En una rueda de prensa el gobernador adelantó que la Fiscalía trabajaba con dos hipótesis sobre el enfrentamiento del pasado 20 de julio. Una era que se hubiera dado un choque con el grupo de la Familia Michoacana. La otra es que fuese un enfrentamiento entre grupos de civiles, de autodefensas.
MBH: De lo que me acuerdo de la entrevista con Merino, es que reconoció que había gente que le disputaba el liderazgo, un par de veces sucedió dentro de la misma organización, pero finalmente él, pues, los sacó.
No me acuerdo bien si me contó de alguna disputa con otros grupos de civiles, me dijo que sí existían, pero que eran mucho más débiles, que no tenían la organización, no tenían financiamiento. Y el tema de la familia michoacana pues no es nuevo, ya se habían dado enfrentamientos varias veces desde el 2019.
Un mercado de armas
En un reportaje sobre Fuerza Territorial Poblana, publicado por el diario Milenio hace un par de semanas, una de las fotos que acompaña el texto deja ver a un hombre con el rostro cubierto que tiene en sus piernas un arma automática, una metralleta. Un arma que poco se parece a las que se podrían ver en una comunidad rural como Jolalpan, en donde fue la refriega.
LB: ¿De dónde salen las armas?
MBH: Tengo varias hipótesis. Bueno, hay mercados de armas, de hecho uno de los miembros ahí me enseñó: ‘Ah, mira en WhatsApp encontré una AK47, una cuerno de chivo’.
Dos, y esta se me hace interesante, los militares venden no solo armas sino municiones que confiscan a grupos del crimen organizado. Esto lo encontré en Michoacán y en Guerrero, incluso venden también las armas que les da la Sedena, y también les venden cubetas de municiones, etcétera, eso es algo que ya lo he encontrado en tres estados, no tengo forma de verificarlo oficialmente pero es un testimonio que se repite.
Y tres, pues muchas de estas personas ya contaban con armas. Vienen de comunidades en las que hay un uso de armas de manera cotidiana, lo usan para la cacería, para resguardar sus propiedades, o sea, desde hace años ya tenían armas.
LB: ¿Consideras que las autodefensas son herramientas sociales que contribuyen a contener la incidencia delictiva?
MBH: Depende de la organización, por ejemplo la CRAC – PC, y esto ya varios artículos lo han demostrado, sí logró contener los delitos durante 10-15 años, hasta que la organización se fracturó.
En otros casos, por ejemplo, la UPOEG en Guerrero, que es de las más grandes, si le preguntas a las personas te dicen: sí nos sentimos más seguros. Sí hay algunos abusos, a veces se pasan de lanza, pero sí han contribuido a la seguridad.
También le he preguntado a la gente: si tuvieras la elección de ir a denunciar al municipio o acercarte a uno de estos grupos armados, la mayoría te dicen que prefieren definitivamente la ayuda de los grupos armados, porque son mucho más expeditos, son conocidos en la comunidad.
Yo me trato de explicar por qué han crecido algunas de estas organizaciones de forma tan exponencial, y es porque le resuelven problemas a la gente, de formas no institucionales, pero mucho más que las autoridades municipales. Yo creo que, en cierta medida, a pesar de sus efectos sí contribuyen a generar una sensación de seguridad.
Ahora, que no es sustentable, por supuesto. Y están los ejemplos como el caso de la UPOEG, que es una organización que ha crecido mucho, y se han infiltrado muchos delincuentes, muchas comunidades ya no los quieren ahí.
En el caso de Fuerza Territorial, la mayoría de los testimonios que recogí sí eran positivos.
Una fuerza social y política, y el riesgo de la criminalidad
Foto: La fuerza territorial poblana | Facebook
LB: ¿Y qué pasa con casos como el de la columna Pedro J. Méndez de Tamaulipas, que además de ser un grupo de autodefensa también juegan un papel político en esa entidad?
MBH: La FTP también ha tenido injerencia en actividades políticas. En 2021, la prensa local reportó que un grupo de 15 integrantes de la Fuerza Territorial fue detenido por pobladores de la cabecera municipal de Atzompa por entrar armados a la localidad para realizar una actividad en apoyo a una candidata en las elecciones municipales, los policías comunitarios fueron solicitados por el regidor de Gobernación del Ayuntamiento y llegaron con armas largas en una camioneta de la policía municipal. Ahora, este es de los únicos acontecimientos documentados de una intervención explícita de la FTP en asuntos partidistas o electorales.
Sus funciones van mucho más allá de la seguridad. En Guerrero es muy común también el tema de la impartición de justicia, funcionan como tribunales informales. Por ejemplo, hay una disputa de un préstamo que no le paga una señora a otra, entonces acuden a la policía comunitaria. Y con Fuerza Territorial también era obvio que no se iban a limitar a la seguridad, pues también participan en temas sociales. El Día de Reyes regalaron más de 5 mil juguetes, o sea tienen esta función social también que explica el apoyo o la base social de estas organizaciones.
LB: La cosa con los juguetes es que hay organizaciones criminales que también lo están haciendo, aquí mismo en Puebla.
MBH: La diferencia es que estas organizaciones no se asumen como tal, tienen el contacto con la población y te puedes acercar a verlas, a diferencia de los grupos que operan en la clandestinidad.
Lo que sí me he dado cuenta en varios casos, en Guerrero es muy marcado y también con Fuerza Territorial –porque se lo pregunte a Merino– es que en ciertos casos ellos tienen que operar dentro de este contexto criminal. En ciertos casos sí se tienen que aliar con grupos delictivos.
O por ejemplo, en Michoacán las autodefensas de Tepalcatepec se aliaron con “Los Viagras” para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Merino me comentó que hay ciertos entendimientos con grupos criminales cuando hay enfrentamientos con grupos que que vienen desde fuera, como Los Zetas o el CJNG, no operan de forma conjunta pero sí tienen entendimientos, como: “tú no me atacas, yo no te ataco y vámonos todos contra Jalisco”, ese es el caso Michoacán y en el caso de Puebla pues también.
Es difícil pintar esta línea entre lo criminal y lo civil, yo creo que estos grupos están de un lado en ciertos momentos, se cruzan, etcétera, operan desde los dos lados.
LB: Y este crecimiento del que hablas en tu estudio ¿qué es lo que refleja, qué es lo que dice más allá del crecimiento per se? Es decir, ¿hay una deficiencia del Estado, es un Estado débil en el que estamos inmersos que permite que le quiten el monopolio de la violencia?
MBH: Al ser el Estado permisivo, pues es una señal indirecta, de una situación tácita, de que no tiene problemas con que estos grupos operen.
Desde 2014, [cuando] fue toda la controversia de Castillo (Alfredo Castillo, el hombre a quien el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, le asignó la tarea de ser el interlocutor con las autodefensas tras la crisis que se originó en Michoacán por el surgimiento de este tipo de grupos), después de ese momento paradigmático, ¿qué ha hecho el Estado? Lo que yo veo es aceptar a regañadientes (a los grupos civiles armados), o digamos voltear para el otro lado.
Los dejan operar tácitamente y bajo ciertos entendimientos con las autoridades locales, con los tenientes del ejército o de la Guardia Nacional se arreglan para operar, y no reglamentarlo, eso da una señal a otros grupos de todo el país, de que es posible operar de esta forma.
En Guerrero iba a haber una reforma para ordenar el tema de las policías comunitarias, y al final los diputados locales decidieron no pasar esa reforma y ya no hicieron nada, los dejaron otra vez en el aire. No ha habido de parte del Estado ni federal, ni estatal, un intento para poner orden.
El tema es que el Estado no ha intentado regular estos grupos y también, pues algo muy claro: la gente no confía en las policías municipales, que son muy débiles, ven mucha mayor cercanía con este tipo de grupos irregulares.
Autodefensa, un problema de gobernabilidad
LB: En tu análisis, ¿cuáles son los estados con mayor incidencia en ese tipo de grupos?
MBH: Siempre ha sido Guerrero el número uno y Michoacán dos, y, de los estados que tengo con mayor incidencia, Puebla ahorita es uno de los que más, Chiapas, Estado de México [también].
En el norte hay poco, en Tamaulipas. Pero sí han surgido algunos, en Sonora, Sinaloa, pero son ya como aislados. En Veracruz hay mucho, y también en Tabasco están surgiendo. Es algo como más de la región del sur-sureste, pero en 26 de 32 estados, que es la información que tengo en mi base de datos, hay grupos.
Fuerza Territorial tiene presencia en prácticamente toda la mixteca poblana, pero incluso un poco más allá. De acuerdo con integrantes de ese grupo armado, FTP llega incluso hasta San Martín Texmelucan, uno de los municipios con mayor presencia de grupos delictivos dedicados al robo de combustible. Aunque es, sobre todo, en la franja de pueblos y comunidades que bordean los linderos entre Puebla y Guerrero.
San Matías Tlalancaleca, municipio vecino a Texmelucan, reportó hace años, a finales del sexenio gobernado por Rafael Moreno Valle, la existencia de grupos de vecinos que patrullaban la Junta Auxiliar de San Francisco Tláloc, pero sin vinculación con Fuerza Territorial.
LB: ¿Y esto no es un riesgo de gobernabilidad?
MBH: Claro, totalmente. Hasta ahorita se ha contenido, y los conflictos son más a nivel local, pero por ejemplo, en el caso de la FTP que los detienen con armas de uso exclusivo del Ejército, ellos hacen presión, incluso se enfrentan con la mismas autoridades, entonces no hay quien ponga un alto. No hay sanciones. Y sí se llegan a dar muchas irregularidades, injusticias, al aprovechar su autoridad y la portación de armas para intimidar a la población, extorsionarla. Hay muchos abusos, yo he recopilado muchos testimonios de abusos de estos grupos, y como no están regulados…
Por eso buscan crecer, su crecimiento les da poder de negociación con las autoridades, entre más grandes las autoridades son mucho más reacias a tomar alguna acción en su contra.
Claro que es un tema de gobernabilidad, hasta ahorita las manifestaciones son más a nivel local, de injusticias, de asesinatos, pero, como fue en el caso de 2013-2014, llega un punto en el que explota el fenómeno y, como pasó en Michoacán, otra vez el Estado voltea a verlos. Entonces, quién sabe si en un par de años pase algo similar en Puebla o en Guerrero.
*Foto de portada: La fuerza territorial poblana | Facebook