El problema fue la aprobación de la revocación de mandato. En su momento, la oposición tuvo los votos para condicionar la revocación de mandato, pero los políticos opositores olvidaron una misión vital: que la revocación no pudiera convertirse en un ejercicio para medir la popularidad del presidente.

Hoy se quejan, pero fueron incapaces de impedir lo que el lopezobradorismo quiso impulsar desde un primer momento: hacer de la revocación un ejercicio de campaña.

La maquinaria está echada a andar. No será fácil juntar las firmas suficientes para que se lleve a cabo el ejercicio (tres por ciento del listado nominal de electores), pero en caso de que se logre, no será una revocación (porque la oposición no lo está solicitando y porque nadie ha alegado la pérdida de confianza), sino una campaña que el presidente utilizará para estar en el templete y arremeter contra sus adversarios.

Y la oposición sigue pasmada. Un ejemplo: tardó un mes en presentar una acción de inconstitucionalidad que le permita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar si la ley de revocación de mandato es inconstitucional, pero la acción solo se centró en la redacción correcta o incorrecta de la pregunta de la revocación  y no en el aspecto clave de esta: quién está detrás de la recolección de firmas para que el tres por ciento de mexicanos que formen parte del listado nominal de electores pidan que se inicie el ejercicio de revocación de mandato. Lo normal y entendible es que lo pidan la oposición y los adversarios del presidente en turno (hoy hablamos de López Obrador, pero en un futuro podríamos hablar de un “Trump mexicano”) porque, si no es así, si quienes están detrás de esto son los alfiles y el partido del presidente, solamente estamos en presencia de una simulación constitucional: los ciudadanos no están ejerciendo su derecho a pedir que se revoque el mandato del presidente, sino los políticos están aprovechándose de un instrumento para fortalecerse y organizarse.

La intención de AMLO va mucho más allá de la revocación. La revocación es la forma que Morena utilizará en 2022 para organizarse de cara a las elecciones de 2024. Le servirá para formar estructuras paralelas que impulsen a la(el) candidata(o) que lidere el proyecto del partido del presidente. No es solo para medir la popularidad del presidente, sino esencialmente organizar a la gente y crear estructuras para “apoyar en el revocatorio”, aunque en la realidad lo usarán para aceitar la maquinaria (o crearla, según sea el caso) de cara a 2024. 

En todo este embrollo, mención especial merece el recorte presupuestal al INE en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal 2022. Esencialmente, no tiene el presupuesto necesario para realizar el ejercicio de revocación de mandato. El problema lo resolverá el poder judicial, porque es cierto que la potestad de otorgar un presupuesto la tiene la cámara de diputados, pero es igualmente cierto que ese presupuesto debe cumplir cabalmente las exigencias del instituto si se quiere que este cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales. 

¿Es esto una tragedia? No. Es un capítulo más en la confrontación entre el INE y Morena, solo que en esta ocasión tendrá una repercusión: se decidirá si el INE necesita más recursos o si debe ajustarse a hacer lo que le corresponde con los recursos que tiene. En el primer caso, Morena perdería el pulso; en el segundo, el INE tendría que reorganizar su presupuesto y dejar de hacer algunas actividades. En cualquier caso, las cosas no pintan bien: gane el INE o Morena, las actividades electorales siguen siendo escandalosamente costosas (incluyendo el oprobioso financiamiento a los partidos políticos) Esa es la discusión que deberíamos tener: si el INE es del tamaño de la desconfianza en el sistema electoral, algo estamos haciendo mal y habría que solucionarlo (insisto, el financiamiento a los partidos como pieza esencial en ese sistema electoral de altos costos). Criticar el recorte sin mirar el despilfarro electoral, es envolverse en la bandera de la “democracia” o en la de la “austeridad” de manera ingenua. Ya como instituto; ya como “discurso” de partidos políticos, nadie quiere perder. Los ciudadanos somos los únicos que ponemos el dinero que unos y otros quieren gastar –“legal y democráticamente”-. Y aunque este es el meollo del asunto, es un tema que no estará a discusión en la Corte. Gane el INE o gane Morena, no está claro que el interés ciudadano gane de alguna manera. Las élites se arrebatan el presupuesto. Ni más ni menos.

*Foto de portada: @lopezobrador_ | Twitter