Alberto Pradilla

El guatemalteco Fernando Monterroso fue expulsado de México junto a su mujer y su hijo de 1 año el pasado 8 de septiembre. Funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) los trasladaron desde el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, hasta la frontera de Talismán, un paso remoto ubicado a una hora de Tecún Umán, el principal puente internacional entre México y Guatemala. Junto a ellos, millones de migrantes fueron deportados del país a través esta frontera: 150 personas originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Todos formaban parte de un grupo más grande que fue capturado en una nave de Cadereyta, Nuevo León, el 31 de agosto.

En total, el INM anunció el “rescate” de 327 personas, de los que 120 serían niños, niñas y adolescentes, aunque documentos obtenidos por Animal Político señalan que, finalmente, fueron contabilizados 270. El instituto que dirige Francisco Garduño no explicó qué ocurrió con los 57 restantes.

“Estábamos esperando a que nos levantasen para ir a Reynosa. De repente, llegó la policía y nos agarró por sorpresa. Se sintió mal, lloramos todos. Vas buscando el sueño americano y que ellos te lo corten se siente feo”, explicó Monterroso.

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El caso fue utilizado por el canciller Marcelo Ebrard para denunciar las malas condiciones en las que los migrantes son deportados, llegando a caer en las redes de tráfico de personas. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo oportunidad de quedarse en México. Todos fueron detenidos, encerrados y expulsados del país, a pesar de que la Ley de Migración no permite que los menores de edad ni los familiares que los acompañan sean detenidos.

Su expulsión también está en un limbo, ya que no fueron registrados por las autoridades de Guatemala como deportados. Animal Político quiso saber cuál es la base legal para estas devoluciones, pero al cierre de la edición el INM no había dado una respuesta.