El gobierno del estado ha insistido en su discurso (aunque cada vez menos) que el ataque a la corrupción y la transparencia son ejes rectores y políticas prioritarias en las administraciones.
Pero, como pasa todo el tiempo, el decir y el hacer a nivel gobierno son dos cosas que caminan como vías de tren, van juntas en el espacio-tiempo pero nunca se tocan.
Y la prueba más visible del poco interés de atacar institucionalmente a la corrupción fue la embestida que el gobierno de Miguel Barbosa emprendió contra el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) durante el año pasado.
Vamos por partes, el SEA tiene un órgano de dirección, el Comité Coordinador que está conformado por los titulares de seis organismos de gobierno: la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (que en teoría es un ente autónomo y ciudadano… en teoría).
Ese órgano está presidido por el CPC, son siete asientos en la mesa, seis los ocupan funcionarios y funcionarias, y uno, unito nomás, lo tiene la ciudadanía. Es clara la disparidad de votos y de pesos y contrapesos aunque el CPC sea la cabeza.
Más allá de la estructura que se decidió en el diseño institucional, a Barbosa lo que le incomodan son los contrapesos, en la misma sintonía de lo que se ve en Palacio Nacional. Y se lanzó de cabeza contra el CPC con el argumento de que era un organismo creado a modo en el morenovallismo.
Y ahí se empantanó todo en el SEA. No solo la operación interna, sino también la obligada reestructura de su organismo ciudadano, el CPC, pues en el diseño institucional se decidió que los integrantes del organismo deben renovarse cada año, pero desde hace dos ese proceso no se ha realizado. Y de los cinco integrantes que deberían constituir el CPC hoy ya nomás quedan cuatro y la próxima semana serán tres, pues ya terminó el periodo de Maricarmen Leyva Bathory.
Habrá quien me diga que la renovación del CPC no es facultad del gobernador, que eso le toca hacerlo al legislativo. Y tendrá toda la razón, pero para nadie es un secreto que el texto constitucional que habla de la división de poderes es un mito genial (usando aquella frase que nos regaló el priista Pedro Aspe cuando habló de la pobreza en el sexenio de Salinas de Gortari), que suena muy bien en el papel pero que es letra muerta.
Si al gobernador no le interesa que un tema avance en el legislativo, por más que la ley establezca un procedimiento legal y obligatorio, el tema no avanzará (y por el contrario, si hay una urgencia esta avanzará sin dilación alguna).
Y no es solo el CPC. El mismo Instituto de Transparencia y Acceso a la Información está cojo. Por ley, el organismo debe contar con tres comisionados para funcionar como órgano colegiado en sus decisiones sobre abrir o cerrar información, pero desde febrero de este año Gabriela Sierra renunció al cargo y se fue. El Congreso tardó ocho meses en emitir una convocatoria para elegir al integrante faltante. Por cierto, mañana es el último día para la recepción de documentos de aspirantes a candidatos y candidatas, por si ocupan. Y será hasta el 9 de diciembre cuando el Congreso elija.
Hasta el momento nada se ha dicho de la selección pendiente para ocupar los lugares vacantes en el CPC.
