Carlos Gutiérrez

El 26 de octubre, la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Pandemia, del Senado Federal de Brasil, publicó un informe en el que hace serias acusaciones contra el gobierno federal por el mal manejo de la crisis. Además, debido a “la inacción e incapacidad legal de las autoridades brasileñas para investigar y sancionar esos crímenes”, anunció que llevará el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) con el fin de que ésta lo juzgue por crímenes de lesa humanidad.

La Comisión señala, entre muchas otras cosas, que el gobierno guardó silencio y decidió actuar sin respaldo científico para enfrentar la emergencia. Critica fuertemente al presidente Jair Messias Bolsonaro porque desinformó a la ciudadanía al minimizar la pandemia, sus efectos y las medidas para contenerla. Ello, dice el documento, generó un “clima de desconfianza en la población” y alentó a la gente a actuar con “frívola normalidad, lo cual provocó una exposición peligrosa e innecesaria al nuevo coronavirus y, en consecuencia, contribuyó a la pérdida de vidas adicionales durante la pandemia”.

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Bolsonaro, al inicio de la pandemia, opinó alegremente que la COVID-19 sólo era una “gripinha”. Luego, cuando llegaron las vacunas, criticó la de Pfizer y dijo que era problema de cada quien si, por ponérsela, se convertía en caimán o si a las mujeres les salía barba, los hombres se transformaban en superhombres o comenzaban a hablar con voz fina. Incluso, se atrevió a decir que las vacunas podían causar VIH.

Más allá de lo anecdótico, la Comisión encontró que “hubo un retraso deliberado en la adquisición de inmunizantes, en evidente desprecio por la vida de las personas”, como subraya el documento de 1293 páginas. También revela que el gobierno creó un equipo “paralelo”, sin investidura pública, integrado por médicos, políticos y empresarios que asesoraron al presidente de la República para tomar decisiones sobre políticas públicas, “sin atenerse a los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud”.

Como esperado, a PGR determinou a abertura de investigações preliminares contra o Presidente Bolsonaro e outros 12 investigados pela CPI com foro privilegiado. Há uma abundância de provas apuradas pela Comissão. #CPIdaPandemia

— Renan Calheiros (@renancalheiros) October 29, 2021

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La Comisión argumenta múltiples razones para fundamentar que el gobierno de Bolsonaro tuvo responsabilidad en la cantidad de contagios y fallecimientos en Brasil. Una de ellas se refiere a “la defensa incondicional y reiterada” de fármacos que tanto la Organización Mundial de la Salud como “autoridades sanitarias de todo el mundo” habían señalado de ineficaces, como la cloroquina, la hidroxicloroquina, la ivermectina y la azitromicina.

El informe concluye que, si el país hubiera aplicado “de manera sistemática” medidas no farmacológicas, eso habría podido reducir un 40 por ciento los niveles de transmisión del virus, lo que a su turno hubiera salvado 120 mil vidas a finales de marzo de 2021. Además, dice que no habrían fallecido más de 12 mil mayores de 60 años en marzo, abril y mayo de 2021 si el Ministerio de Salud hubiera contratado, en agosto de 2020, 70 millones de dosis de la vacuna Pfizer. Esto sucedió porque las negociaciones del gobierno federal para la compra de vacunas “sufrieron una demora injustificada e intencionada”.

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Brasil se volvió uno de los focos más preocupantes de transmisión del virus. Según datos de la Universidad Johns Hopkins del 25 de octubre de 2021, este país tiene el primer lugar de contagios de COVID-19 en Latinoamérica, con más de 21 millones de casos confirmados; seguido por Argentina, que rebasa los cinco millones. En cuanto al número de fallecimientos, Brasil también tiene la primera posición, con más de 605 mil, con México en segundo lugar, con más de 286 mil muertos y Perú, en el tercero, con más de 200 mil.

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*Foto de portada: CONNECTAS