GABRIELA MINJARES

Dos años después, 10 mil pequeñas y medianas empresas habían cerrado entre amenazas. El dinero legal surtía los negocios ilegales entre la corrupción y la impunidad. El derecho de piso en México ha crecido un 46%, pero Juárez parece haber dejado atrás los peores años. Este es el relato de cómo ha evolucionado la lucha contra un delito silencioso, donde casi el 99% de los casos no se investiga o ni siquiera se denuncian

Ciudad Juárez en 2008 parecía el lugar y el momento equivocado para hacer negocio. Las víctimas de homicidios alcanzaban casi las mil 600. El gobierno del entonces presidente, Felipe Calderón, desplegaba miles de soldados como parte de la Operación Conjunta Chihuahua para “pacificar” la ciudad fronteriza.

El Cartel de Sinaloa señalaba en mantas a agentes vivos y muertos que supuestamente trabajaban con el Cartel de Juárez, el grupo criminal con el que se disputaba el control del territorio. Las fachadas de establecimientos baleadas, los secuestros y asesinatos impunes a propietarios, empleados y clientes comenzaban a ser costumbre. Pero José, un empresario local responsable de una cadena familiar al que llamaremos así por cuestiones de seguridad, había iniciado la expansión de su negocio y pararla significaba perder toda su inversión.

Según el estudio de México Evalúa “La extorsión empresarial en Ciudad Juárez. El impuesto criminal: lecciones y precauciones”, los primeros años del ciclo más violento de la historia reciente de Juárez vinieron acompañados con la expansión de la extorsión: entre 2008 y 2009 cerraron 10 mil pequeñas y medianas empresas, hubo establecimientos que fueron quemados porque sus dueños se negaron a pagar la “cuota” y unas 100 mil personas huyeron de la ciudad, algunas de ellas empresarios que decidieron marcharse para siempre con sus negocios.

Foto: Javier García

Los grupos criminales que aterrorizaban a la ciudad en aquellos años comenzaron a cobrar a empresarios de todos los tamaños y giros para que los protegieran de ellos mismos: restaurantes, bares, salones de baile, gasolineras, farmacias, carnicerías, panaderías, funerarias, consultorios médicos, estéticas, tiendas de abarrotes y lugares de venta de autopartes. El derecho de piso se convirtió en una especie de impuesto universal.

         “Caímos. Como era algo nuevo para lo que no estábamos preparados y no teníamos conocimiento, el miedo nos doblegó”, dice José. Once años después recuerda su primer encuentro con “El Contador”.

Un día de 2010, el que todavía es el año más violento de la ciudad con unas 3 mil 800 víctimas de homicidio, un hombre de maneras amables entró a uno de sus negocios y le deslizó un papel con un número de teléfono. Sin perder las buenas formas, se presentó con el alias de “El Contador”, le explicó a José que era parte del grupo criminal local y que debía llamar a ese teléfono para recibir instrucciones. Antes de irse, como prueba y amenaza de que iba “en serio”, le anticipó algunos actos criminales que cometerían en los próximos días con detalles de lugar y hora.

Después de ese primer contacto, José habló con sus socios y los propietarios decidieron desatender la petición y continuar con su trabajo.

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          “Nosotros llegamos a estimar que en Juárez se metían entre 300 y 500 mil dólares a la semana del pago de extorsión. Si no pagabas te mataban y al estar pagándoles los pequeños negocios terminaban descapitalizados”, dice el empresario Jorge Contreras Fornelli, uno de fundadores del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

El estudio de México Evalúa sobre Ciudad Juárez recoge varios testimonios que muestran la realidad de una época en la que el dinero extorsionado a los negocios legales comenzaba a convertirse en una inyección fundamental para los ilegales. Este es el de un empresario de 66 años:

“(…) Me tocó vivir mucho el tema, muchísimos negocios que los quemaron… Ya cuando te caían con el papelito, lo siguiente, van y te queman el changarro. Incluso llegaban y le daban cachetadas a dos, tres empleados y al siguiente te lo mato, entonces mejor, más vale que empieces. Eran amenazas muy serias, ¿por qué? Porque había una total impunidad, protegidos por la policía, entonces, era más el miedo que había de que si la policía se daba cuenta que denunciaba.”

En el caso de José, la educación inicial de “El Contador” se esfumó. El siguiente contacto del grupo criminal con la cadena familiar fue una llamada en la que relataron un pormenorizado resumen del negocio y la vida de sus socios: domicilios, hijos…

“Teníamos dos opciones como empresarios: una era cerrar nuestros negocios e irnos a El Paso (Texas) y la otra era continuar”, dice José. Él y sus socios optaron por la tercera. Comenzaron a pagar una cuota. Lo harían durante cuatro años.

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*Foto de portada: Javier García