Los gobernadores y alcaldes del país han encontrado en la pandemia una excusa perfecta para justificar su inactividad y su mediocridad. Repiten un mito: que no pueden realizar obras o desplegar programas, precisamente por las circunstancias especiales derivadas de la pandemia. Sin embargo, los ejemplos de otros gobiernos subnacionales y municipales a nivel mundial deberían sonrojar a cualquier gobernante mexicano que se escude en la pandemia para tratar de justificar el fracaso en el desarrollo del país, especialmente en su estado o municipio. 

De acuerdo con el último reporte del Coneval, hay 55 millones de mexicanos pobres y, entre ellos, casi 11 millones en extrema pobreza. Los programas y las obras para que esas personas mejoren su situación no pueden esperar a que termine la pandemia porque esta no “terminará” en el corto plazo, sino que sus efectos serán menos dañinos paulatinamente. Los números muestran un escenario catastrófico, que puede empeorar si los gobiernos se escudan en la pandemia, porque esta ha agravado las desigualdades que ya existían. Por ejemplo, cinco millones de alumnos desertaron de primaria o secundaria desde el inicio de la pandemia, lo que tendría que quitarle la sonrisa a cualquier político, de cualquier partido. 

¿Qué pueden hacer los gobiernos locales y municipales? Ofrecer conexión a internet en lugares públicos, implementar programas de regularización para alumnos que tengan problemas de conexión, programas que otorguen préstamos sin intereses para que las familias puedan adquirir más equipos para conectarse a internet e incluso regalar dispositivos para que más alumnos puedan tomar clases a distancia. Todo ello solo soluciona la imposibilidad de conexión de muchos estudiantes, aunque bien podrían agregar programas de promoción del uso de la bicicleta, programas de guarderías y cuidados de personas (niños o discapacitados) que permitan a otros llevar a cabo sus actividades laborales fuera de casa. Y ni hablar de programas de créditos a micros y pequeñas empresas, que han sido escasos (en el mejor de los casos). 

Asimismo, el transporte público es esencial: si no hay sana distancia entre sus usuarios, los contagios continuarán, por lo que es necesario insistir en el traslado a través de otros medios, como las bicicletas (París tiene 700 kilómetros, Bogotá construyó más de 80 kilómetros durante la pandemia y Bruselas llegó a los 170 kilómetros). Desgraciadamente, no existe ayuntamiento o gobierno estatal mexicano que haya tenido éxito en cambiar la dinámica de viaje de quienes deben utilizar el transporte público. Al contrario: la imagen más recurrente es la de automovilistas quejándose una y otra vez por la construcción de ciclovías, y los gobiernos reculando en sus proyectos para construirlos. 

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Los cambios nunca son fáciles, pero este es el mejor momento para transformar las ciudades, sobre todo en materia de transporte, en materia educativa y en programas de cuidados, por mencionar algunos. No se puede esperar a que un día la pandemia desaparezca, porque eso es incierto. 

La sociedad debe exigir medidas eficaces para paliar los efectos de la pandemia en temas clave (más allá del tema sanitario). Los gobiernos estatales y municipales deben entender que sus funciones no solo se limitan a determinar el aforo máximo en ciertos espacios (que parece ser la única medida a la que le dan importancia). Los pequeños comercios que necesitan incentivos, las familias que requieren el cuidado de sus hijos/familiares discapacitados, las trabajadoras que requieren trasladarse en transporte público, y los niños y jóvenes que desertaron en los últimos dieciocho meses, merecen más que la simple excusa de “estamos en pandemia”. Dinero tienen, pero les falta voluntad e imaginación. Esa es la realidad del país: un país con pobres, con miles de necesidades, sufriendo los efectos de la pandemia, y con políticos sin ideas y sin imaginación.

*Foto de portada: Gobierno de México